Criminalidad, resilience y legislación:
una visión comparada de la trata de personas en Honduras y Colombia

https://doi.org/10.14718/Novumjus.2025.19.1.4

Luisa Fernanda Villalba-García ^*
Ximena Andrea Cujabante-Villamil ^**
William Alfredo Sierra-Gutiérrez ^***

^* PhD (c) en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa. Magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Docente e investigadora de la Universidad Militar Nueva Granada.
0000-0003-3169-9312.
luisa.villalba@unimilitar.edu.co

^** PhD en Estudios Políticos. Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Politóloga de la Universidad Javeriana. Docente de planta de la Universidad Militar Nueva Granada.
0000-0002-5473-163X.
ximena.cujabante@unimilitar.edu.co.

^*** PhD (c) en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa. Magíster y Especialista en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes. Investigador de la Universidad Militar Nueva Granada.
0000-0002-0640-7907.
william.sierra@unimilitar.edu.co.

Recibido: 31 de marzo de 2014
Evaluado: 19 de julio de 2024
Aceptado: 24 de julio de 2024

Cómo citar este artículo [Chicago]: Villalba-García, Luisa Fernanda, Ximena Andrea Cujabante-Villamil, y William Alfredo Sierra-Gutiérrez. "Criminalidad, resiliencia y legislación: una visión comparada de la trata de personas en Honduras y Colombia". Novum Jus 19, núm. 1 (2025): 103-127. https://doi.org/10.14718/Novumjus.2025.19.1.4.

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Resumen

La trata de personas es un delito transnacional que tradicionalmente ha tenido un menor protagonismo en la agenda internacional en comparación con el narcotráfico, el terrorismo y la insurgencia, aunque menoscaba profundamente la vida, la libertad y la dignidad de sus víctimas. Por esta razón, aún existen grandes retos para erradicar por completo sus causas, evoluciones y consecuencias. El presente artículo busca contribuir a la identificación de experiencias en la mitigación de este delito en la región de Latinoamérica, a través del análisis de los casos de Honduras y Colombia, países que, debido a su ubicación geográfica, se han convertido en lugares de origen, tránsito y destino de víctimas de seres humanos con fines de explotación. Mediante la exploración de los datos del Índice Global de Crimen Organizado y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este estudio ofrece una percepción sobre los avances de estos países en la lucha contra la trata de personas y sostiene que dada la complejidad de este fenómeno, se requieren esfuerzos colaborativos que involucren a entidades gubernamentales y no gubernamentales para abordar sus dimensiones intrincadas y globales.

Palabras clave: crimen organizado, gobierno de la ley, políticas públicas, resiliencia, trata de personas.

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Abstract

Human trafficking is a transnational crime that has traditionally received less attention on the international agenda compared to drug trafficking, terrorism, and insurgency, despite its profound impact on the lives, freedom, and dignity of its victims. For this reason, there are still significant challenges to completely eradicate its causes, evolution, and consequences. This article seeks to contribute to the identification of mitigation strategies for this crime in Latin American by analyzing the cases of Honduras and Colombia, countries that, due to their geographical location, have become origin, transit, and destination points for human trafficking victims. Drawing on data from the Global Organized Crime Index and the United Nations Office on Drugs and Crime, this study offers insight into the progress made by these countries in combating human trafficking. It argues that, given the complexity of this phenomenon, collaborative efforts involving governmental and non-governmental entities are essential to address its intricate and global dimensions.

Keywords: organized crime, law enforcement, public policy, resilience, human trafficking.

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Introducción

La trata de personas es un delito transnacional que afecta profundamente la vida, la libertad y la dignidad de sus víctimas; sin embargo, su tratamiento ha recibido tradicionalmente menos atención en comparación con el narcotráfico, el terrorismo y la insurgencia. Frente a la complejidad, impacto y continua evolución de este fenómeno criminal, el sistema internacional ha logrado algunos avances que tienden a centrarse en mitigar sus mayores repercusiones, pero aún existen grandes retos para erradicar por completo sus causas, evoluciones y consecuencias ya que sigue siendo un negocio rentable y creciente¹.

Los reportes bienales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), líder global en la lucha contra las drogas ilícitas y el delito internacional, han demostrado desde 2003 un continuo incremento en la cantidad de víctimas de la trata de personas a nivel mundial por cada 100 000 habitantes, así como un aumento de la cantidad de países en los cuales existen cifras que permiten cuantificar la afectación del fenómeno (Figura 1). No obstante, en el año 2020 se experimentó por primera vez una reducción significativa en la cantidad de víctimas, cercana al 11 %, en comparación con 2019, siendo Centroamérica y el Caribe la región con mayor reducción a nivel mundial.

