Protestar sin temor a construir comunidad:
las manifestaciones sociales en escenarios pre y posconflicto ^*

10.14718/NovumJus.2025.19.2.14

Carolina Blanco Alvarado¹
Jorge Ricardo Palomares García²

^1. Politécnico Grancolombiano (sede Bogotá)
Doctora en Derecho de la Universidad Santo Tomás (sede Bogotá).
Magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario (Bogotá).
Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Docente e investigadora de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano (Bogotá).
0000-0002-1354-4272
carolinablancoalvarado@hotmail.com,
cblancoa@poligran.edu.co

² Universidad Libre (Bogotá)
Profesor asociado al área de Derecho Público de la Universidad Libre (Bogotá).
Investigador sénior del Grupo Estudios Constitucionales y de la Paz (Minciencias) y miembro de The International Association of Constitutional Law (IACL).
Anteriormente, profesional especializado 33 y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, asesor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en casos de alto impacto y estado de cosas inconstitucionales.
Asesor del Ministerio de Trabajo en la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo y consultor para la Deutsche Gesellschaft für die Zusammenarbeit (GIZ) en asuntos relacionados con la redacción de decisiones de tutela.
0000-0002-7181-7523
jorger.palomaresg@unilibre.edu.co

^* Resultado de los proyectos de investigación 1655 y Ciudadanía mundial: instituciones dialógicas para superar carencias democráticas, del Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz de la Universidad Libre (sede Bogotá) y el fenómeno globalizante en el marco normativo colombiano y su relación con las pequeñas y medianas empresas, gestionado en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano (Bogotá).

Recibido: 10 de marzo de 2025
Evaluado: 17 de abril de 2025
Aceptado: 24 de abril de 2025

Cómo citar este articulo [Chicago]: Blanco Alvarado, Carolina y Jorge Ricardo Palomares García. Protestar sin temor a construir comunidad: las manifestaciones sociales en escenarios pre y posconflicto. Novum Jus 19, núm. 2 (2025): 407-434. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.2.14

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Resumen

El presente artículo tiene como objeto determinar la posibilidad de que hechos ocurridos en el marco de la protesta social sean reparados en el sistema integral de atención y reparación de víctimas, debido a la relación que puede guardar el ejercicio de este derecho con el conflicto armado interno. Para ello, a partir de una revisión de literatura, así como de un análisis dogmático y jurisprudencial, se identificarán las relaciones entre el conflicto armado y la protesta social y se propondrán un conjunto de casos posibles, en los cuales es posible acudir al sistema para reparar hechos ocurridos en el marco de la protesta.

Palabras clave: protesta social, conflicto armado, sistema integral de atención y reparación.

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Abstract

This article aims to determine, if events ocurred during a social protest could be repared in the Attention and Reparation of Victims System, due to the potential connection between the exercise of this right and the internal armed conflict. To achieve this, through a review of the literature as well as a doctrinal and jurisprudential analysis, the relationships between the armed conflict and social protest will be identified, and a set of possible cases will be proposed in which it is possible to access the system to repair events that occurred within the context of the protest.

Keywords: social protest, armed conflict, attention and reparation of victims system.

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Introducción

La protesta social en escenarios plenamente democráticos es vista como una idea de descontento, que invita a las transformaciones de las instituciones para reivindicar derechos y lograr nuevas oportunidades de vida; pero, protestar en escenarios donde la cicatriz del conflicto armado sigue latente, se convierte en un acto de valentía, así como en una lucha para que la misma protesta sea tratada como un derecho y una garantía para la ciudadanía.

Un tema de los acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC-EP fue la protesta social. Asunto que cobró valor porque fue tratado como una vía para identificar al enemigo estatal (quien proteste hace parte de un grupo organizado) o para presionar a la ciudadanía y, por tanto, dejaba de ser ejercido como un acto de indignación y transformación, para ser practicado con el temor de la ciudadanía de ser atacada.

Por ello, los Acuerdos de Colón buscaron reconocer la movilización y protesta social, así como brindarles las garantías necesarias para que no fuera usada como excusa para identificar enemigos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional procuró distinguir entre la protesta y distintas formas de alteración del orden público, para así reconocer los derechos de quienes se manifestaron por sus derechos en distintos momentos históricos; actualmente, el esfuerzo de la institucionalidad se encamina a fijar reglas de juego para que los manifestantes puedan expresarse sin temor a un excesivo uso de la fuerza.

Los grupos sociales se ven envueltos en situaciones de divergencia social, que conducen a contiendas en torno a diferencias sobre intereses e ideologías, las cuales expresan un estado de diversidad¹. En ocasiones las confrontaciones acaecen dentro del marco legal, en otras oportunidades no, o lo hacen sobre un delgado filo donde las diferencias son difusas. En oportunidades el Estado es un árbitro, pero también puede ser utilizado como un instrumento de poder de los más fuertes. A veces, las situaciones de divergencia generan protestas sociales², pero, en otros lances, se producen muy distintos conflictos sociales, siempre como luchas por intereses e ideologías³. Y, así mismo, es claro que muchos de ellos: conflictos que envuelven a la protesta o a movimientos sociales, son conectados al conflicto armado y, por esto, precisamente, es tan alta la tasa de líderes sociales asesinados, a la par que defensores de derechos humanos y desmovilizados de la guerrilla⁴.

Así, otro esfuerzo, que se abre paso en estos momentos, es reivindicar la protesta y reconocer que ella ha sido víctima del conflicto. Esta apuesta es sumamente difícil, pues implica reconocer que sobre la protesta social ha pesado una lógica del conflicto, que condujo al desconocimiento de los derechos humanos de quienes participaron en ella. Por ello, el objeto del presente artículo consiste, en primer lugar, en mostrar cómo la protesta social fue instrumentalizada en el conflicto armado para desconocer los derechos de la población y, en segundo, en abordar el deber que tiene el Estado de reivindicar históricamente la protesta, reconociéndola como víctima del conflicto armado, para así rescatar su valor en la sociedad democrática.

Para ello, el artículo abordará estudios recientes para explorar la manera en que se entiende la protesta social en Colombia. Luego, se revisará, desde la dogmática y el razonamiento judicial, la forma en que se intenta reivindicar el derecho a la protesta social a partir de los Acuerdos de Colón. Y, finalmente, se estudiará cómo el estallido social ocurrido recientemente en Colombia aún refleja la marca del conflicto armado y, por tanto, lleva a pensar si es necesario pensar su reconocimiento como víctima, no solo en el entendido de que quienes la practicaron pudieron ser víctimas del conflicto, sino que la protesta, en sí, también lo fue.

Planteamiento del problema

Formulación del problema

Durante el 2019 y el 2021 se presentaron diversas protestas sociales. Unas contaron con una participación significativa de estudiantes, mientras que, en otras, hubo una participación de variados grupos y sectores sociales, que se expresaban contra las diversas políticas tributarias y la precariedad en la calidad de vida.

