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Resumo
Pela Acórdão T-236 de 2017, o Tribunal Constitucional ordenou a não retomada do Programa para a Erradicação de Culturas Ilícitas por Pulverização Aérea com Glifosato (PECIG) e submeteu sua continuação a dois requisitos, a saber: (i) a implementação de consultas prévias e subseqüentes em casos de impactos diretos sobre comunidades étnicas no âmbito da implementação do PECIG e (ii) o desenho de um processo decisório baseado no princípio da precaução. Até hoje, o Governo Nacional não elaborou uma política que atenda aos requisitos estabelecidos pela Corte; portanto, o PECIG permanece suspenso. Isto provocou um debate sobre a possibilidade de flexibilizar as ordens da Corte diante da necessidade operacional de erradicar as culturas ilícitas, abrindo a possibilidade de lidar eficientemente com o constante aumento das culturas ilícitas. Consequentemente, com base em uma análise da jurisprudência da Corte Constitucional, este artigo propõe algumas recomendações sobre como o Estado colombiano deve cumprir com suas obrigações internacionais em relação à erradicação de cultivos ilícitos a partir de uma perspectiva de respeito aos direitos humanos e proteção ambiental.
Palavras-chave:
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