Este cambio favorable contrasta con los datos de informes como el Índice Global de Impunidad 2020, que busca "visibilizar cuantitativamente el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia"², o del Atlas de Impunidad que "captura la naturaleza multidimensional de los desafíos globales"³, donde Centroamérica y el Caribe se presenta como una región de alta impunidad frente a los delitos⁴.

En discrepancia con lo anterior, y para el caso específico de la trata de personas, la región de Centroamérica y el Caribe, aun a pesar de tener un alto nivel de impunidad, ha logrado reducir la trata de personas durante los últimos años (Tabla 1), con Honduras como el país que ha prestado mayor protección y atención a víctimas de trata de personas en esa región⁵. En efecto, entre los años 2017 y 2022, Honduras logró ayudar a 4047 víctimas, en comparación con México (182 víctimas) o Belice (20 víctimas). Este logro es significativo toda vez que, a diferencia de otras regiones del mundo, "los países de la región Centroamericana, por su posición geográfica, se han convertido en países de origen, tránsito y destino de víctimas de seres humanos con fines de explotación"⁶.

Estas cifras pueden demostrar, por una parte, una limitación en los sistemas de reporte de estos delitos a las autoridades, pero por otra, el avance en la efectividad de algunos mecanismos implementados que contribuyen a la reducción de este fenómeno criminal. Por tal motivo, es recomendable indagar sobre los avances de Honduras en la mitigación de la trata de personas y sus aportes a un país como Colombia, el cual, además de también contar con una ubicación geográfica llamativa para las redes de crimen trasnacional, busca avanzar en la búsqueda de una salida negociada a un conflicto interno de más de 60 años, pero aún dista de conseguir los niveles de paz y seguridad esperados. Sumado a lo anterior, y en concordancia con lo establecido por Acevedo-Navas⁸, para Colombia la lucha contra el crimen organizado transnacional y la trata de personas se debe considerar un interés estratégico.

Según las cifras del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, las víctimas reportadas de trata de personas se han mantenido constantes o a la alza desde 2014 (Figura 2) y, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y de las Fuerzas Armadas, la existencia de espacios vacíos en el territorio nacional y de ecosistemas criminales, definidos como los escenarios o territorios en los cuales se "generan una serie de actividades delincuenciales o ilegales, bien porque suelen ser sitios de difícil acceso con valor geoestratégico, bien porque el imperio de la ley en dichos territorios no está del todo garantizado"¹⁰, ha generado las condiciones para que la trata de personas no se haya logrado erradicar.

Así las cosas, este artículo explora los avances de Honduras y Colombia en la lucha contra la trata de personas a través del análisis de sus índices de criminalidad y resiliencia frente a este delito, así como de la implementación de su legislación existente. Para tal fin, está dividido en seis secciones. La primera explica las fuentes de los datos empleados, así como la metodología empleada para su análisis; la segunda ofrece una caracterización de la trata de personas; la tercera describe los índices de criminalidad en Honduras y Colombia; la cuarta presenta sus índices de resiliencia; la quinta pondera las dificultades en la implementación de las medidas en contra de la trata de personas, y la última ofrece algunas conclusiones.

Metodología

Para determinar la efectividad de las estrategias que buscan contrarrestar la trata de personas, este artículo emplea la información obtenida de dos fuentes principales. En primer lugar, se emplea los datos aportados por la UNODC para caracterizar la trata de personas y dar cuenta de su realidad en estos territorios; así mismo, dichos datos permiten identificar la evolución de la legislación de cada país, la efectividad en la implementación de políticas públicas y los resultados para las víctimas y victimarios.

En segundo lugar, este artículo utiliza los datos del Índice Global de Crimen Organizado (IGCO), el cual "evalúa los niveles de crimen organizado en 194 países de todo el mundo, así como su capacidad de resiliencia a la actividad delictiva organizada"¹².

Para medir y evaluar los niveles de criminalidad, el IGCO analiza el "alcance, la escala y el impacto de mercados criminales específicos, así como la estructura y la influencia de los actores criminales"¹³. Para medir y evaluar la resiliencia, el IGCO mide el "alcance y la efectividad de las medidas de resiliencia adoptadas por los Estados; es decir, la existencia, la capacidad y la eficacia de las respuestas de los países al crimen organizado"¹⁴.