Este enunciado pareciera narrar la tensión cotidiana que surge entre los distintos gobiernos colombianos desde 1991 hasta la fecha; sin embargo, estas protestas resultan especiales por tres razones. En primer lugar, se dieron muertes de personas, como Dilan Cruz (el 2019) y Lucas Villa (el 2021), que acrecentaron la conflictividad entre los grupos sociales y el gobierno de turno; en segundo lugar, se presentó una actividad significativa de las Cortes, relacionadas con el tratamiento de la protesta. Así, la Corte Constitucional consideró que debía revisarse la competencia de la jurisdicción penal militar, en aquellos casos en los cuales se evidenciara una vulneración grave a los derechos humanos y, a partir de dicha tesis, surgieron conflictos de jurisdicción en los que se estudió la competencia de los jueces penales militares para conocer de actuaciones de la policía durante las protestas sociales⁵; asimismo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional estudiaron casos relacionados con la violencia contra periodistas y prácticas desproporcionadas, como el uso de bloqueadores de señal, que impedían conocer de la situación en ciertos lugares, como Cali, en donde se denunciaron abusos por parte de la Policía.

Y, en tercer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de visitar Colombia en el marco de la protesta social ocurrida en el 2021, formuló recomendaciones para tratar adecuadamente la protesta social, pero estas estuvieron precedidas por una afirmación categórica que, de una u otra forma, causó incomodidades⁶ y discusiones interesantes, a saber: persisten lógicas de conflicto armado en la interpretación y respuesta a la movilización social⁷.

Esta calificación pareciera no ser accidental. Durante las protestas ocurridas entre el 2019 y el 2021, la Fuerza Pública, a través de su ministro de Defensa, mantuvo un discurso estigmatizante, según el cual, quienes protestaron hacían parte o permitían la infiltración de grupos terroristas⁸, o participaban de algo denominado "terrorismo urbano de baja intensidad"⁹. Estas calificaciones permitieron a las autoridades ejercer el uso de la fuerza, así como acudir a armas que, de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se encuentran permitidas, con el justificante de que no se enfrentaba a ciudadanos, sino a enemigos.

Pero, además, se evidenciaron sucesos en los cuales grupos reconfigurados (p. ej., La Cordillera) aprovecharon el contexto de las protestas y asesinaron a objetivos, como es el caso de Lucas Villa¹⁰.

Si se vuelve a la afirmación de la Comisión Interamericana y se parte del supuesto de que, en Colombia, actualmente, permanece el conflicto armado, surge el problema que guía el presente artículo: ¿puede considerarse que una persona es víctima del conflicto armado por un evento ocurrido en el marco de la protesta social? Esta pregunta resulta interesante, a su vez, pues, en caso de contar con una respuesta afirmativa, habría que preguntarse si esa víctima puede participar del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), previsto en la Ley 1448 del 2011, así como en los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 del 2011.

Esta cuestión no puede responderse, sin antes abordar dos cuestiones. La primera consiste en qué ha discutido la literatura en torno a las protestas sociales ocurridas entre el 2019 y el 2021; la segunda, se refiere a si existe una relación entre la protesta social y el conflicto armado, que permita darle un tratamiento desde el SNARIV.

Estado del arte

Quienes discuten en torno a la protesta social concuerdan en que esta es un derecho humano y fundamental¹¹, que cumple tres funciones esenciales, a saber: (a) permitir que las personas ejerzan su libertad de expresión, de asociación y demás derechos políticos; (b) controlar el poder público y las decisiones estatales mediante la presión de (en) la calle y el disenso; y (c) posibilita poner en la agenda pública asuntos que han sido ignorados históricamente. Asimismo, los autores no encuentran dificultad en afirmar que la protesta social debe recibir una respuesta estatal que sea acorde con el principio de proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales de quienes protestan.

Pero, con las protestas sociales ocurridas entre el 2019 y el 2021, en el mundo y en Colombia, las reflexiones han tomado caminos propios. Esto podría deberse a que, gracias a informes institucionales y diversos discursos de gobernantes, la protesta social dejó de verse como un derecho y se trató como un obstáculo para la democracia¹², en una vía para la realización de prácticas delictivas o un mecanismo para cuestionar el establecimiento.

Un ejemplo se encuentra en el Democracy Index del 2019, el cual concluyó que la protesta social es una paradoja en las sociedades contemporáneas porque, si bien es un derecho reconocido, es también una práctica que no debería tener mayor cabida en las democracias maduras, las cuales, en principio, cuentan con instituciones avanzadas y coherentes con los intereses de la ciudadanía¹³. Esta paradoja se hizo evidente, según el índice, porque en el mundo y, especialmente en Latinoamérica, se evidenció un descontento generalizado de las personas, así como una inconformidad con las políticas fiscales¹⁴. Otro ejemplo puede verse en los discursos que adoptaron ciertos partidos políticos y representantes, quienes mediante la figura de la estigmatización de quienes abanderan las luchas reivindicativas, presentaban a las protestas como una especie de práctica de brujas, que requería de personas valientes, capaces de contradecir y defender los valores tradicionales¹⁵.

Ante esta paradoja y forma de entender la protesta, los caminos elegidos fueron: (a) el filosófico, para entender qué significa protestar hoy ante un gigante con pies de barro; (b) el político, que pretende comprender quiénes son esos nuevos grupos que protestan y cuáles son las respuestas estatales; (c) el social, en el cual se intentó explicar cuáles son las nuevas dinámicas de las protestas y el comportamiento de grupos sociales; y (d) el normativo, que centró su atención en las lógicas que per-meaban la respuesta estatal y las restricciones que debían atender las autoridades frente a los manifestantes. Ahora, debido a que un estudio global de estos caminos excede el propósito de este artículo, solo se presentarán algunos autores que recorrieron estos caminos al reflexionar la protesta social en Colombia¹⁶.

Así, Donato propuso una reflexión sobre la protesta social desde la filosofía política¹⁷. En ella, el autor nos propone que la protesta social muestra un gigante, el Estado, que camina sobre pies de barro y se soporta en dos elementos, a saber: un capitalismo, que es ajeno a la idea de redistribución de la riqueza¹⁸, y una idea de poder público que se piensa con una idea restringida de sus funciones¹⁹. Este gigante se ve confrontado ante los movimientos clásicos, como el obrero, así como ante nuevas formas, como los alteractivistas²⁰, quienes, en conjunto, persiguen dos cosas: la redistribución, en aquellos casos en los cuales las necesidades materiales son superiores, y el reconocimiento, cuando las comunidades sufren el menosprecio²¹. En estos encuentros se pone en evidencia que, de una u otra forma, ese gigante pareciera quedarse en el tiempo, sin poder responder a las nuevas exigencias de la ciudadanía y su forma de actuar se torna lenta, mientras que los grupos y movimientos sociales logran expresarse con un alcance cada vez mayor y transmiten sus necesidades, discrepancias, dolores y esperanzas, gracias a los nuevos medios.

