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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O INNOVACIÓN CLASIFICACIÓN 2018 Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE DERECHO EN COLOMBIA2018 RANKING AND FINDINGS ON ACADEMIC RESEARCH IN LAW PROGRAMS IN COLOMBIACLASSIFICAÇÃO 2018 E DIAGNÓSTICO DA PESQUISA NOS CURSOS DE DIREITO NA COLÔMBIA |
Código: 1656467095 |
10.14718/NovumJus.2021.15.E.12
Antonio Milla
El autor: administrador de empresas, editor académico, profesor universitario, consultor internacional, investigador y director general del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE).
0000-0002-9472-7053.
procesosinformacion@ilae.edu.co
Recibido: día de mes de año<
evaluado: día de mes de año
aceptado: día de mes de año.
Resumen
El artículo presenta una segunda edición de la clasificación de los resultados de los mejores programas de Derecho en Colombia, con base en su producción de investigación. La fuente principal es la Convocatoria 2018, auspiciada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Esta medición y el reconocimiento de grupos de investigación es un barómetro útil para ponderar el resultado del estudio. El análisis examina de manera específica los resultados asociados a los programas de Derecho, así como la relación entre el resultado de la investigación y el registro calificado de programas de doctorado, la acreditación de alta calidad de los programas, el acceso a programas de Derecho de calidad, en pregrado, y otros aspectos de la política pública de educación superior. En resumen, el lector encontrará en este un artículo útil para evaluar varios procesos de la educación superior en derecho.
Palabras clave: sociología jurídica, educación jurídica, investigación jurídica, evaluación de la investigación, clasificación de investigación, clasificación de educación.
Abstract
This article presents a second edition of the ranking results of the best law programs in Colombia, based on their legal research output. The main source is the 2018 call for research sponsored by the Colombian Ministry of Science, Technology, and Innovation. This measurement and recognition of research groups is a useful barometer to weigh the study results. The analysis looks specifically at the research outcomes associated with undergraduate and graduate law programs. It examines the relationship between research output and the qualified registry of PhD programs, QM certified standards, access to quality undergraduate and graduate law programs, and other relevant public policy aspects in higher education. In summary, the reader will find this a useful article to assess various processes of higher education in legal studies.
Keywords: sociology of law, legal education, legal research, research evaluation, research ranking, education ranking.
Resumo
Este artigo apresenta uma segunda edição da classificação dos resultados dos melhores cursos de Direito na Colômbia, com base em sua produção de pesquisa. A fonte principal é a Chamada 2018, financiada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da Colômbia. Essa avaliação e o reconhecimento de grupos de pesquisa são um barômetro útil para analisar o resultado do estudo. Analisam-se, de maneira específica, os resultados associados aos programas de Direito, bem como a relação entre o resultado da pesquisa e o registro qualificado de programas de doutorado, a acreditação de alta qualidade dos programas, o acesso a programas de Direito de qualidade em graduação e outros aspectos da política pública de ensino superior. Em resumo, trata-se de um texto útil para avaliar vários processos do ensino superior em Direito.
Palavras-chave: sociologia jurídica, educação jurídica, pesquisa jurídica, avaliação da pesquisa, classificação de pesquisa, classificação de educação.
Introducción
Después de un primer artículo que reveló la clasificación de la investigación en las facultades de Derecho colombianas, preparado con fundamento en los resultados de la convocatoria de 2017 de grupos de investigación de Colciencias (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Minciencias) y publicado en la Revista Republicana,1 se ha elaborado una segunda versión con la misma metodología. Para el efecto, se han utilizado los datos provenientes de la convocatoria 2018 del mismo ente, los cuales pueden ser verificados en la plataforma de Minciencias y que se consultaron el 11 de agosto de 2021 para la elaboración de este artículo. El escalafón está basado, en esencia, en indicadores cuantitativos, por cuanto el sistema de evaluación de la investigación de Minciencias así lo es. Otros sistemas, en general, utilizan las mismas variables.2
Los resultados de tales convocatorias son empleados en Colombia para evaluar la calidad de la investigación de las instituciones de educación superior. Nada irrelevante, pues la investigación universitaria, al igual que en países como Chile, es la más importante del país.3 Estos hallazgos, a su vez, son usados para ponderar la calidad de la educación en los procesos de registro calificado de programas académicos y de acreditación de alta calidad, al menos en lo que a esta condición respecta, pues dichos procesos se surten con la verificación de varios componentes.
Estos usos descritos por parte de los Ministerios de Ciencia y de Educación son hechos indiscutidos, pese a las reservas que ya expresamos sobre el sistema de evaluación de la investigación de Minciencias.4 En términos generales, los esquemas de evaluación de la investigación jurídica han sido discutidos por su falta de especialidad y el empleo de criterios idóneos para otras ciencias.5 En todo caso, la concepción más avanzada de la autonomía universitaria supone, para las instituciones educativas que gozan de ella, actuar en función de la materialización de una educación con calidad,6 lo que significa desarrollar la investigación, no la idea tradicional de disponer de inmunidad ante la amenaza de intervención estatal.7
La investigación en derecho es clave para proveer una educación jurídica de calidad, pues los conocimientos impartidos se enriquecen con los saberes provenientes de esta y, por otra parte, tales conocimientos, más la experiencia de los docentes en investigación, sirven para formar a los alumnos en las competencias investigativas que van a requerir como profesionales cuando deban resolver problemas jurídicos.8 A su vez, la educación jurídica se encuentra en la "médula del funcionamiento del Estado de derecho y la justicia".9 Luego, no deberían albergarse dudas acerca de la trascendencia de la indagación jurídica.