Los índices de criminalidad o resiliencia son medidos en una escala de 1 a 10, siendo el 1 la puntuación más baja y 10 la puntuación más alta. Por ejemplo, una puntuación de criminalidad baja significa que uno o varios tipos de mercados o de actores tienen un impacto inexistente o insignificante. Por el contrario, una puntuación de resiliencia alta significa que un país ha logrado implementar políticas y otras medidas efectivas para hacer frente a la criminalidad¹⁵. Al comparar estos puntajes y su variación, se puede determinar si el fenómeno de trata de personas ha aumentado o ha disminuido en Honduras o en Colombia y, por ende, si las estrategias empleadas han sido o no exitosas.

Caracterización de la trata de personas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido tanto la trata de personas (human trafficking), como el tráfico ilícito de migrantes (human smuggling) con el fin de caracterizar este fenómeno criminal y marcar un punto de inicio y un objetivo final a la hora de generar acciones en contra de estos delitos. De esta manera, para la ONU la trata de personas es:

El reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.¹⁶

En este sentido, la trata de personas es un crimen con fines de explotación laboral, sexual o servil que implica una ganancia económica para quien ejerce tal actividad. Así mismo, las víctimas de la trata de personas pueden ser hombres o mujeres, de cualquier edad y raza, debido al engaño, la amenaza o el uso de la fuerza, que vulneran su capacidad de decisión. Por otro lado, el tráfico ilícito de migrantes se refiere a la "la facilitación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio material, de la entrada ilegal de una persona a un Estado Parte del cual la persona no es nacional ni residente permanente"¹⁷.

De esta forma, la trata de personas se relaciona con el movimiento de seres humanos a otros Estados diferentes al de su nacionalidad o residencia, sin cumplir con las regulaciones y exigencias legales de ese Estado para la entrada de seres humanos. En este caso, aunque puede no existir una vulneración implícita en la capacidad de decisión de los individuos que están siendo trasladados, ya que la situación puede haber sido originada por su propia motivación de trasladarse a otras regiones para buscar mejores oportunidades, esto no significa que quienes toman esta decisión no sufran la vulneración de otros derechos.

En efecto, esta vulneración puede darse en el país de origen, por alguna circunstancia que motiva la entrada irregular a otro territorio; en medio del traslado al Estado destino, debido a la convergencia criminal que se da en estos escenarios¹⁸; o puede darse ya en el Estado destino, donde posiblemente se generan dinámicas de discriminación y de limitación de derechos civiles, debido al estatus de irregularidad o ilegalidad que allí mantiene la población migrante.

Esta diferenciación es claramente expuesta por Iselin y Adams¹⁹ al señalar que la trata de personas es un crimen contra el ser humano, contra la persona en sí, mientras que el tráfico ilícito de migrantes es un crimen contra el orden público. En consecuencia, cuando se explora el tema de la trata de personas se habla de víctimas, mientras que en el tráfico ilícito de migrantes, se habla de clientes y de redes criminales que se benefician de este delito.

Dada la complejidad de la trata de personas, ya que involucra redes criminales sofisticadas que operan a nivel internacional, y su carácter transnacional, debido a que su operación abarca dos o más países, es necesario identificar algunos aspectos que aporten al entendimiento del fenómeno. Al respecto, Jones²⁰ indica que el crimen transnacional se expandió a diferentes regiones luego de la Guerra Fría, debido a la apertura de mercados, la privatización y la existencia de una gobernanza débil por parte de algunos Estados.

Posteriormente, la globalización desviada²¹, entendida como el aspecto negativo de la integración transnacional que emplea la abolición de barreras, la democratización de la tecnología y la evolución de redes de comunicación para fines delictivos facilitaron que los grupos criminales crearan jerarquías y redes de apoyo estructuradas que son el soporte del Crimen Organizado Transnacional (COT) para delitos como la trata de personas.

Al respecto, Block²² argumenta que el crimen organizado, además de ser fragmentado y de presentar multiplicidad de actores, involucra redes de influencia que vinculan a los criminales con posiciones de poder en el mundo político y económico para maximizar el beneficio de los negocios ilícitos. Cressey²³ concuerda con esta percepción al indicar que el crimen organizado es mucho más complejo de lo que tradicionalmente se piensa y que las estructuras de red, es decir, las relaciones entre los jefes delincuenciales y sus clientes, desempeñan un papel fundamental en su sostenimiento y expansión.