La lectura política de la protesta social puede verse en Borda, Giraldo, Celis y Garces. Borda estudió, entre otros, la composición de los movimientos estudiantiles que participaron en las protestas sociales del 2019, para comprender cuáles eran sus expectativas, sus luchas y sus miedos. A partir del diálogo directo con los estudiantes, Borda sostiene que los medios de comunicación tienen un distanciamiento y, por tanto, desconocimiento de las realidades que viven los estudiantes, así como sus expectativas²². Lo anterior hace que las narrativas construidas por dichos medios no den razón de las lógicas que orientaron las protestas ocurridas en el 2019. Por otra parte, Borda explica que los estudiantes son una nueva realidad. Son personas que tienen una conciencia política construida en su infancia²³, que han tenido que realizar esfuerzos significativos para acceder al servicio de educación universitaria y asumen deudas (p. ej. Icetex), que los sobrepasan²⁴. Además, son personas que conocen de la realidad laboral (contratos de prestación de servicios, etc.), pero, a pesar de ello, consideran que es necesario participar en luchas en las cuales se logre una redistribución y permitir que las nuevas generaciones puedan acceder a servicios como la educación, sin tener que pasar por las dificultades que los actuales estudiantes atraviesan²⁵.

Giraldo, por su parte, procura describir a quienes conforman los sectores populares, es decir, aquellas personas que, por una parte, viven en barrios en disputa y, por otra, no reciben la prestación de servicios esenciales por parte del Estado²⁶. En su análisis, Giraldo llama la atención en que varias poblaciones se caracterizan por estar compuestas por personas que, debido a diversas circunstancias, han tenido que migrar del campo a la ciudad y ubicarse en zonas conocidas como invasiones²⁷. En dichas zonas, estas poblaciones carecen de la atención suficiente por parte del Estado (falta de acceso a servicios como agua y salubridad) y se encuentran en medio de una convergencia de poderes fácticos, como actores de microtráfico, políticos clientelistas o grupos armados²⁸. A pesar de encontrarse en este punto, los sectores populares lograron ser partícipes de las protestas sociales, pues, en opinión de Giraldo, surgió una armonía en las reivindicaciones que proponían los movimientos nacionales junto con los locales, especialmente en aquellos aspectos de la vida que marcan la mayor segregación social, tales como el transporte y los servicios públicos²⁹.

Celis y Garces analizaron, a su vez, otros actores en las protestas sociales, en especial las ocurridas en el 2021. Para ello, surgen unas relaciones interesantes entre diversos actores, que permiten evidenciar una tensión entre quienes propenden por un estado con un modelo neoliberal y belicista, y quienes acuden a formas alternativas, desde un sentido clásico (como los movimientos sindicales) y nuevas formas, como la primera línea. Para los autores, los representantes del modelo neoliberal y belicista actúan con un sentimiento de patriotismo, que se confunde en la mezcla de un discurso que, en principio, promueve una construcción conjunta entre lo rural y la inversión, pero, luego, defiende un proceso latifundista que opta por un desplazamiento de la población³⁰. A esta posición se contraponen movimientos reivindicatorios, como el sindicalista, y nuevas formas de organización, como las denominadas primeras líneas. Estas últimas, tuvieron como bandera cuestionar el modo en que la Fuerza Pública repelía las manifestaciones y exigieron la reconfiguración de dicha fuerza, así como el diseño de políticas y programas encaminadas a apoyar las juventudes³¹. La relación entre estos grupos no es pacífica e, incluso, presenta dificultades en cada bando. Por ello, los autores dejan abierta la reflexión a un conjunto de preguntas, orientadas a comprender cómo sería un posible diálogo interno, en el cual los movimientos clásicos, como los sindicalistas, permitan una participación directa de las nuevas formas, y cómo es posible construir diálogos efectivos entre opuestos que parecen irreconciliables.

En relación con las reflexiones sociales, son interesantes los aportes hechos por Medina. Para él, existe una relación entre la intensidad y duración del estallido social, por una parte, y las sociabilidades que surgieron durante las manifestaciones³².

Al observar cómo avanzaron las protestas entre mayo y julio del 2021, Medina considera que, gracias a la intensidad (participación) de la ciudadanía durante el primer mes de las manifestaciones, se alcanzaron los principales logros, al renunciar el ministro de Hacienda y el retiro de un proyecto de reforma estatutaria³³. Pero los diálogos y logros fueron disminuyendo a medida que se pasaba de mayo a julio, lo cual se debe a que, en opinión de Medina, surgieron situaciones de subrepresentación. Esto quiere decir, que las protestas lograron una mayor y diversa participación, pero las personas y los grupos que lo hicieron fueron desplazados poco a poco, por voces que afirmaban representarlas, pero, en realidad, agendaban intereses propios³⁴.

Hechas estas breves presentaciones, se abordará en el siguiente acápite el análisis jurídico.

La protección de la protesta social en el conflicto armado

Los estudios anteriores nos permiten llegar a unas conclusiones preliminares. La protesta social es un derecho, mediante el cual las clásicas y nuevas formas de organización social expresan su inconformidad frente a las políticas gubernamentales. Esas organizaciones, a su vez, se confrontan con unas formas neoliberales de ostentar y permanecer en el poder, surgiendo así una tensión entre modos de pensar como capitalismo y la redistribución de la riqueza, así como entre la subrepresentación y la necesidad de que nuevos movimientos sean reconocidos.

Dichas reflexiones deben complementarse desde un análisis jurídico, en el cual, puede verse que la protesta social tiene una doble connotación en Colombia. Por un lado, se entiende como un derecho fundamental, y, por otro, es una figura que está íntimamente relacionada con el conflicto armado y, por tanto, requiere un abordaje desde sus lógicas.

El derecho fundamental a la protesta social

El artículo 37, oración 1, de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho que tiene toda parte del pueblo de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, mientras que el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas.

La Corte Constitucional definió el derecho contenido en el artículo 37 de la Constitución Nacional como la "conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es manifestarse —libertad de expresión— frente al funcionamiento del gobierno —control político—, a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas"³⁵.

Como lo indica la definición dada por la Corte Constitucional, la reunión, la manifestación y la protestan tienen una relación estricta con la libertad de expresión (Corte Constitucional, 1994), pues le permite a toda persona exteriorizar su percepción en torno a las instituciones y su funcionamiento³⁶; asimismo, este derecho profundiza la democracia participativa al facilitar la construcción de una conciencia de Estado, mediante³⁷: (a) la expresión de un distanciamiento entre la ciudadanía y la autoridad; y (b) el ejercicio de un derecho para advertir fallas del Estado. Debido a esta relación entre la reunión, la manifestación y la protesta con la libertad de expresión, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho a la manifestación y a la protesta gozan de una protección especial por parte del Estado.

Estos derechos solo pueden ser limitados en virtud de una ley estatutaria, la cual debe contar con unas características específicas³⁸.