En las últimas décadas, el conocimiento ha adquirido una importancia singular para la economía y la sociedad,10 pero no debido a la educación propiamente dicha, sino a la investigación, por lo que ello ha terminado por involucrar a la universidad.
La metodología adoptada para construir el escalafón se basa en las categorías asignadas a los grupos de investigación por Minciencias. Estas categorías son A1, A, B y C, identificadas en el artículo con las mismas iniciales; a estas se suma la de grupos reconocidos, que en las tablas se identificarán por R. En primera instancia, se ubican los programas de derecho con grupos A1. En ese nivel, las restantes categorías (B y C) de los grupos solo son revisadas para resolver empates. Después de examinar la categoría A1, la más alta, con el mismo criterio, se toman los escalafones subsiguientes (B y C), uno por uno, para decidir la ubicación de cada programa de derecho en el escalafón.
Tan solo se consideraron los grupos de investigación avalados. Cuando aparecían varias instituciones mencionadas, pero solo una lo avalaba, el grupo era adjudicado a ella. Si varias instituciones lo avalaban, se consideraba que el valor del grupo, según la cantidad de socios, era de un medio, un tercio o un cuarto. A diferencia de la escala anterior, en esta ocasión se contemplaron grupos que se presentaban en alianza para instituciones localizadas en ciudades diferentes a aquella que correspondía al domicilio reportado del grupo. Es probable que, en muchos casos, los grupos en alianza, en especial cuando se localizan en ciudades diferentes, tengan un impacto realmente bajo sobre los programas académicos y todo corresponda más a una estrategia para alcanzar las categorías más altas en la clasificación de Minciencias. No obstante, aunque el lector debe mirarlos de modo crítico, este artículo no contempló esas situaciones, pues habría supuesto un análisis que podría ser descalificado como subjetivo y tampoco se dispone de la información suficiente.
De igual modo, es claro que varias instituciones recurrieron a la estrategia de organizar un solo grupo de investigación para obtener la máxima calificación o, incluso, alguna intermedia. Esto no afectará la clasificación, que se atendrá a las categorías de los grupos. Sin embargo, el desarrollo del conocimiento jurídico ha alcanzado tan altos niveles que es más que improbable que los investigadores de campos muy dispares interactúen, es decir, es probable que estos grupos no funcionen como tales. Así mismo, un grupo de investigación insular, aun con una muy alta calificación, en muchos casos debe ser insuficiente para cubrir diversos campos del derecho. Estas cuestiones se incorporarán en análisis posteriores.
Los resultados de la convocatoria de 2018 registraron, en el área de derecho, un total de 250 grupos de investigación. Sin embargo, cinco de ellos no pertenecían a instituciones de educación superior y otros cuatro no estaban avalados por una institución. En el segundo apartado se registran los resultados de los 241 grupos universitarios avalados. Algunos pertenecían a instituciones de educación superior que carecen de un programa de pregrado en Derecho.
Este es un trabajo de investigación que pertenece a los ámbitos de la educación y de la sociología jurídica. En tanto la investigación jurídica es un componente de los procesos de formación de los abogados que se integra a los contenidos curriculares y que, inclusive, puede ser una metodología útil para la enseñanza del derecho, tiene una relación directa con la pedagogía. A su vez, la sociología jurídica parte del supuesto de que la educación jurídica tiene una alta relevancia en la manera como se forman los abogados, lo que incidirá en su modo de ejercer su profesión, cuestión que constituye el objeto de estudio de la sociología del derecho. De allí que la sociología jurídica se haya ocupado de la educación con frecuencia.11 Los métodos empleados en este trabajo son el analítico y el comparativo.
1. Descripción y análisis de la información
Los tres programas de Derecho más sobresalientes en investigación son, en su orden, los de las universidades Libre (Cali), Católica de Colombia y Santo Tomás (Bogotá). Los tres poseen, además, varios grupos de investigación con una categoría elevada, entre los cuales un número importante corresponde a la máxima categoría de A1. La Universidad Libre (Cali) fue la mejor, con una cantidad extraordinaria de grupos en la categoría A1. Dado el centralismo dominante en el país, es un logro sorprendente que una institución regional alcance la primera posición.
Al indagar cualitativamente sobre los factores que podrían haber influido o no en los resultados de estas tres universidades se encontró: la existencia en todas de directivas con un alto compromiso con la investigación y con la planeación, se han manifestado como las cualidades fundamentales en la innovación y el progreso de las instituciones de educación.12 En la época de la evaluación —todavía hoy en la Católica y la Santo Tomás— los decanos eran doctores con perfil de investigadores. Solo en la Libre (Cali) la publicación de productos suponía un incentivo económico bastante considerable para los investigadores, que pudo pesar; ese no era el caso de las universidades Católica de Colombia y Santo Tomás (Bogotá), en las que no se entregaban bonos por productos. Los incentivos mencionados se abonan en muchos otros programas, que no mostraron resultados tan destacados. En el caso de las universidades públicas, los reconocimientos económicos por publicación son permanentes, pues no se pagan una vez, sino que se incorporan al monto del salario mensual, pero podrá verse que los resultados de las universidades públicas, salvo la Universidad Nacional de Colombia, no son muy halagadores.