De esta forma, el COT maximiza su complejidad y la dificultad en su lucha por parte de las autoridades, ya que puede tener nodos intermedios (red en cadena), un nodo central (organización tipo estrella), no tener nodo central (red de múltiples canales) o emplear una organización celular (red de rueda)²⁴. Por ende, no se puede suponer que quienes cometen el delito de trata de personas responden a un tipo específico de organización, lo que implica un mayor esfuerzo por parte de las autoridades a la hora de comprender los mercados criminales que se hallan en cada Estado o frontera, con el fin de identificar la mejor forma para desestructurarlos y desmantelarlos.

Precisamente, al análisis de los desafíos y perspectivas de éxito que se pueden contemplar para combatir el COT se debe sumar el proceso como los Estados deciden y ejecutan sus estrategias a través de la política pública para maximizar su legitimidad y fundamentar la democracia²⁵. Al respecto, autores como López Niño y Cárdenas Santamaría²⁶, Jordan y Turnpenny²⁷, Fischer y Miller²⁸, Howlett²⁹ o Roth³⁰ han estudiado la formulación de la política pública encontrando que siempre se contará con al menos tres fases: la formulación, la implementación y la evaluación.

La formulación se entiende como el momento en el que se considera una dificultad como un problema público y se generan los espacios para definir la forma en la que el Estado responderá a ese problema. Para la formulación de la política pública se reciben varios conceptos de naturaleza académica, jurídica, presupuestal y política que sirven para definir y limitarla.

La implementación se da cuando, una vez asignado el presupuesto y las entidades responsables, se inicia con las misiones y tareas dadas en la población objeto. Existen implementaciones que son verticales y por lo tanto dependen en mayor parte del Estado y las entidades bajo las ramas del poder de este, así como otras que son de tendencia horizontal, por lo que involucran a la población afectada. Por último, la evaluación se puede dar en distintos momentos de la política pública y busca definir si esta fue efectiva, ponderando la eficacia y la eficiencia. Al analizar si fue eficaz una política pública, se estudia si consiguió cumplir con sus objetivos, si fue eficiente, si guardó una coherencia costo-beneficio y si logró responder a lo que se proponía en el nivel que buscaba hacerlo.

Índice de criminalidad en Honduras y Colombia

El IGCO ofrece datos estadísticos de los países pertenecientes a las Naciones Unidas (ONU) como parte de la iniciativa global contra el crimen transnacional organizado³¹. Como se indicaba anteriormente, el IGCO otorga puntajes a los Estados en dos aspectos principales: la criminalidad y la resiliencia. La criminalidad, por un lado, se basa en los actores, mercados y redes criminales, teniendo en cuenta diversos delitos; mientras que la resiliencia mide la habilidad del Estado para reaccionar ante las actividades del crimen organizado transnacional y contraatacarlas.

La Figura 3 permite identificar tanto el puntaje de criminalidad como las variables que se relacionan con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Al respecto, se definen los mercados criminales como los "sistemas políticos, sociales y económicos que rodean todas las etapas del comercio ilícito y/o la explotación de mercancías o de personas"; los actores criminales son "los individuos y/o los colectivos que realizan las actividades de comercio ilícito de los mercados criminales, y las redes criminales como las interrelaciones de individuos dedicados a las actividades delictivas"³².

La variación del índice de criminalidad entre los dos países es significativa. En Honduras disminuyen las redes criminales, mientras que en Colombia aumentan; así mismo, disminuye el tráfico ilícito de migrantes en Honduras en tanto que en Colombia aumenta. Esto llama la atención toda vez Honduras hace parte de la ruta hacia Estados Unidos, por lo que se podría suponer un aumento en las cifras de tráfico humano; sin embargo, se da lo opuesto. En efecto, Honduras se ubica en una región en la cual existe una alta movilidad de personas que, debido a su situación irregular, son vulnerables a engaños, secuestros y amenazas lo que facilita su captura como víctimas por parte del crimen organizado³³.

Las cifras también son atípicas, ya que Colombia está contemplada en el nivel 1 (más alto de cumplimiento) contra la trata de personas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta ubicación no se basa en la magnitud del problema de un país, sino en el alcance de los esfuerzos del gobierno para cumplir con los estándares mínimos de la ley de protección de las víctimas de la trata de personas de los Estados Unidos, que generalmente son consistentes con el Protocolo de Palermo³⁵. En cambio, Honduras se encuentra en nivel 2³⁶ debido a que Honduras (así como otros países de Centroamérica), durante los primeros diez años tras la firma de la Convención de Palermo, no consideró la trata de personas como delito, a menos que tuviese fines sexuales, y la legislación consecuente no ha evolucionado rápidamente³⁷.