En Colombia se intentó reglamentar mediante la Ley 1801 del 2016 varios aspectos de los derechos a la reunión, la manifestación y la protesta; sin embargo, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dicha reglamentación en la sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017 y, hasta el momento, el legislador no ha acogido una norma que desarrolle dichos límites.

En esa medida, estos deben estudiarse por vía jurisprudencial, que contempla cuatro situaciones: (a) la preparación y organización; (b) el ejercicio de las reuniones, manifestaciones y protestas, así como el lugar de la ocurrencia de estas; (c) la afectación de derechos de terceros; y (d) la intervención de la Policía o la Fuerza Pública en general.

Estas situaciones obedecen a los límites intrínsecos previstos en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, así como a los contenidos en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a saber, que toda manifestación debe ser pacífica (Corte Constitucional, 1992) y pueden ser reglamentadas (por ley), para preservar a la sociedad democrática, el interés de la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la salud, la moral o los derechos de terceros.

Para los fines de este artículo, bastará con abordar lo relacionado con el uso de la fuerza. Respecto a los demás, baste con enunciar (sin carácter exhaustivo) que la Corte Constitucional ha manifestado que el Estado puede solicitar el anuncio previo de la manifestación (1994a), siempre y cuando esta se dé en espacios abiertos³⁹. El anuncio previo no puede interpretarse, sin embargo, como una autorización previa a la celebración de la protesta ni como la facultad para crear bases de datos⁴⁰ para saber quiénes organizan, participan o apoyan una protesta, pues ello implica una afectación al ámbito irreductible de protección, así como a otras libertades, como de expresión.

La intervención de la Fuerza Pública

La Corte Constitucional ha sostenido que el Estado puede intervenir a través de su Fuerza Pública, cuando surja una tensión entre la libertad y el orden público⁴¹. Esta afirmación implica que las protestas en sí no son una alteración al orden público⁴² que faculte a cualquier intervención estatal; significa, por el contrario, que pueden ocurrir eventos, en los cuales, el ejercicio del derecho pueda derivar en una alteración grave al orden público. Además, esa intervención de la Fuerza Pública debe darse mediante una concepción de la seguridad que no solo admite la protesta, la protege y garantiza⁴³. En esa medida, la regla inicial consiste en que la intervención de la Fuerza Pública solo es excepcional.

La intervención, a su vez, debe verse, entre otros, desde dos dimensiones: (a) el trato que reciben los manifestantes por parte del Estado, y (b) la intervención concreta de la Fuerza Pública, como alternativa para resolver la tensión entre la libertad y el orden público.

Respecto al trato estatal hacia los manifestantes, la Corte Constitucional ha desarrollado la prohibición de selectividad penal. Esta significa que el Estado no puede criminalizar la protesta ni a los manifestantes, por el hecho de organizar y poner en marcha una reunión, manifestación y protesta⁴⁴; esta prohibición implica, además, que las autoridades no se encuentran facultadas para infiltrar las marchas, así como interceptar o vigilar las comunicaciones de los organizadores de las protestas⁴⁵.

Estas reglas encuentran armonía con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la criminalización de las protestas (uso excesivo del poder punitivo y la persecución judicial de manifestantes) es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues constituye una afectación grave al ejercicio de la protesta e implica consecuencias grandes para el ejercicio de la libertad de expresión, el control político y el pluralismo⁴⁶. Esta criminalización se puede dar, entre otras formas, mediante procesos penales fundados en hechos sin evidencias o pruebas falsas, que resultan en medidas aflictivas, tales como prisiones preventivas, decomisos, allanamientos y registros, en varias ocasiones violentos⁴⁷.

En cuanto a la intervención de la Fuerza Pública (en especial, de la Policía), la jurisprudencia constitucional⁴⁸ y los estándares interamericanos prohíben el uso de la fuerza letal como alternativa para resolver las tensiones entre la libertad y el orden público.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, ha considerado dos situaciones diversas, a saber: el uso de armas de fuego y el uso de las armas menos letales.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso de armas de fuego está sometida al principio de máxima restricción, pues ellas, por tendencia, no suelen cumplir con los principios de necesidad estricta y proporcionalidad⁴⁹. En esa medida, solo pueden usarse cuando está amenazada la vida e integridad de efectivos policiales o terceras personas y las armas no letales no puedan reducir a quienes los amenazan⁵⁰. Asimismo, la Comisión ha manifestado que las armas menos letales requieren pasar por exámenes estatales muy rigurosos, en especial cuando se está ante el uso de armas cargadas con cartuchos de munición de plomo, de goma o de estruendo, así como de gases lacrimógenos, pues ellos pueden tener un impacto grave en la salud e integridad de las personas⁵¹.

Junto con el principio de máxima restricción del uso de armas de fuego y la recomendación de no usar armas como los proyectiles de goma, recubiertos de goma, de plástico o de caucho, la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han desarrollado reglas para la intervención de la Fuerza Pública en las protestas sociales.

Estas reglas están precedidas por el principio de legalidad, así como por los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad. Esto quiere decir, que la Fuerza Pública solo podrá intervenir en los casos y con los métodos (y protocolos) previstos expresamente en la ley⁵². Si la Fuerza Pública encuentra que se configura una causal expresa que le permite intervenir, aquella deberá verificar cuáles son las medidas menos lesivas para los derechos de los manifestantes (absoluta necesidad) y llevarlas a cabo, procurando minimizar los daños o las lesiones y brindando la inmediata asistencia a las personas afectadas (proporcionalidad), conforme con los criterios desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos⁵³.

La Corte Constitucional manifestó, además, que la intervención de la Fuerza Pública es excepcional y puede darse solo cuando surja una irrupción del orden público (2017). Si esto ocurre, la Policía puede intervenir, siempre que su actuar sea proporcional en el sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se cumplan determinadas reglas constitucionales⁵⁴.

La relación entre la protesta social y el conflicto armado

La jurisprudencia de la Corte ha encontrado, además, que la protesta social tiene una estrecha relación con el conflicto armado. No es la primera vez que un derecho fundamental aparece comprometido por el conflicto armado⁵⁵. Visto desde una perspectiva histórica, la relación se funda en el discurso gubernamental que se construyó en torno a este derecho. La Comisión de la Verdad explica que, a comienzos de 1960, la inversión en la educación pública creció significativamente, pero, en paralelo, la participación estudiantil en movimientos sociales y el surgimiento de protestas sociales llevó a que entre 1965 y 1975 se decretaran cuatro estados de sitio para repeler dichas protestas⁵⁶ y a que, tiempo después, y en vigencia del estatuto de seguridad⁵⁷, algunos manifestantes fueran capturados por la mera sospecha de pertenecer a grupos, como el M-19, con el único fundamento de que aquellos habían participado en alguna manifestación.