El programa de la Libre (Cali) hizo énfasis notable en la producción de libros y capítulos de libros, lo que tal vez le cause dificultades para mantener el primer puesto en la siguiente convocatoria de Minciencias, dado que en esta los libros son discriminados y desvalorizados. Las estrategias de la Católica de Colombia y de la Santo Tomás (Bogotá) involucraban una producción más diversa en cuanto a medios de soporte. Ninguno de los tres programas tenía revistas indexadas en Scopus o WoS en la ventana de la convocatoria, aunque ahora los programas de la Católica de Colombia y de la Santo Tomás (Bogotá) sí las poseen. En el caso del programa de la Católica de Colombia, además de lo señalado, es central la existencia de una elaborada estrategia investigativa, preocupada por la visibilidad y el impacto de la producción,13 así como haber forjado una cultura de indagación que, de alguna manera, supone la creación de escuela con una preocupación por ofrecer una producción pensada para el Sur Global,14 en concordancia con movimientos análogos en materia de ciencia y tecnología.15
En términos generales, se advierten numerosos cambios en comparación con el escalafón anterior, tanto en el podio de los mejores programas como en las demás posiciones destacables. Solo el programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, que había sido tercero en la clasificación anterior, mostró continuidad, al aparecer ahora de segundo. El programa del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario descendió del primero al quinto puesto y el de la Universidad de los Andes cayó del segundo lugar a la casilla dieciséis.
Un total de diecinueve programas presentó grupos en categoría A1, el doble que en la convocatoria anterior, pero cinco de ellos lo hicieron en asocio con una o varias instituciones. Aunque se observan mejorías en comparación con la escala anterior, la preocupación tradicional y obsesiva de Minciencias en cuanto a que la pirámide de calidad se invierta, al amontonar a la mayoría de grupos en la cúspide, mientras que en algún momento la base se ensancha para volverse un cuadrado, está bastante lejos. De 19 instituciones que tienen grupos A1, 14 lo son de modo autónomo o sin asociarse con otras; 25 registran como máximo un grupo tipo A; 21 tienen su punto más alto en un grupo B, 39 registran como su mejor esfuerzo un grupo de categoría C. Los progresos respecto a 15 años atrás, cuando solo había 11 grupos de investigación registrados en la plataforma Scienti de Minciencias,16 son mayúsculos.
También es importante subrayar que las siete primeras universidades en el escalafón exponen, por lo menos, cuatro grupos de investigación en categorías A1 y A. Ese número fue adoptado como el mínimo ideal al elaborar la escala anterior, pues, aún con cierta flexibilidad, debe garantizar, más o menos, una cobertura de las grandes áreas del derecho con una relativa especialidad. Esas universidades son: Universidad Libre (Cali) (1); Universidad Católica de Colombia (2); Universidad Santo Tomás (Bogotá) (3); Universidad Nacional de Colombia (4); Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (5); Universidad Externado de Colombia (6) y Universidad Libre (Bogotá) (7); a estas pueden agregarse la Universidad de los Andes (16), con la misma cantidad y clase de grupos indicada y la Pontificia Universidad Javeriana (19), con esa cantidad en categorías A y B. Estos nueve programas tienen un nivel superior, que ofrecen condiciones de excelencia académica en materia de investigación. Entre ellos se destacan los de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia por su gran cantidad de grupos de investigación.
Entre los programas de mayor calidad hay varios con un alto reconocimiento o posicionamiento social, pero no monopolizan el cuadro. Son menos de la mitad. Se cree que existe una relación de equivalencia entre el posicionamiento social y la calidad de la educación, pero esto no es exacto. A continuación, la Tabla 1 de las diez instituciones más destacadas en investigación jurídica en Colombia.
Tabla 1. Top 10 de la investigación jurídica en Colombia
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Los datos anteriores, que corresponden a la élite de la investigación, exponen un dominio de la universidad privada, pues la Universidad Nacional de Colombia (4) es la única pública presente. El 70 % corresponde a universidades de Bogotá y el 30 %, de las regiones, localizadas en cuatro ciudades. Dado el centralismo existente en el país y la ausencia de políticas agresivas de descentralización del capital cultural, esto se considera normal. De acuerdo con la tipología de instituciones de educación superior existente en el país, todas son universidades; no hay ninguna institución universitaria, lo cual es previsible, pues no pueden desarrollar programas de maestría o doctorado, salvo en casos muy excepcionales, lo que les dificulta mejorar sus puntajes.
En la Tabla 2 se reseñan los programas ubicados en los puestos 11 a 20. Allí se advierte un repunte de las regiones, es decir, aunque Bogotá tiene más de 40 programas y sobresale al comienzo del escalafón, pero luego se diluye.
