Derecho penal especial.
Tomo I (Bogotá: Ibáñez, 2022)

Jesús Enrique Archila Guio,
Lady Andrea Beltrán Cárdenas,
Carlos Andrés Bernal Castro,
Jorge Enrique Carvajal Martínez,
Luis Felipe Dávila,
Alfonso Gómez Méndez,
Alfonso Daza González,
Pablo Elías González Monguí,
Mateo Mejía Gallego,
Leydi Yesenia Ramírez Aristizábal,
Germán Silva García

El libro Derecho penal especial. Tomo 1 aborda, desde un enfoque metodológico, la investigación jurídica del Código Penal (Ley 599 de 2000 - Parte Especial). En él se analizan, de manera completa y detallada, los principios y normas que rigen los delitos. En consecuencia, examina la relación entre el hecho y la norma jurídica que lo regula, considerando los aspectos objetivos, subjetivos y normativos que tipifican los elementos esenciales para la configuración de un delito.

A lo largo de la investigación, se citan casos y momentos históricos a nivel mundial que han influido en la evolución de las normas y leyes sobre los delitos abordados, así como su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano. En este contexto, se presenta un análisis comparativo que evidencia la ambigüedad en la penalización de ciertos delitos en el país, donde en ocasiones las penas pueden resultar desproporcionadas o ineficaces. A partir de este análisis, se plantea la necesidad de una reforma penal que garantice tanto la prevención del delito como la protección de los derechos del acusado.

El libro se estructura en nueve capítulos, organizados conforme a la jerarquía establecida en el Código Penal. Cada capítulo se centra en un tema específico, explorando en profundidad tanto los conceptos fundamentales como los elementos y características de los delitos. Además, ofrece una herramienta interpretativa del debido proceso, no solo desde la conceptualización etimológica de los delitos, sino también a través del análisis de diversos autores, lo que permite una comprensión más profunda de su definición. Asimismo, se examinan las circunstancias que pueden agravar o atenuar la responsabilidad penal, tanto en relación con el sujeto activo del delito como con las medidas de seguridad y la eficacia de las penas en términos de reinserción social.

El primer capítulo aborda los delitos contra la vida y la integridad personal, incluyendo el genocidio, el aborto, los distintos tipos de homicidio, la inducción y ayuda al suicidio, el infanticidio y el feminicidio. Para su fundamentación, se emplean fuentes como el Ministerio de Justicia, la Corte Constitucional de Colombia, la ONU y la Real Academia Española, entre otras. Estas fuentes no solo proporcionan definiciones e información histórica, sino que también permiten caracterizar e individualizar cada delito. No obstante, persisten vacíos normativos en la tipificación de ciertos comportamientos, como el acoso o la violencia a través de redes sociales que conducen al suicidio, ya que actualmente no existen estadísticas ni información suficiente para su adecuada regulación.

En Colombia, el conflicto armado interno ha enfrentado a diversos actores, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares, lo que ha dado lugar a numerosas infracciones del derecho internacional humanitario. Muchas de estas violaciones han sido investigadas tanto a nivel nacional como internacional. Estos temas son abordados en los capítulos II y III, donde se analizan los delitos contra las personas, el derecho internacional humanitario y los delitos contra la libertad individual. También se desarrollan cuestiones de gran impacto social, como la desaparición forzada, el secuestro, la detención arbitraria y la tortura. A pesar de los esfuerzos por reducir estos delitos y de las reformas legales implementadas en los últimos años, la situación sigue siendo compleja, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.

El cuarto capítulo está dedicado a los delitos contra la familia, cuyo objetivo es sancionar conductas que afectan el bienestar de sus miembros, con especial énfasis en la protección de mujeres, niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables. Sin embargo, existen vacíos jurídicos en casos como el abuso emocional o la negligencia psicológica, cuya dificultad probatoria puede obstaculizar la aplicación efectiva de la ley. Para el desarrollo de este apartado, los autores toman como referencia la Ley 599 de 2000, Parte Especial, Título VI, en el cual se definen como delitos los actos que afectan la estructura y los derechos fundamentales de la familia. Entre ellos, se incluyen la violencia intrafamiliar, el maltrato por negligencia o abandono en personas mayores de 60 años, el ejercicio arbitrario de la custodia de menores y la inasistencia alimentaria.