Esto da a entender que la protesta se asoció más con la formación y acción de grupos subversivos y, por tanto, el Gobierno veía necesario actuar de manera contundente para preservar la institucionalidad y el orden, sin importar la garantía de derechos fundamentales, el deber de investigar y determinar si una persona, efectivamente, pertenecía a un grupo subversivo o si se estaba ante el ejercicio de derechos. En otras palabras, la protesta social se convirtió en un indicio fuerte de sospecha para identificar enemigos o partes del conflicto armado y no en un instrumento para ejercer un control efectivo al poder público.

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional asumió el reto de construir distinciones entre las diversas situaciones que podían darse en la calle. En especial, la Corte fijó reglas para distinguir entre la protesta social y el disturbio público⁵⁸. En el estudio de la Ley de Amnistía e Indulto, la Corte reiteró que la protesta social es un derecho fundamental, ejercido por la ciudadanía, mientras que el disturbio público mienta una alteración del orden, a través de la comisión de conductas punibles⁵⁹. Esto no implica, en términos de la Corte, que toda protesta social esté exenta de alteraciones al orden o de la comisión de conductas; es posible que, en el desarrollo de una manifestación, ocurran actos que atenten contra la vida e integridad de las personas o contra los bienes públicos y privados⁶⁰; sin embargo, la ocurrencia de estos hechos no puede llevar a pensar que la protesta social es, en sí, la expresión de un enemigo que busca confrontar al Estado⁶¹. Por ello, la Corte ha sostenido que, ante la ocurrencia de alteraciones violentas al orden, existe el deber de separar la protesta de dichas conductas y de investigar quiénes participaron en ella, con qué lógicas y la pertenencia a un grupo⁶².

Pero, además, la Corte resaltó que es posible que la protesta haya sido afectada desde las lógicas del conflicto y haya recibido un tratamiento que la desdibuja de su función en un sistema democrático. Así, la Corte indicó que los acuerdos de paz celebrados entre el Gobierno nacional y las FARC-EP⁶³ deben encaminarse a reivindicar la protesta, pues ella no puede continuar siendo objeto de criminalización. Esto exige, comprender cómo el conflicto armado pudo ser una causa directa en la ocurrencia de excesos en las protestas, para así poder distinguir claramente entre el ejercicio del derecho y los actos propios del conflicto armado⁶⁴. Esta distinción permitiría entender, a su vez, que la protesta no está vinculada a la rebelión, sino que se torna en un escenario donde convergen distintos actores, con diferentes intereses y la defensa de causas divergentes⁶⁵. Y en esta convergencia, es posible que la protesta sea objeto de un acto de violencia o que los manifestantes sean víctimas por parte de miembros pertenecientes al conflicto armado.

La protesta en el SNARIV

Si la protesta tiene un nexo con el conflicto armado, surge la pregunta de si un hecho ocurrido en una manifestación puede ser catalogado como objeto de reparación en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto del mismo modo que, frente al conflicto armado, se plantea un tipo de justicia restaurativa que atienda como prioridad a las víctimas⁶⁶. En concreto, podría preguntarse si las acciones violentas ocurridas durante las manifestaciones del 2019 y el 2021 pueden ser catalogadas como hechos victimizantes en el conflicto armado.

Para responder a esta pregunta, debe aclararse, preliminarmente, que no es objeto del presente artículo profundizar en el SNARIV ni en los mecanismos de repa-ración⁶⁷. Concurre entonces la relación complementaria que existe entre las vías judiciales de reparación y los mecanismos administrativos. Asimismo, la literatura ya ha abordado la forma en que el procedimiento de reparación integral opera en el sistema en virtud de la Ley 1448 del 2011.

En esa medida, el objeto de la pregunta debe centrarse en la puerta de entrada al sistema, es decir, el artículo 3 de la Ley 1448, que establece tres requisitos esenciales para poder entender que un hecho puede ser objeto de estudio y reparación en el SNARIV. De acuerdo con la disposición, para que una persona sea admitida en el proceso de reparación integral previsto en la Ley 1448, es necesario, en primer lugar, que haya sufrido un daño producto de una grave violación de los derechos humanos o de una infracción del Derecho Internacional Humanitario; en segundo, ese daño debió producirse con posterioridad al 1.° de enero de 1985; y, en tercero, el daño debe haber ocurrido con ocasión del conflicto armado interno.

De estos requisitos, el daño y el momento de la ocurrencia no presentan mayor dificultad. Por ejemplo, las muertes de Dilan Cruz y de Lucas Villa ocurrieron durante las protestas del 2019 y el 2021, respectivamente, y existe evidencia que indica que ellos fueron víctimas por un uso desproporcionado de la fuerza (caso Dilan) o por la omisión de agentes estatales de atender denuncias sobre posibles actos por parte de grupos armados organizados. Asimismo, y como se indicó en la formulación del problema, la Corte ya ha conocido de casos en los cuales agentes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) emplearon armas de fuego, balas de goma y perdigones (todas restringidas de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y causaron daños severos a la integridad de las personas, como la pérdida de ojos, entre otros.

La dificultad radica, en realidad, en poder establecer si existe o no una relación entre lo ocurrido en la protesta y el conflicto armado⁶⁸. Si bien puede afirmarse que la protesta ha sido estigmatizada históricamente, no por ello se infiere que todo lo ocurrido en ella sea parte del conflicto armado. Pueden darse casos en los cuales, las protestas tengan un detonante propio y la tensión se dé entre representantes de intereses ajenos al conflicto⁶⁹.

En esa medida, el análisis que debe hacerse en torno a la relación de la protesta y el conflicto armado debe ser precisa. Para ello, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional reconoció que un primer criterio para resolver esta duda consiste en aplicar el concepto de relación cercana y suficiente con el conflicto⁷⁰. Según la Corte, esta relación puede darse cuando el hecho victimizante está motivado por una causa propia del conflicto armado, por ejemplo, cuando se quiere ejercer dominio sobre un territorio o mantener el control sobre municipios. Asimismo, puede existir una relación cercana y suficiente, cuando la persona que es víctima de un hecho ha sido declarada como objetivo por parte de los miembros del conflicto.

Un segundo criterio consiste en apreciar las distintas dinámicas que surgen en una protesta social. Existen casos en los cuales las manifestaciones pueden ser producto de presiones por parte de grupos armados, lo que afectaría el carácter espontáneo de la protesta social y su función de servir como mecanismo de participación en una sociedad democrática⁷¹.

Un tercer criterio sería entender que la protesta social tiene un origen espontáneo y unas causas propias, pero, durante su desarrollo, partes del conflicto aprovechan para realizar acciones, tales como infiltraciones, atentados u otras operaciones, que atentan, en principio, a las organizaciones (instituciones, grupos armados, etc.), pero repercuten en otras personas.