Tabla 2. Puestos 11 a 20 de la investigación jurídica en Colombia
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
En cuanto a la universidad pública, además de la Nacional (4), que figura en la Tabla 1, aparecen dos: la de Caldas (12) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (17) que, para la época de la evaluación de Minciencias, no tenía pregrado en Derecho, pero obtuvo el registro calificado en 2021. Es claro que la universidad pública requiere mayor inversión para apoyar la investigación, mejoras en sus equipos docentes y sistemas de incentivos más apropiados para estimular la investigación de los profesores. La apertura de programas de Derecho a distancia, campo en el que se habla de una excesiva oferta de baja calidad, de exceso de profesionales y de bajos ingresos para muchos abogados, es una decisión política debatida.
Contrastar los resultados de la clasificación con el registro calificado de programas de doctorado en Derecho puede ser muy ilustrativo, en particular porque apuntan a la formación de investigadores que demandan como soporte grupos de investigación con resultados de excelencia en la materia. Por tanto, de la revisión de la Tabla 3 el lector puede llevarse una impresión bastante clara de cuáles ofrecen los apoyos más sólidos. Hay un total de 19 programas de doctorado a cargo de 20 instituciones, puesto que la Universidad de Medellín tiene dos doctorados, uno en Derecho y otro en Derecho Procesal Contemporáneo. Son 17 programas genéricos, lo que incluye el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana (Bogotá). El otro programa específico es el Doctorado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás (Tunja). En la Tabla 3, los programas de doctorado y sus grupos se han relacionado según su posición en el escalafón. La clasificación general aparece en la primera casilla de la izquierda; el número y la calidad de los grupos, en las casillas de la derecha.
Tabla 3. Programas de doctorado y grupos de investigación
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Si utilizamos como indicador mínimo de alta calidad para soportar un programa de doctorado un total de dos grupos de investigación en categorías avanzadas A1 y A, lo primero que salta a la vista es que hay seis instituciones de excelencia que están por encima de las expectativas: 1) Universidad Católica de Colombia; 2) Universidad Santo Tomás (Bogotá); 3) Universidad Nacional de Colombia; 4) Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 5) Universidad Externado de Colombia, y 6) Universidad Libre (Bogotá), pues tienen cuatro o más grupos en las categorías citadas. Lo segundo es que hay otros seis programas que tienen al menos dos grupos avanzados: 7) Universidad de La Sabana; 8) Universidad de Medellín; 9) Universidad de los Andes; 10) Pontificia Universidad Javeriana; 11) Universidad Sergio Arboleda (Bogotá), y 12) Universidad del Sinú (Montería). Estos doce programas ofrecen los estudios doctorales en Bogotá, Medellín y Montería. Por otra parte, es claro que la Universidad Libre (Cali) podría presentar una solicitud de registro calificado para un Doctorado en Derecho, aunque su estrategia de publicar libros y capítulos de libros aconseja esperar los resultados de la próxima convocatoria, pues esa tipología de productos es discriminada y esto puede afectar las categorías de sus grupos.
Cuanto mayor sea la cantidad de grupos de investigación avanzados, sobre todo en categorías A1 y A, mayores serán las posibilidades de brindar un ambiente apropiado y más especializado para la investigación a los estudiantes de doctorado. También será mayor la cantidad de docentes investigadores con título de doctorado en condiciones de dirigir tesis doctorales.
En la Tabla 4 se advierte que la mayoría de los programas están en condiciones de ofrecer varias alternativas de apoyo a los estudiantes de doctorado, pero también hay otros con grandes deficiencias. En cuanto a los valores de matrícula, según un estudio,17 probablemente elaborado en 2020 o 2021, los cuatro programas con menores costos correspondían a la Universidad Santiago de Cali (38,5 millones); Universidad Nacional de Colombia (52,9 millones), Universidad de Antioquia (57 millones); Universidad Católica de Colombia (63 millones). Los cuatro con matrículas más altas fueron la Pontificia Universidad Javeriana (entre 104 y 173,6 millones), Universidad de los Andes (127,6 millones), Universidad del Norte (111 millones) y Universidad Santo Tomás (Bogotá) (99 millones). Algunos de los datos anteriores son, realmente, paradójicos, dadas las notorias diferencias en los precios.
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Una cuestión muy importante que se observa en la Tabla 4 es la ubicación de las universidades en la escala, contrastada con los valores de matrícula del pregrado. Varias de las mejores universidades, al menos en lo que a la investigación respecta, tienen costos bajos, entre ellas, Universidad Libre (Cali), Universidad Católica de Colombia, Universidad Nacional de Colombia (que cobra por declaración de renta, como se hace incluso en las privadas en algunos países de la región, como Perú), Universidad Libre (Bogotá), Universidad Libre (Cúcuta) y Universidad Simón Bolívar (Barranquilla), esto es, el 60 % de las diez mejores. Esto confirma la demolición del mito según el cual la alta calidad está atada a matrículas elevadas, como se ha sostenido en ciertos trabajos.18 En la Tabla 4 se expone el valor de matrícula semestral, calculado para los programas anuales. Los datos fueron obtenidos del Snies el 9 de octubre de 2021. Debe considerarse el mayor costo de vida de Bogotá.