Colombia es el segundo Estado con mayor puntaje de criminalidad a nivel global, solamente superado por la República Democrática del Congo. Esto se correlaciona con el conflicto que vive el país³⁸ y con los ecosistemas criminales que se han generado debido a la baja institucionalidad de algunos territorios, los espacios vacíos que allí se generan y la cooperación de los actores criminales entre sí, todo lo cual facilita la constitución de verdaderas redes criminales³⁹.

Las cifras aportadas por el IGCO son refrendadas al analizar los datos suministrados por la UNODC respecto a la variación del delito de trata de personas en Colombia y Honduras en los años 2017 y 2020 (Tabla 2). En los dos Estados se aprecia una baja tasa de personas procesadas y condenadas en comparación con una alta tasa de víctimas detectadas en ambos países, y con un mayor número de tipificación del delito en Colombia que en Honduras. Sin embargo, estas cifras deben analizarse en contexto, ya que las diferencias poblacionales de los dos países (Honduras con 10 278 345 habitantes y Colombia con 51 516 562)⁴⁰ hace que la proporción sea más positiva para Honduras, lo cual permitiría explicar por qué el índice de resiliencia es mayor.

Parrish establece que la respuesta al crimen transnacional, organizado o no, debe ser multilateral y colaborativa⁴². Esto aplica para la trata de personas, pues las estrategias efectuadas a nivel doméstico no son suficientes, aunque estas impliquen la extraterritorialidad de la ley local o la extradición. La globalización ha facilitado el movimiento de bienes, personas y servicios; además, en medio de la porosidad de las fronteras, los individuos, redes y mercados pueden operar desde distintas partes del globo, afectando soberanías a kilómetros de ellos.

En este sentido, llama la atención que, pese al daño y cooptación que sufren las personas víctimas de trata y el subregistro que existe de ellas⁴³, no se haya declarado una guerra mundial en contra del delito, como sí se ha hecho en contra del terrorismo, el narcotráfico e incluso en contra de la insurgencia. Esto en cierta forma puede deberse a que, como se ha evidenciado en el testimonio de algunas víctimas⁴⁴, de este delito participan altas dignidades de gobiernos de varios Estados y personas con un poder económico considerable. Así mismo, como se relata en algunos casos⁴⁵, las víctimas son vendidas y revendidas una y otra vez, lo que termina difuminando los límites de responsabilidad de los actores involucrados y dificultando la judicialización de la trata de personas⁴⁶.

Por otro lado, es necesario que los gobiernos mantengan presente que el engaño no es la única forma en la que los criminales victimizan a personas; también lo hacen por medio de la coerción, utilizándolas incluso para llevar a cabo acciones delictivas. Esto es estudiado por Boerman y Golob⁴⁷, quienes definen la trata de personas como una nueva forma de esclavitud y describen las prácticas de las pandillas en las que el reclutamiento de jóvenes se hace a través de la violencia, que obstaculiza la movilidad social y desdibuja el límite entre víctima y victimario.

Índice de resiliencia en Honduras y Colombia

La legislación y las entidades que se encargan de implementar los marcos normativos nacionales e internacionales se relacionan con la resiliencia de los Estados estudiados. La resiliencia de un Estado es definida como "la capacidad de resistir y perturbar las actividades delictivas organizadas en su conjunto, en lugar de los mercados individuales, a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales"⁴⁸.

En la Figura 4 se puede observar que Colombia tiene un mayor puntaje en resiliencia y que cuenta, en general, con mejores mecanismos para hacer frente al crimen organizado transnacional, por medio de la ley, las políticas públicas, el sistema judicial y las instituciones que ostentan el poder. Sin embargo, al analizar con detalle la variación de la resiliencia entre el 2022 y el 2023, se encuentran otros hallazgos dignos de análisis.

La variación de los puntajes de resiliencia en Colombia es negativa, en tanto que, en Honduras, es positivo. Esto muestra que Honduras se mueve hacia instituciones más fuertes con respuestas más efectivas frente al crimen transnacional. Por otro lado, no solamente la criminalidad muestra un crecimiento en Colombia, sino también la resiliencia parece disminuir, a pesar de contar con un marco jurídico robusto que le ha servido para posicionarse como nivel 1, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en cuanto a la trata de personas, tal y como se expuso anteriormente.