Un cuarto criterio consiste en el uso del lenguaje. Como se indicó en la formulación del problema, la Comisión Interamericana recalcó que la protesta social sigue siendo tratada por medio de las dinámicas del conflicto armado. En tales dinámicas está la criminalización del protestante (como se explicó anteriormente), pero no toda criminalización es en sí una relación directa con el conflicto. Puede ocurrir, en algunas ocasiones, que el protestante sea tratado como un "vándalo". Si bien esta etiqueta constituye en sí una violación a los derechos humanos, no materializa una relación cercana y suficiente con el conflicto. Para que ello pueda darse, sería necesario que la criminalización implique asociar a una persona a una parte del conflicto y, a partir de ello, crear la imagen de peligrosidad de la persona.

Al ver estos criterios, podría decirse, entonces, que existe la posibilidad de reconocer la protesta social en el sistema de reparación. Ahora bien, hasta el momento, surge una dificultad empírica. Los actos administrativos que incluyen personas en el Registro Único de Víctimas (RUV) son de carácter reservado y ello impide conocer si se han reconocido o no hechos ocurridos dentro o con ocasión de la protesta social; por otra parte, la Corte Constitucional no ha conocido de revisión casos, en los cuales se cuestione el razonamiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al estudiar casos relacionados con la protesta social.

Por tanto, este planteamiento propuesto se convierte en una hipótesis que deberá ser comprobada en los próximos años, cuando, por vía judicial, se discuta la inclusión de víctimas por hechos ocurridos en las protestas entre el 2019 y el 2021.

Conclusiones

En este artículo se abordó la pregunta de si la protesta social puede ser reconocida en el SNARIV, lo que supone reconocer que la protesta tiene un vínculo con el conflicto armado.

Para responder esta cuestión, se contextualizó el problema de investigación y se indicó que, de acuerdo con las protestas ocurridas entre el 2019 y el 2021, los Estados han asumido una respuesta frente a los manifestantes. Así, algunos reconocen el ejercicio del derecho, mientras que otros, como lo expresa The Economist, han entendido que las protestas se transforman en una amenaza para la democracia en sí.

Pero al revisar estas respuestas en Colombia, se advierte que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo hay una respuesta negativa, sino que esta se rige por dinámicas de conflicto. Esto llevó a reflexionas sobre qué discuten los autores en estos momentos y de qué manera se da la relación entre protesta y conflicto.

De este análisis, se encontró que la protesta social ha sido objeto de criminalización permanente (desde la década de 1960), cuando los manifestantes han sido tratados como miembros de grupos armados. Dicha práctica caló en la manera en que responden los gobiernos a las demandas ciudadanas.

Pero, además, el análisis permitió encontrar que la Corte Constitucional ha hecho un ejercicio interesante por reivindicar la protesta social, diferenciarla del disturbio y explicar que, en algunas ocasiones, las manifestaciones pueden quedar en medio de lógicas del conflicto armado. Al estar en ellas, surge la posibilidad de que la protesta sea reconocida en el SNARIV.

Notes

¹ Germán Silva García, Angélica Vizcaíno Solano & Bernardo Pérez-Salazar, "The Debate Concerning Deviance and Divergence. A New Theoretical Proposal", Oñati Socio-Legal Series 14, núm. 2 (2024), 505-529. https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1813

² Jorge Enrique Carvajal & Óscar Javier Trujillo Osorio, "Protesta social en América Latina: análisis desde la divergencia como categoría de la criminología del Sur Global", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 27 (2023), 185-214. https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/282

³ Luis Felipe Dávila, "Cuando dos puntos se alejan: desviación, divergencia y órdenes sociales amalgamados", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 27 (2023a), 75-102. https:// nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/278. Enrique del Percio, "Divergencia: inquietantes manifestaciones del amor, el sexo, el derecho y otras instituciones", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 27 (2023), 7-36. https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index. php/IlaeOjs/article/view/276. Pablo Elías González Monguí, "Divergencia social, selectividad e inmunidad en la aplicación del derecho penal", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 27 (2023b), 37-74, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/277. Jairo Vladimir Llano Franco, "Diversidad, pluralismo, divergencia y multiculturalismo: el movimiento indígena por el reconocimiento en Colombia", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 27 (2023), 243-272, https://www.researchgate.net/publication/375582987_Diversidad_pluralismo_divergencia_y_multiculturalismo_el_movimiento_indigena_por_el_reconocimiento_en_Colombia_Diver-sity_pluralism_divergence_and_multiculturalism_the_indigenous_movement_for_recogniti. Marco Alberto Quiroz Vitale, "Divergencia y desviación como categorías del pensamiento criminológico", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 27 (2023), 215-242, https://nuevosparadigmas. ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/283

⁴ Pablo Elías González Monguí, et al., "Estigmatización y criminalidad contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia", Revista Científica General José María Córdova 20, núm. 37 (2022), 143-161, https://doi.org/10.21830/19006586.810. Angie Daniela Amaya Pérez, "Zonas de reserva campesina, proyectos políticos territoriales y pluralismo jurídico en Colombia", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 28 (2023), 7-46, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/288

⁵ Ejemplo de estas decisiones se encuentran en los siguientes autos: (a) A-576 del 2021, en el cual se pregunta quién es el juez competente para conocer el presunto homicidio cometido por un miembro de la Policía Nacional, quien disparó a un manifestante; (b) A-862 del 2022, que estudió la competencia para juzgar el uso de balas de goma, de perdigones y de fuego para dispersar la protesta social en Cali; (c) A-1382 del 2024, en el cual se determinó la competencia para conocer de los ataques que sufrieron dos mujeres, quienes fueron atacadas por el Esmad y recibieron disparos de balas de goma en sus ojos y pecho.

⁶ Un ejemplo interesante se ve en la aclaración de voto hecha por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado en la Sentencia SU-397 del 2021. En esa decisión, se estudiaba la expulsión de personas extranjeras por motivo de la protesta social y la Corte acudió al informe de la Comisión, así como a una decisión de la Corte Suprema de Justicia (STC7641-2020). Para la magistrada, estas referencias eran impertinentes e innecesarias porque no evidenciaban prueba alguna de la participación de los extranjeros en la protesta (a pesar de que, incluso en medios, se presentó una relación entre la expulsión y la protesta).

⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia (Washington D. C., 2021), 2, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

⁸ DanielaJiménez, LauraForero & Diana Guzmán, "ABC delaprotestasocialycrisis de los derechoshumanos" (2021),Dgusticia, https://www.dejusticia.org/abc-de-la-protesta-social-y-de-la-crisis-de-derechos-humanos-en-colombia/

⁹ Ministerio de Defensa, "Terrorismo urbano de baja intensidad, la nueva amenaza que enfrenta el país: ministro de Defensa" (2021), https://www.cgfm.mil.co/es/multimedia/noticias/ terrorismo-urbano-de-baja-intensidad-la-nueva-amenaza-que-enfrenta-el-pais

¹⁰ Comisión de la Verdad, "¿Qué tiene que ver el asesinato de Lucas Villa y la violencia durante el paro en el Eje Cafetero con el conflicto armado?" (2021), https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ lucas-villa-violencia-durante-paro-eje-cafetero-conflicto-armado#:~:text=Los%20participantes%20 coincidieron%20en%20que,Lucas%20Villa%2C%20reflejan%20esta%20realidad

¹¹ José Cristancho, "Protesta social, derechos humanos y discurso de las 'manzanas podridas' en Colombia", Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano XXVII (2021), 134ss., https://revistas-colaboracion. juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/download/40811/37595

¹² William Sierra, "Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano", Política, Globalidady Ciudadanía 8, núm. 16 (2022), 184ss., https://doi.org/10.29105/pgc8.16-9

¹³ The Economist. Intelligence Unit, Democracy Index 2019. A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest (Londres: 2020), 6ss., https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf

¹⁴ The Economist. Intelligence Unit, Democracy Index 2019, 6.