Grandes investigaciones empíricas sobre la profesión jurídica, que se ocuparon de la educación,19 así como estudios monográficos con sólidos soportes documentales,20 han señalado graves deficiencias en la calidad de la educación. Si bien la legislación sobre registro calificado y la operación de Conaces (organismo asesor encargado de verificar las condiciones de registro), cuando gozaba de autonomía, contribuyeron a lograr una pequeña revolución en cuanto a la calidad educativa, aún queda bastante que desear. Ahora, la calidad educativa se examina a través del prisma de la investigación y puede verse en dos planos: la acreditación de alta calidad y el registro calificado, que certifica el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.
Respecto a la acreditación de alta calidad, frente al total de programas de Derecho que operan en el país, el número es bajo: 45 acreditados entre 146 activos, según el Ministerio de Educación Nacional en su Sistema de Información de la Educación Superior (Snies), a 5 de octubre de 2021, es decir, el 30,8 % del total. Desde el punto de vista de la investigación jurídica, aquellos programas con un número de, al menos, cuatro grupos de investigación en categorías A1, A y B, deberían obtener acreditación de alta calidad, puesto que reúnen condiciones de excelencia, con un desempeño sobresaliente. Como se ha dicho, por la especialidad del saber jurídico, esa cantidad de grupos cubriría las áreas principales y demostraría lo que demanda la acreditación, esto es, niveles de excelencia. No obstante, muy pocos programas alcanzarían la meta. A continuación se relacionan esos programas y sus años de acreditación, conforme a la consulta en el Snies: Universidad Católica de Colombia (seis años); Universidad Santo Tomás (Bogotá) (ocho años); Universidad Nacional de Colombia (seis años); Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (diez años); Universidad Externado de Colombia (diez años); Universidad de los Andes (diez años) y Pontificia Universidad Javeriana (ocho años). Estos siete son los programas de Derecho que constituyen la élite en términos académicos, mas no necesariamente sociales, desde el punto de vista de la investigación que, a la par, tienen acreditación de alta calidad. Entre ellos, se encuentran los tres únicos programas que cuentan con la acreditación por el periodo máximo previsto, que es de diez años. Sus resultados en el ranking de investigación pueden ser observados en la Tabla 1 y la Tabla 2.
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación Nacional no han determinado un número de grupos para otorgar la acreditación por los resultados de investigación, según la disciplina o ciencia de la que se trate. En este rubro, lo que se les ha exigido a algunos programas, curiosamente no a todos, es un producto anual de investigación promedio por profesor de tiempo completo. Este criterio tiene varios defectos: i) no es realista, porque si la loable intención es que todos los profesores cumplan atribuciones de investigación y de docencia, con facilidad puede suceder que una porción de profesores duplique o triplique su producción anual para compensar las falencias de otra porción y entonces la relación 1 por 1 sería aparente; ii) es un criterio simplista, pues no distingue entre tipologías de productos, es decir, un libro pesa igual en el promedio que un artículo de revista, lo que es manifiestamente injusto; iii) un programa con bastantes profesores de tiempo completo, sin completar la relación 1 por 1, puede tener una profusa producción en investigación con decenas de productos al año que generan un auténtico acervo, por lo que no debería ser juzgado como deficitario; iv) es un criterio cuantitativo, que no distingue entre un trabajo que resuelve un problema de gran envergadura y otro que remonta un pequeño vacío del conocimiento; v) tener grupos de profesores especializados en las funciones sustantivas de la educación superior parece razonable, pues no todos tendrían que hacer, con éxito sobresaliente, extensión, internacionalización e investigación al tiempo, además de docencia, y vi) exigir una producción anual implica suponer que todos los problemas de investigación deben ser estándar, esto es, de poca complejidad, elaborados en soportes cortos, susceptibles de resolución en plazos breves, lo que lesiona la libertad de investigación y afecta la naturaleza misma de la investigación y las posibilidades de conocimiento.
Ahora, por debajo de esos elevados niveles de excelencia summa que fueron comentados párrafos atrás, si se consideran los programas académicos con al menos un grupo de investigación en las categorías A1 y A, en las mismas tablas que se acaban de citar, se encontrarían también acreditadas: Universidad Libre (Cúcuta) (cuatro años); Universidad Simón Bolívar (Barranquilla) (cinco años); Universidad de Medellín (ocho años); Universidad de Caldas (seis años); Universidad Icesi (6,5 años); Universidad Sergio Arboleda (Santa Marta) (seis años) y Universidad Sergio Arboleda (Bogotá) (ocho años), para completar catorce programas. A este grupo pueden agregarse varios programas que se verán en la Tabla 5.
Tabla 5. Puestos 21 a 29 de la investigación jurídica en Colombia
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Esos programas acreditados de la Tabla 5, diez en total, son: Universidad del Sinú (Montería) (cuatro años); Universidad de Antioquia (seis años); Universidad de Cartagena (cuatro años); Universidad Libre (Cartagena) (cuatro años); Universidad Eafit (seis años); Universidad Autónoma Latinoamericana (cuatro años); Universidad de Manizales (seis años); Universidad Surcolombiana (cuatro años); Universidad Libre (Pereira) (seis años) y Universidad Libre (Barranquilla) (cuatro años). Los anteriores programas que se encuentran acreditados corresponden a las regiones, lo que denota mayor equidad en términos geográficos. De manera específica, la tercera parte de los programas acreditados son regionales. Muchos de los enlistados solo tienen un grupo en las categorías más avanzadas, pero de acuerdo con el canon establecido, cumplen con la característica que se planteó. En las mismas condiciones el listado continúa.