En la comparación de los índices de resiliencia entre los dos países la diferencia es visible, puesto que Colombia tiene puntajes de cero o negativos, mientras que Honduras cuenta con puntajes de cero o positivos. Esto se debe a que el puntaje de resiliencia toma en cuenta otros factores que van más allá de las leyes vigentes, involucrando también el apoyo a víctimas y testigos, el liderazgo y la gobernanza política, el cumplimiento de la ley, las políticas nacionales y el sistema judicial y de detención.

Honduras es signatario y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mencionada como la Convención de Palermo. En la actualidad, la Ley contra la Trata de personas consignada en el Decreto 59 de 2012⁵⁰ es la base jurídica para la actuación estatal contra el delito de la trata de personas, y también crea la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

El CICESCT es un espacio de trabajo interinstitucional que busca prevenir los delitos de explotación sexual y trata de personas, además de responder a los casos de víctimas de estos, atendiéndolas a través del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), que hace parte de la articulación estatal que facilita este espacio⁵¹. Según CNN⁵², entre el 2017 y el 2022, en Honduras fueron rescatadas 4047 personas, de las cuales el 80 % eran niños, niñas y adolescentes. Esto muestra una gran disparidad si se compara con Guatemala, donde se rescataron 717 personas, y Costa Rica, donde solo 6 personas fueron rescatadas, teniendo en cuenta la similitud de los países observados, dado que existe un bajo reporte de víctimas y victimarios⁵³.

Ahora bien, tras una revisión de la página del CICESCT, se puede encontrar una explicación a las cifras nombradas. En el portal se evidencia un enfoque integral del organismo, que toma en cuenta el enfoque dado a las víctimas por medio de la no revictimización, el cuidado de la salud física y mental, la seguridad social y la presencia de una política de la víctima en lo que se relaciona con el estado migratorio y las posibilidades de reinserción social por medio del estudio y del trabajo. De esta manera, el CICESCT implementa de manera adecuada lo establecido en la ley.

A pesar de sus avances, Honduras mantiene varios desafíos relacionados por el Observatorio Iberoamericano sobre movilidad humana, migraciones y desarrollo. Se establece que, por ejemplo, aún existen personas de nacionalidad hondureña que son forzados al trabajo forzado a nivel doméstico, callejero y criminal tanto en Honduras como en Guatemala, Estados Unidos y México⁵⁴. Así mismo, Honduras es un destino de sexo ilegal turístico para estadounidenses y canadienses; además, se evidencia gran dificultad para procesar, acusar, judicializar y condenar a personas vinculadas con el gobierno que participan de este delito⁵⁵.

Por otra parte, Colombia cuenta con un marco legal importante sobre la trata de personas e incluso es un Estado pionero al respecto. El Ministerio del Interior⁵⁶ publica permanentemente las cifras del país, encontrando un total de 400 víctimas detectadas desde el 2020 hasta el 2022, del cual el 83 % son mujeres y el 17 % son hombres. De estas cifras, también se encuentra la desagregación por edad de la siguiente manera: un 43 % corresponde a personas entre los 27 y los 59 años; un 36.4 %, entre 18 y 26 años; un 18.5 %, entre 12 y 17 años, y el 0,7 % son personas de más de 59 años, entre 5 y 11 años o entre 0 y 5 años.

De las víctimas, El Ministerio del Interior⁵⁷ estima que el 82 % de víctimas sufre de trata externa, es decir que son colombianos traficados en el exterior o extranjeros (mayormente de nacionalidad venezolana) traficados en Colombia, con diversas finalidades como explotación sexual (68,1 %), otras formas de explotación (11,3 %), trabajos forzados (6,9 %), servidumbre (4,9 %), matrimonio servil (4,9 %), mendicidad ajena (3,4 %) y esclavitud (0,5 %).

La entidad a cargo de la atención a las víctimas y de la prevención y tratamiento del delito es el Ministerio del Interior, a través del Centro Operativo Anti-Trata (COAT), y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas (ONU). El COAT no cuenta con portal web propio, aunque sí existe una línea telefónica de 24 horas para reportar el delito, el cual se encuentra articulado con otras líneas de atención, como lo son aquellas relacionadas con la protección a la niñez (ICBF), protección a la mujer (Línea púrpura), protección al trabajo (Ministerio de Trabajo), la Fiscalía y la Policía Nacional.

En lo que se refiere a la legislación del país⁵⁸, Colombia cuenta con la Ley 985 de 2005, reglamentada a través del Decreto 1069 de 2014, y con el Código Penal (Ley 599 de 2000). La ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, contempla aspectos esenciales que deben ser cubiertos por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación y otras entidades estatales. En general, cubre aspectos integrales en cuanto al delito, y crea el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas en el que se encuentran delegados de diversas entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Trabajo, de Educación, de Defensa Nacional, entre otros.