¹⁵ Lucía Lijtmaer, Ofendiditos: sobre la criminalización de la protesta. 9.^a Ed. (Barcelona: Anagrama, 2021), 59ss.

¹⁶ Ofrezco unas disculpas a los autores que citaré. Quizá la síntesis que exige este tipo de textos trae consigo el riesgo de presentar equivocada o incompletamente las ideas que construyeron. Espero que mis imprecisiones no sean mayores.

¹⁷ Óscar Donato, Del voto al veto: una introducción filosófica de la transformación de los movimientos sociales. (Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024), 19.

¹⁸ Donato, Del voto al veto, 67ss.

¹⁹ Donato, Del voto al veto, 42ss.

²⁰ Donato, Del voto al veto, 149ss.

²¹ Donato, Del voto al veto, 173.

²² Sandra Borda, Parar para avanzar (Bogotá: Crítica, 2020), 17.

²³ Borda, Parar para avanzar, 64.

²⁴ Borda, Parar para avanzar, 56ss.

²⁵ Borda, Parar para avanzar, 72ss.

²⁶ César Giraldo, "Paro nacional: disputa entre capital y trabajo", en Estallido social 2021. Expresiones de vida y resistencias (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2023), 109ss.

²⁷ Giraldo, "Paro nacional: disputa", 121ss.

²⁸ Giraldo, "Paro nacional: disputa", 125ss.

²⁹ Giraldo, "Paro nacional: disputa", 145.

³⁰ Juan Celis & Santiago Garcés, "El estadillo social como cuestionamiento a la hegemonía neoliberal y belicista", en Celis, Juan (coord.), Estallido social. Expresiones de vida y resistencias (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2023), 164ss.

³¹ Celis & Garcés, "El estadillo social", 181s.

³² Medófilo Medina, "Inscripción histórica, personalidad sociocultural del estallido social el 2021", en Estallido social 2021. Expresiones de vida y resistencias (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2023), 49ss.

³³ Medina, "Inscripción histórica, personalidad sociocultural", 50.

³⁴ Medina, "Inscripción histórica, personalidad sociocultural", 60.

³⁵ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017, https://www.corteconstitucional.gov. co/relatoria/2017/c-223-17.htm

³⁶ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

³⁷ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

³⁸ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

³⁹ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-711 del 2005, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105 del Decreto Ley 1355 de 1970 "por el cual se dictan normas sobre policía, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-711-05.htm

⁴⁰ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-742 del 2012, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-742-12.htm

⁴¹ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

⁴² Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-007 del 2018, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-007-18.htm

⁴³ Luis Felipe Dávila, "Enfoques de seguridad: disertación sobre la seguridad ciudadana, pública y humana", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 28 (2023b), 113-144, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/download/291/647/1469

⁴⁴ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

⁴⁵ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

⁴⁶ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 2019), 63ss., https://www.refworld.org/es/ref/infortem/cidh/2019/es/134280

⁴⁷ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y derechos humanos, 66.

⁴⁸ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

⁴⁹ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y derechos humanos, 45.

⁵⁰ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y derechos humanos, 45.

⁵¹ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y derechos humanos, 47. "La Comisión ha advertido sobre el frecuente efecto indiscriminado de las armas menos letales en el contexto de protestas sociales. Este es el caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición que, en ocasiones, son utilizados para disparar proyectiles de goma, recubiertos de goma, de plástico o caucho. El uso de este tipo de armas debe ser desaconsejado, debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su impacto. Es importante impulsar estudios para profundizar el conocimiento médico disponible respecto de los impactos en la salud y en la integridad de cada una de las armas existentes, así como cuáles son las formas seguras de uso de cada tipo de arma".

⁵² Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017.

⁵³ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y derechos humanos, 42s.

⁵⁴ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-223 del 2017. "A partir de lo expuesto, debe entenderse que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 37 un modelo de gestión negociada de intervención policial en las manifestaciones sociales. Este tiene una tendencia a la selectividad estratégica de intervención de la Policía y que prohíbe un modelo de fuerza estatal intensificada. Ello quiere decir que el Legislador colombiano debe, como mínimo, establecer pautas que: (i) permitan un diálogo entre los organizadores de la marcha y la autoridad, (ii) que tal diálogo construya una planificación de la protesta y evite el choque de intereses, (iii) que al existir un choque, exista una gestión negociada del conflicto que se resuelva con favorabilidad al derecho de reunión, (iv) una vez se supere la planeación y se pase a materializar la marcha, será deber de la autoridad mantener altos niveles de tolerancia social hacia la expresión de las ideas difundidas en la marcha, (v) que dentro del proceso de comunicación entre la autoridad y los organizadores se dejen reglas claras sobre qué comportamientos son tolerables y cuáles están prohibidos legislativamente, sin que ello consista en instrucciones o pautas institucionales para realizar la manifestación, (vi) si se incumplen tales límites, la autoridad debe recurrir como ultima ratio a las detenciones preventivas, se prohíben las detenciones fundadas en el derecho legítimo que tienen las personas a la desobediencia civil, más sí son constitucionales aquellas detenciones fundadas en razonamientos preventivos para la comisión de delitos; (vii) igualmente, está facultada la Policía para usar, como último recurso la fuerza no letal, solo si existe un agotamiento previo de las etapas de diálogo y comunicación, pudiendo ser selectiva la Policía con aquellos manifestantes que promuevan actos contrarios a lo permitido por el legislador, (ix) es permitida la vigilancia selectiva —peligrosista— de participantes en las marchas, solo si el Estado tiene motivos constitucional y legalmente fundados —desvirtuando la presunción de inocencia— para intervenir a aquellos que este considere 'potencialmente disruptivos' o 'peligrosos'".