Tabla 6. Puestos 29 de la investigación jurídica en Colombia
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Acreditados, con un grupo en A1 o A, comparecen otros cuatro programas en la Tabla 6: Pontificia Universidad Javeriana (Cali) (seis años); Universidad Jorge Tadeo Lozano (seis años); Universidad de San Buenaventura (Cali) (seis años) y Universidad Autónoma del Caribe (cuatro años). Hasta aquí tenemos treinta programas con acreditación de alta calidad que comparten al menos un grupo de investigación en categorías A1 y A. También se observan en las tablas comentadas (1, 2, 5 y 6) programas que han tenido acreditación de alta calidad, pero no figuraban acreditados en el Snies en el momento de la consulta, lo mismo que varios que no poseen acreditación. De los últimos, algunos podrían merecerla por sus resultados en investigación.
Ahora, hay opiniones que cuestionan incluso la calidad de los programas acreditados en Colombia.21 Ese asunto no se debatirá acá. El sistema de acreditación sigue un conjunto de indicadores y evidencias, cuenta con intervención de pares y la participación de expertos y es independiente de las autoridades políticas; de haber incurrido en errores, sin duda, serían excepcionales. La correlación para la gran mayoría de programas entre calidad de los resultados en investigación y los resultados de la acreditación demostrarían los asertos anteriores.
En Chile, la investigación no tiene un peso relevante en la acreditación de alta calidad. En México, para los programas de Derecho, sí es significativa, pero más que los resultados producidos, se verifica la presencia de investigadores, la evaluación de las investigaciones realizadas, la existencia de proyectos comunes y las regulaciones de la investigación.22 Para Colombia pesa una multiplicidad de características, pero a la postre, sin resultados publicados o registrados, la mayoría de esas características no tendrían valor real. Los programas que se han considerado hasta ahora pueden probar una producción importante.
Por debajo del estándar planteado, es decir, de al menos un grupo de investigación en categorías A1 o A, se encontrarán algunos programas. Las tablas subsiguientes, con programas que llegan a tener grupos de investigación en categoría B, comprueban la procedencia del registro calificado concedido a esos programas.
Tabla 7. Puestos 29 a 50 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Consiguieron la acreditación de alta calidad, según la última tabla: Universidad Santiago de Cali (cuatro años); Universidad de Boyacá (cuatro años); Pontificia Universidad Bolivariana (seis años); Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (cuatro años); Universidad Militar Nueva Granada (seis años); Universidad Autónoma de Bucaramanga (cuatro años) y Universidad de Nariño (seis años).
En la Tabla 8 están acreditados: La Gran Colombia (Armenia) (cuatro años) e Ibagué (cuatro años).
Tabla 8. Puestos 51 a 52 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
En concordancia con la Tabla 9, consiguieron la acreditación de alta calidad: Universidad del Norte (seis años); Fundación Universitaria Los Libertadores (cuatro años), que la había obtenido con un grupo en categoría C; Universidad de Santander (ocho años); Universidad Cooperativa de Colombia (Bogotá) (cinco años), que cuando la obtuvo tenía un grupo en C, y Universidad Católica Luis Amigó (seis años), con dos grupos en C.
Tabla 9. Puestos 52 a 67 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Sobre el registro calificado, muchos programas de Derecho apenas logran alcanzar, como éxito máximo, grupos en categoría C. Con frecuencia, solo un grupo llega a C. Los requisitos mínimos de Minciencias para alcanzar una C en la clasificación de grupos son notoriamente bajos,23 el más importante es un único producto A en toda la ventana de observación, es decir, en siete años.
Las instituciones con grupos en categoría C, a veces, corresponden a programas con pocos años de autorización, pero la mayoría de las veces ya han renovado el registro calificado y tienen diez o quince años de existencia. De la Tabla 10 emerge con acreditación de alta calidad el programa de la Pontificia Universidad Bolivariana de Floridablanca (cuatro años), que tiene apenas un grupo de investigación en categoría C. También aparece la Escuela Superior de Guerra, que ofrece programas de posgrado (maestría), pero presenta resultados muy bajos en investigación.
Tabla 10. Puestos 67 a 76 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Tabla 11. Puestos 76 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
La Tabla 12 sí registra grupos en C, la gran base de la pirámide:
Tabla 12. Continuación puestos 76 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Son varias las instituciones que no pasan de registrar solo grupos "reconocidos", que ni siquiera llegan a ser clasificados. En esta situación se encuentran las instituciones ubicadas entre las plazas 107 y 119 del escalafón. Si fueran programas con pocos años de funcionamiento sería razonable, pero al revisar su fecha de inicio, suele tratarse de programas con quince o veinte años de funcionamiento. Se agregan aquellos que no tienen ningún grupo en la escala de Minciencias, ni siquiera alguno reconocido. Un total de 118 instituciones acreditaron grupos de investigación, de las cuales 116 tienen programas de Derecho. El Snies registra 146 programas activos, según consulta del 5 de octubre de 2021. Para obtener el registro no es necesario tener producción en investigación; sin embargo, buena parte de esos 30 programas tienen registro calificado desde hace años e, incluso, lo han renovado, aunque no es claro cómo lo hicieron.