El decreto 1069 desarrolla a profundidad el artículo 17 de la Constitución Política Colombiana⁵⁹, en el que se prohíbe la esclavitud y la trata de personas. En este decreto, se tiene en cuenta el fenómeno de forma integral, incluyendo la salud física y mental, la seguridad de las víctimas, el tratamiento a la repatriación, la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Sin embargo, a diferencia de Honduras, no se da la claridad de misión a un solo organismo, sino que se disgregan las responsabilidades en diferentes entidades, lo que dificulta el apropiado seguimiento del problema.

Así las cosas, no se percibe claramente la diferencia entre el COAT y el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, al ser la trata de personas, de una u otra forma, responsabilidad de todos, en cabeza del Ministerio del Interior, quien a su vez no establece la ruta de atención y la forma tangencial en la que se trata el delito.

Criminalidad, resiliencia y legislación

El análisis de la criminalidad, la resiliencia y la legislación sobre la trata de personas evidencia dos factores importantes. Por un lado, la cuantía de normatividad jurídica no hace que un país sea más resiliente, y por otro, el crimen organizado transnacional tiene un carácter dinámico que puede producir cambios importantes a través del tiempo.

Al respecto, se debe resaltar que existen varios aspectos que dificultan la implementación de la legislación y que se relacionan con niveles bajos de institucionalidad en territorios que en su mayoría se encuentran alejados del centro administrativo, político y económico del Estado, que se han conceptualizado como espacios vacíos⁶⁰.

Estos espacios deben ser prioridad para el Estado, con el fin de dificultar la convergencia del crimen, que es alimentada por las necesidades no satisfechas de la población de estos territorios, y proteger los derechos humanos⁶¹.

Estos espacios vacíos generan desconocimiento de la ley y necesidades insatisfechas en cuanto a recursos básicos como la educación, la salud y la alimentación. Estas necesidades requieren ser resueltas, ya que son un escenario apropiado para organizaciones criminales que, por medio de amenazas o promesas, generan víctimas con diferentes finalidades, como se ha establecido ya en este documento.

La trata de personas es facilitada cuando la crisis constante o súbita genera desesperación en seres humanos cuyas necesidades no están satisfechas. Por esta razón, las migraciones también son un factor de riesgo para la trata de personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, existen diversos factores de riesgo que incrementan la probabilidad para la población de ser víctimas de trata de personas. En primera medida se encuentra la alta movilidad de personas que buscan refugio: tras las crisis vividas en sus lugares de origen, estas personas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad; además, han vivido una fragmentación familiar y social que disminuye las redes de apoyo disponibles para contrarrestar a las redes criminales⁶².

Al respecto, la UNODC realiza un conjunto de recomendaciones en su último informe, con el propósito de hacer frente a la trata de personas⁶³. Estas tienen un enfoque integral y colaborativo que involucra tanto a Estados como a entidades privadas. En primer lugar, pide a los Estados miembros que inviertan de forma proactiva en la identificación de las víctimas, fomentando una postura diligente en la lucha contra la trata de personas. En segundo lugar, insta a los Estados miembros a promover enfoques de salud pública para la identificación de víctimas, reconociendo la importancia de los sistemas de salud en la identificación y asistencia a las víctimas. En tercer lugar, el texto aboga por la promoción de roles comunitarios en la prevención de la trata de personas, destacando la importancia de la participación comunitaria en la lucha contra este delito.

Además, la UNODC presenta sugerencias centradas en mejorar los mecanismos de presentación de informes y la cooperación internacional. Alienta a los Estados miembros a mejorar los sistemas de denuncia anónima, enfatizando la importancia de la tecnología en la recopilación de pruebas. Además, sugiere que los organismos internacionales faciliten la capacitación conjunta para los países afectados por rutas de tráfico comunes, promoviendo esfuerzos colaborativos para combatir el problema. El informe también subraya la importancia de garantizar la asistencia a las víctimas, independientemente de su participación en actividades delictivas.

La UNODC sugiere también algunas iniciativas para aumentar la conciencia pública y mejorar la supervisión. Propone una mayor publicidad social por parte de empresas privadas para prevenir la victimización y detectar la trata facilitada por la tecnología. Además, exige controles y auditorías más estrictos de los establecimientos que ofrecen servicios sexuales, haciendo hincapié en el control fronterizo en diversos ámbitos como la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio. También destaca la importancia de las campañas de concientización, una cultura de presentación de informes y la identificación de factores de riesgo para una mejor supervisión. En general, las recomendaciones abogan por un enfoque multifacético y coordinado para abordar la compleja cuestión de la trata de personas.

