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Abstract
This contribution aims to present the criteria used by the Constitutional Court to assess whether an action or omission violates the positive right to health of irregular migrants. This legal-dogmatic research first shows a study of the criteria employed by judges in the application of social rights that require positive factual benefits. Then, it conducts a dynamic analysis of the Court’s precedent to discern the criteria applied using the jurisprudential line methodology. As a result of this exercise, the article concludes that, as a general rule, the Court has relied on the concept of essential minimum content to interpret the positive right to health for irregular migrants, based on the principle of human dignity. However, in exceptional situations, such as cases involving individuals with catastrophic illnesses or children and adolescents, the Court has applied reasonableness as a judicial criterion.
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