En la Tabla 12 aparece con acreditación institucional el programa de la Universidad Santo Tomás (Bucaramanga) (seis años).
En las Tablas 13 Y 14 se advierten varias universidades públicas, incluso alguna muy importante, cuyos programas de Derecho apenas alcanzan a un grupo de investigación reconocido, sin categoría. Esto denota una probable ausencia o una incorrecta administración de recursos financieros.
Tabla 13. Puestos 76 a 109 de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Tabla 14. Puestos 109 (118) de la investigación jurídica
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Minciencias.
Conclusiones
En términos generales, el escalafón expone resultados con una dispersión bastante considerable. La calidad no es homogénea, ni siquiera en términos relativos, lo que constituye un indicio negativo.
La gran mayoría de las tendencias advertidas en la escala anterior se mantienen. Cabe destacar que, en comparación, gran parte de los programas progresó.
Comparecen nueve programas de Derecho, siete de ellos también con acreditación de alta calidad, que presentan por lo menos cuatro grupos de investigación en categorías A1 y A. Estos son, bajo el barómetro de la investigación, los mejores de Colombia, con resultados de una excelencia avanzada.
Los resultados en investigación, combinados con los datos sobre registro calificado de programas de Doctorado en Derecho, para los cuales los soportes de investigación son, sin duda y con gran distancia, los resultados más importantes, dejaron ver varias cuestiones interesantes. Hay programas con un soporte extraordinario en materia de investigación, pero también otros bastante débiles. No existe suficiente congruencia entre los resultados de investigación y los valores de matrícula de los programas de doctorado. En ocasiones, matrículas bajas concurrían con situaciones de extrema debilidad, aunque varios de los mejores, en cuanto a soporte en investigación, en especial de la Universidad Católica de Colombia (2) y de la Universidad Nacional de Colombia (4), registraban matrículas bajas. En el otro extremo había mayor incoherencia, pues las matrículas más costosas no coincidían con los programas con mayor soporte y, a la par, alguno muy costoso presentaba resultados muy limitados en investigación docente.
Entre los diez mejor calificados en el escalafón había una presencia mayoritaria de programas de pregrado con matrículas bajas. Esto denota posibilidades de acceso democráticas a una educación con calidad, lo cual es muy positivo para el país.
La perspectiva para la próxima convocatoria de Minciencias, cuyos resultados se publicarán en 2022, es que se va a producir un desplome de las posiciones de los grupos de investigación en derecho de las instituciones que han hecho énfasis en la producción de libros. Esto será injusto. Más grave, habida cuenta del carácter retroactivo de la Convocatoria 894 de 2021 expedida por Minciencias, que conllevará a invalidar la clasificación de muchos libros que habían sido bien calificados en convocatorias anteriores. La retroactividad, que se volvió un sello de Minciencias, representa una transgresión al derecho fundamental al debido proceso y, además, crea un ambiente propicio para el desarrollo de prácticas corruptas en un país cuyo Estado ha sido definido como una estructura favorable para la corrupción.24 La falta de transparencia, debida a la ausencia de conocimiento público de las reglas de las convocatorias, pues son expedidas con vigencia respecto a períodos anteriores, representa un riesgo, ya que hace atractivo filtrar esas reglas y abrir un mercado ilegal para acceder a ellas. Todo esto, como es probable, va a terminar por resolverse en los estrados judiciales, con un pronóstico pesimista para la Convocatoria 894 de 2021.
Notas
1 Antonio Milla, "Ranking y estado de la investigación en las facultades de Derecho en Colombia", Revista Republicana, núm. 25 (2018): 87-116, http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/486 (acceso agosto 22, 2021).
2 Pablo Salvador Coderch, Albert Azagra Malo y Carlos Gómez Ligüerre, "Criterios de evaluación de la actividad investigadora en derecho civil, derecho privado y análisis del derecho", InDret, núm. 3 (2008): 1-63, https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/571_es.pdf (acceso agosto 22, 2021).
3 Alejandro Ormeno Ortiz, "El desarrollo científico y tecnológico de Chile. Desafíos y prioridades de la cooperación con Alemania", Nuevos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas 2, núm. 4 (julio-diciembre, 2011): 7-16, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/download/200/435 (acceso agosto 22, 2021).
4 Milla, "Ranking", 89.
5 Gustavo de las Heras y Gema Polo, "La evaluación de la investigación universitaria en ciencias jurídicas en el marco general español", Revista de la Educación Superior 38, núm. 150 (abril-junio, 2009): 63-79, http://wwwscielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000200004 (acceso agosto 22, 2021).
6 Lisandro Javier Romero Villa, Isabel Cristina Nieves González y Héctor Iván Hurtatis, "La garantía constitucional de la autonomía universitaria: legitimidad en políticas públicas educativas en el Estado social de derecho en Colombia", Novum Jus 13, núm. 1 (enero-junio, 2019): 183-201, https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/1619 (acceso agosto 22, 2021).