El capítulo V examina los delitos contra el patrimonio cultural sumergido, un tema de creciente preocupación en Colombia debido a la riqueza histórica y cultural que yace en sus aguas. Aunque la legislación ha avanzado en la protección de este patrimonio, persisten desafíos como la falta de recursos, el tráfico ilegal y la necesidad de mayor concienciación sobre su importancia. Si bien las sanciones contra quienes violan estas normativas son severas, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las leyes siguen siendo esenciales para garantizar la protección de estos bienes para las futuras generaciones. En este capítulo, se analiza el caso del Galeón San José.

En cuanto a los capítulos VI y VII, titulados "Delitos contra la fe pública", de Mateo Mejía Gallego, y "Delitos contra la administración pública", de Alfonso Daza González, se destacan delitos como la falsificación de moneda y documentos, así como el peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y el prevaricato. Estos crímenes subrayan la corrupción y el abuso de poder por parte de servidores públicos, lo que afecta la confianza en las instituciones y perjudica la justicia y el bienestar social. Aunque las sanciones para estos delitos son estrictas, los autores enfatizan la necesidad de promover la educación jurídica, la concienciación social y la cooperación interinstitucional para prevenirlos de manera efectiva.

En el capítulo VIII, Jorge Enrique Carvajal Martínez examina los delitos de traición a la patria, analizando delitos contra la existencia y seguridad del Estado, como la hostilidad militar, la instigación a la guerra y la traición diplomática. Según el Código Penal, las penas para estos delitos pueden incluir hasta 45 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en los casos más graves, la confiscación de bienes adquiridos ilícitamente o utilizados en actividades de traición. La gravedad de estos delitos radica en su potencial para poner en riesgo la estabilidad del Estado y la democracia.

Por último, en el capítulo IX, Germán Silva García analiza los delitos contra el régimen constitucional y legal, abordando figuras como la rebelión, la sedición, la asonada y la conspiración. Estas conductas representan intentos de alterar el orden democrático y constitucional, por lo que su persecución resulta crucial para la estabilidad política y la consolidación del Estado de derecho. Combatir estos delitos es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema judicial.

A medida que avanza el desarrollo del libro, se evidencia un enfoque comparativo que combina el derecho penal con la criminología. Aunque ambos campos poseen enfoques distintos, su interrelación es fundamental para una mejor comprensión del delito. Como afirman Silva García, González Monguí, Vizcaíno Solano y Pérez Salazar (2021) en su capítulo “Abrir la caja de Pandora: Retos y dilemas de la criminología colombiana”, la criminología proporciona el contexto y la comprensión del delito, mientras que el derecho penal establece las normas y las respuestas legales ante estos comportamientos. Esta interacción enriquece la reflexión sobre la justicia y la eficacia del sistema penal, permitiendo un análisis crítico desde diversas perspectivas.

En conclusión, este libro representa una herramienta académica valiosa para quienes se interesan en el derecho penal, ya que ofrece una visión detallada de los conceptos jurídicos de manera estructurada y a través de un enfoque sistémico. Además, presenta ejemplos de la vida real que facilitan la comprensión de los delitos y su impacto. A lo largo del texto, se emplean fuentes confiables, como constituciones, sentencias, investigaciones estatales y jurisprudencia internacional, que aportan rigor y veracidad a los temas tratados. No obstante, dada la constante evolución del derecho, es recomendable revisar las modificaciones normativas al momento de su estudio para asegurar una comprensión actualizada de la materia.

A manera de conclusión, este libro se convierte en una herramienta académica valiosa para todas aquellas personas que se interesen por el derecho penal, proporciona una visión detallada de conceptos jurídicos, no solo de una manera estructurada, sino también mediante un enfoque sistémico a partir ejemplos de la vida real que facilitan la comprensión de los delitos, aclarando que durante el desarrollo del mismo se evidencian fuentes confiables y precisas (Constituciones, sentencias, investigaciones estatales, jurisprudencia internacional, investigaciones...) que dan veracidad de cada tema expuesto. Si bien hasta el año de publicación se encontraban actualizados los temas, se requiere que al momento de su estudio se revisen en profundidad las modificaciones y ajustes que con la modernización traen los asuntos legales.

Cristian Nicolás Vargas Silva
Asistente Editorial Novum Jus