Por su parte, la OIM recomienda identificar factores de riesgo para una mayor supervisión en los casos de trata de personas, subrayando la necesidad de comprender los elementos que hacen que las personas sean más susceptibles a la explotación⁶⁴. Al reconocer estos factores de riesgo, las autoridades pueden implementar intervenciones específicas para prevenir la trata y brindar apoyo a quienes corren mayor riesgo.

Entre estos factores de riesgo se encuentran, primero, las conexiones sociales limitadas, para lo que se propone la creación de programas de participación comunitaria, redes de apoyo social e iniciativas educativas destinadas a mejorar los vínculos sociales y la resiliencia. En segundo lugar, se encuentra la pobreza extrema, que requiere implementar programas de empoderamiento económico, crear oportunidades laborales y brindar apoyo de bienestar social para mitigar la vulnerabilidad económica. El tercer factor consiste en la falta de documentación legal y la situación migratoria irregular, ya que las personas en esta situación temen a las autoridades y dudan en buscar ayuda.

Las estrategias para mitigar estos riesgos incluyen abogar por procesos legales simplificados, brindar asistencia para obtener documentación y garantizar protección para las personas indocumentadas. En conclusión, la OIM entiende que es esencial un enfoque integral, basado en la comunidad, que involucre agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y organismos internacionales.

Conclusiones

La trata de personas se refiere al delito cometido contra la persona en el que se vulnera su voluntad para explotarla con fines laborales, sexuales, delictivos o serviles. El tráfico humano hace referencia al transporte de personas que desean ingresar a otro Estado sin respetar su legislación o regulación para inmigración.

La trata de personas y el tráfico humano hacen parte del crimen transnacional o del crimen organizado transnacional (COT). La organización del COT no necesariamente implica una jerarquía, sino que también puede verse a través de redes con diversos grados de centralización, en donde la cercanía con los nodos del poder político y económico tiene una alta influencia en la impunidad que se da en estos delitos.

Tanto Colombia como Honduras son signatarios y ratificadores de la Convención de Palermo y han establecido leyes, políticas, entidades y mecanismos para hacer frente a la trata de personas en sus territorios. No obstante, la cantidad de leyes en un Estado no guarda proporcionalidad directa con el tratamiento de un delito o la atención a las víctimas de este. El nivel de efectividad y suficiencia de las políticas públicas, aunado a los objetivos de estas, sí guarda una relación directa.

La legislación de los países no es el único factor importante para enfrentar la trata de personas. Se debe tener en consideración también la transparencia de los entes políticos relacionados, la rendición de cuentas de estos y los mecanismos de ejecución de leyes e implementación de políticas públicas. Estos mecanismos de implementación deben ser descentralizados, en la medida de lo posible, respecto a presupuesto, margen de acción y cooperación con otros organismos, tanto nacionales como internacionales.

Para enfrentar la trata de personas, se requiere una respuesta multilateral y colaborativa frente a los delitos transnacionales, en particular el de la trata de personas, dado su alcance global. A pesar del daño evidente infligido a las víctimas y la participación de funcionarios de alto rango e individuos con un poder adquisitivo considerable, no se ha emitido una declaración global para luchar en contra de la trata de personas, a diferencia de las respuestas que sí se han desplegado frente al terrorismo o al narcotráfico. La naturaleza de este delito, agravada por la constante venta y reventa de víctimas, complica aún más los procedimientos legales y obstaculiza un esfuerzo global unificado en su contra.

La UNODC y la OIM enfatizan la necesidad de un enfoque integral e impulsado por la comunidad para combatir la trata de personas. Este enfoque incluye la identificación proactiva de víctimas, estrategias orientadas a la salud pública, participación comunitaria, mejores mecanismos de presentación de informes, cooperación internacional, asistencia a las víctimas y mayor conciencia pública.

La naturaleza multifacética de estas propuestas reconoce la complejidad del problema de la trata de personas, pues su enfrentamiento requiere esfuerzos de colaboración que involucren entidades gubernamentales y no gubernamentales para abordar las distintas dimensiones intrincadas y globales del mismo.

Notas

¹ Aarão Miranda da Silva, "Tráfico de personas: una banalización más del mal moderno", Novum Jus 8, núm. 2 (2014): 111-133.

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