7 Juan Carlos Plata Puentes, "Breves aportes a la discusión sobre la autonomía universitaria en Colombia", Nuevos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas 7, núm. 14 (julio-diciembre, 2016): 209-224, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/99/232 (acceso agosto 22, 2021).
8 Germán Silva García, El mundo real de los abogados y de la justicia, Tomo IV: Las ideologías profesionales (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001), 26.
9 María Adelaida Ceballos Bedoya y Mauricio García Villegas, "Abogados al por mayor: la educación jurídica en Colombia desde una visión comparada", Análisis Político 34, núm. 101 (2021): 98, DOI: https://doi.org/10.15446/anpol.v34n101.96562 (acceso agosto 22, 2021).
10 Fernando Julio Pinero, Nerina Sarthou, Cristian Guglielminotti y Romina Loray, "Universidad y política de gestión de la ciencia y la tecnología. Implicaciones para la estructura de investigación de una universidad intermedia: el caso de la UNCPBA" en El papel de la universidad en el desarrollo, coords. María Eugenia Martínez de Ita, Fernando Julio Pinero y Silvana Andrea Figueroa Delgado (Puebla: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2013), 253.
11 Jorge Enrique Carvajal Martínez, La sociología jurídica en Colombia (Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2016), 111; Germán Silva García, Jairo Vladimir Llano Franco, Nicole Velasco Cano y Angélica Vizcaíno Solano, "El desarrollo de la sociología jurídica latinoamericana", Opción 35, núm. 25 (2019): 1143-1144, https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32336 (acceso agosto 22, 2021).
12 Pablo López Alfaro, "El componente liderazgo en la validación de un modelo de gestión escolar hacia la calidad", Nuevos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas 2, núm. 4 (julio-diciembre, 2011): 117, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/203 (acceso agosto 22, 2021).
13 Bernardo Pérez Salazar, Cirus Rinaldi y Luz Angélica Vizcaíno Solano, "Un análisis bibliométrico de la influencia de la criminología colombiana", Opción 36, núm. 92 (2020): 182, https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32682/0 (acceso agosto 22, 2021); Alfonso Santos Espinosa, "Proyección internacional del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia en la clasificación QS como referente para su desarrollo estratégico", Novum Jus 15, núm. 2 (julio-diciembre, 2021): 253, DOI: https://doi.org/10.14718/10.14718/NovumJus.2021.15.2.9 (acceso agosto 22, 2021).
14 Fernanda Navas Camargo, "El Sur Global y la realidad social de América Latina: hacia la construcción de nuevos paradigmas", Novum Jus 14, núm. 2 (julio-diciembre, 2020): 11, https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/3689 (acceso agosto 22, 2021).
15 Viviane Ceolin Dallasta del Grossi, "O BRICS e as iniciativas em ciencia, tecnologia e inovação pós-cupula de Joanesburgo", Novum Jus 14, núm. 1 (enero-junio, 2020): 144, https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/download/2707/3168?inline=1 (acceso agosto 22, 2021).
16 Germán Silva García, "Prospectivas sobre la educación jurídica" en La formación jurídica en América Latina: tensiones e innovaciones en tiempos de la globalización, comp. Rogelio Pérez Perdomo y Julio Rodríguez Torres (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006), 15.
17 Ricardo Sánchez Ángel, "Doctorados en Derecho, pauta analítica y documentación", serie Cuadernos de Doctorado, editado por Universidad Libre de Colombia (Bogotá: Universidad Libre de Colombia, s. f.), 15.
18 María Adelaida Ceballos Bedoya, "Educación jurídica y reproducción social en Colombia", Estudios Socio-Jurídicos 20, núm. 1 (2018): 86, DOI: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.5373 (acceso agosto 22, 2021).
19 Germán Silva García, El mundo real de los abogados y de la justicia, Tomo I: La profesión jurídica (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001).
20 Henry Bocanegra Acosta, Educación jurídica en Colombia: contexto, conflictos y posibilidades actuales (Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2005); Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos Bedoya, La profesión jurídica en Colombia. Falta de reglas y exceso de mercado (Bogotá: Dejusticia, 2019).
21 Daniel Alejandro Monroy Cely, "Hacia una educación jurídica práctica y globalizada en Colombia", Revista Iberoamericana de Educación Superior 9, núm. 26 (2018): 149, DOI: https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2018.26.301 (acceso agosto 22, 2021).
22 Blanca Torres Espinosa, Carlos Ernesto Arcudia Hernández y Sara Berenice Orta Flores, "Desarrollo de los procesos de acreditación-evaluación en las facultades de Derecho", Tlatemoani, núm. 21 (2016): 152, https://econpapers.repec.org/article/ervtlatem^y_3a2016_3ai_3a21_3a1.htm (acceso agosto 22, 2021).
23 Milla, "Ranking", 104.
24 Germán Silva García, "Corrupción y derechos humanos. El Estado hacendal y la cleptocracia", Opción 35, núm. 25 (2019): 35, https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32306 (acceso agosto 22, 2021).
Referencias
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