⁵⁵ El derecho al medio ambiente, Germán Silva García & Diana Marcela Bonilla Uyaban, "La sostenibilidad en el análisis criminológico. El caso de la minería carbonífera en Boyacá", Via Inveniendi et Iudicandi 18, núm. 2 (2023), 270-292, https://doi.org/10.15332/19090528.9743. El derecho a la democracia, Germán Silva García y Bernardo Pérez Salazar, "International Anti-Drug Policies and Corrupt Public-Private Coalitions: Perspectives from a Criminology of the Global South", Revista de Economía Institucional 26, núm. 51 (2024b), 139-163, https://doi.org/pnvd. El derecho a la movilidad, Germán Silva García & Bernardo Pérez Salazar, "Infracciones de movilidad en Colombia. Abusos de poder y derecho a la libre circulación", Estudios Constitucionales 22, núm. 2 (2024a), 196-227, https://estudiosconstitucionales.utalca.cl/index.php/ home/article/view/184/72. El derecho a la seguridad, Germán Silva García, Bernardo Pérez Salazar & Pablo Elías González Monguí, "La Paz Total. ¿El crimen sí paga? Percepciones del conflicto y la negociación en Colombia", Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política 16, núm. 1 (2025), 1-24, https://doi.org/10.7770/rchdcp-v16n1-art467

⁵⁶ Comisión de la Verdad, "Caso 52. Universidades y conflicto armado", en Hay futuro si hay verdad (Bogotá: Comisión de la Verdad, 2023a), https://www.comisiondelaverdad.co/caso-52-universidades-y-conflicto-armado

⁵⁷ Comisión de la Verdad, "El estatuto de seguridad", en Hay futuro si hay verdad (Bogotá: Comisión de la Verdad, 2023b), https://www.comisiondelaverdad.co/el-estatuto-de-seguridad

⁵⁸ Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad C-007 del 2018.

⁵⁹ Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad C-007 del 2018.

⁶⁰ Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad C-007 del 2018.

⁶¹ Sobre el derecho penal de enemigo, Pablo Elías González Monguí, "De la clase criminal y de las clases peligrosas al derecho penal del enemigo", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 28 (2023a), 177-222, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/article/view/293

⁶² González Monguí, "De la clase criminal", 177-222.

⁶³ Angie Ruiz, "Implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final con las FARC-EP: evolución, desafíos y perspectivas en razón del nuevo periodo presidencial 2018-2022", Via Inveniendi et Iudicandi 14, núm. 1. (2019), 107ss., https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2019.0001.04

⁶⁴ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-080 del 2018, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm. "508. En criterio de la Corte, el fundamento directo de la norma analizada en el Acuerdo Final indica que las partes que lo suscribieron consideraron conveniente adoptar medidas para que, a la finalización del conflicto, la protesta pacífica se fortalezca, pues, sin llegar a 'criminalizarla', comprendieron que el conflicto armado interno pudo ser causa directa o indirecta de excesos ocurridos en protestas, que llevaron a que estas perdieran el carácter pacífico y que, por lo tanto, llevaron al ejercicio del poder punitivo del Estado".

⁶⁵ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-080 del 2018. "509. Esta relación que, en principio, puede generar la duda de si se está vinculando erróneamente la protesta a la rebelión; o si, desde otro punto de vista, se está extendiendo la amnistía a delitos comunes, es plenamente comprensible en un conflicto armado no internacional como el colombiano, en el cual su extensa duración, multiplicidad de actores y víctimas, la diversidad de elementos detonantes, entre otros aspectos, llevaron a dinámicas muy complejas, que pudieron afectar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta".

⁶⁶ Diana Lorena Peña Gutiérrez, "Justicia transicional y reparación integral de víctimas en Colombia: el caso de las ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' de Soacha", Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 14, núm. 28 (2023), 47-74, https://nuevosparadigmas.ilae.edu.co/index.php/IlaeOjs/ article/view/289. Germán Silva García & Pamela Tinoco Ordóñez, "La justicia restaurativa. Un parangón entre la justicia penal y la transicional", Araucaria 26, núm. 57 (2024), 483-504, https://doi.org/10.12795/ araucaria.2024.i57.23

⁶⁷ Alberto Álvarez, "Instrumentos jurídicos para la protección y restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente", Via Inveniendi et Iudicandi 11, núm. 2 (2016), 138, https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2016.0002.06

⁶⁸ En ese contexto, resulta de alto interés conocer la historia y las dinámicas de la protesta campesina. Al respecto, Amaya Pérez, "Zonas de reserva campesina", 7-46.

⁶⁹ Un ejemplo de ello serían las protestas de los lecheros y transportadores, ocurrida en el 2013, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos pronunció la famosa frase: "Ese tal paro no existe". Otro ejemplo se encontraría en el paro de taxistas que ocurrió en la década de 1990 y que produjo un bloqueo en toda Bogotá, o los paros de taxistas dirigidos a combatir plataformas como Uber.

⁷⁰ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-253A del 2012, https://www.corteconstitucional.gov. co/relatoria/2012/c-253a-12.htm. "Por otra parte, en esa sentencia la Corte también se refirió a los criterios materiales determinantes para establecer si se está ante una conducta que deba entenderse cobijada por las normas que regulan los conflictos armados, que resultan particularmente relevantes para el problema que se ha planteado en esta oportunidad. Puntualizó la Corte que "[e]n términos materiales, para que un determinado hecho o situación que ha ocurrido en un lugar en el que no se han desarrollado los combates armados quede cubierto bajo el ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, es necesario que tal hecho o situación guarde una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto. Así, no todos los hechos ilícitos que ocurren durante un conflicto armado se someten al derecho internacional humanitario; 'solo aquellos actos suficientemente relacionados con el desarrollo de las hostilidades están sujetos a la aplicación de este derecho. [...] Es necesario concluir que el acto, que bien podría ser cometido en ausencia de un conflicto, fue perpetrado contra la víctima o víctimas afectadas por razón del conflicto en cuestión'. La jurisprudencia internacional ha proporcionado distintos criterios para determinar la existencia de un nexo cercano entre un determinado hecho o situación y el conflicto armado internacional o interno en el que ha tenido lugar; así, ha señalado que tal relación cercana existe 'en la medida en que el crimen sea moldeado por o dependiente del ambiente en el que se ha cometido —v. g. el conflicto armado—Al determinar la existencia de dicha relación las cortes internacionales han tomado en cuenta factores tales como la calidad de combatiente del perpetrador, la calidad de no combatiente de la víctima, el hecho de que la víctima sea miembro del bando opuesto, el hecho de que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de una campaña militar, o el hecho de que el acto haya sido cometido como parte de los deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos deberes. También ha precisado la jurisprudencia, en casos de comisión de crímenes de guerra, que es suficiente establecer que 'el perpetrador actuó en desarrollo o bajo la apariencia del conflicto armado', y que 'el conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la comisión del crimen, sino que la existencia del conflicto debe haber jugado, como mínimo, una parte sustancial en la capacidad del perpetrador para cometerlo, en su decisión de cometerlo, en la manera en que fue cometido o en el objetivo para el que se cometió'".

⁷¹ Por ejemplo, existen casos en los cuales, de acuerdo con la información del Estado, se evidencia que las personas de un pueblo salen a protestar por la llegada de fuerzas militares a la zona. Estas protestas, a su vez, no se dan por una discrepancia ciudadana, sino por órdenes directas de grupos armados.

Referencias

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