Código: 2186334717
Autor: istockphoto.com
Olga Patricia Velasquez Ocampo 1
Fernando León Tamayo Arboleda 2
1 Investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Grupo
de Investigación en Estudios de Derecho Público.
Ph. D. y magíster en derecho de la Universidad de los Andes.
MPhil en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford.
Abogada y Especialista en derecho público de la Universidad EAFIT.
0000-0001-9662-6099.
ovelasq1@gmail.com.
2 Profesor Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Doctor (PhD) en derecho de la Universidad de los Andes.
Magíster (M.A.) en derecho penal de la Universidad Eafit. Abogado de la Universidad de Antioquia.
fl.tamayo10@uniandes.edu.co.
0000-0003-0960-0849.
Recibido: 10 de julio de 2024
Evaluado: 14 de septiembre de 2024
Aceptado: 7 de febrero de 2025
Cómo citar este artículo [Chicago]: Velasquez Ocampo, Olga Patricia, y Fernando León Tamayo Arboleda. 2025. "Estrategias de seguridad urbana en Medellín y regulación de las geografías de la memoria". Novum Jus 19, núm. 3: 75-100. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.3.3
Resumen
El presente texto analiza las tensiones existentes entre los procesos de significación de los espacios urbanos, como lugares de memoria del conflicto armado, y las políticas de seguridad. Nuestro argumento central es que los intentos de construir memoria colectiva en los espacios públicos son restringidos por las ideas dominantes de orden y seguridad. A partir de un análisis del caso del movimiento Madres de la Candelaria entre los años 2018 y 2023 en Medellín, mostramos cómo la relación entre memoria y seguridad restringe las posibilidades de movilización y protesta ciudadana, así como de construcción de significado del espacio urbano. Esto se manifiesta en dos cuestiones fundamentales. La primera es la exclusión de los movimientos sociales de lugares específicos, acompañados de su asignación o tolerancia en ciertos espacios de la ciudad menos relevantes para la seguridad urbana. La segunda es la limitación indirecta sobre el contenido de los discursos a través de la regulación de sus formas de manifestación y la falta de reconocimiento del lugar que ocupan en el diseño del gobierno del espacio y los problemas públicos.
Palabras clave: geografía, memoria, seguridad, orden, espacio público.
Abstract
This paper analyses the tensions between the processes of signification of urban spaces as places of memory of the armed conflict and security policies. Our central argument is that attempts to construct collective memory in public spaces are constrained by dominant ideas of order and security. Based on an analysis of the case of the Madres de la Candelaria movement between 2019 and 2021 in Medellín, we show how the relationship between memory and security restricts the possibilities for citizen protest and mobilisation, as well as the construction of meaning in urban space. Such tension manifests itself in two fundamental issues. The first is the exclusion of social movements from specific places, accompanied by their allocation or tolerance in certain spaces of the city that are less relevant to urban security. The second is the indirect limitation on the content of discourses through the regulation of their forms of manifestation and the lack of recognition of their place in the design of the governance of space and public problems.
Keywords: Geography, memory, security, order, public space
Introducción
La forma en que se construye lo público en el espacio urbano es el resultado de interacciones particulares que tienen lugar en la ciudad y que moldean el derecho de las personas a usar y organizar los espacios1. El derecho a la ciudad no es parte de una regulación normativa estática sobre las condiciones mínimas de acceso al espacio urbano, sino el resultado de una lucha constante por distribuir los recursos que la ciudad tiene por ofrecer2.
La multiplicidad de usos que diferentes actores dan a los espacios urbanos implica una pugna constante por la configuración misma de la ciudad y, en especial, por la destinación de los espacios compartidos. Por ejemplo, la asignación de espacio para carriles de bicicletas conlleva la sustracción de derechos a peatones, transporte público y vehículos privados; así como la distribución de derechos que privilegian los derechos de peatones o de quienes usan el transporte público y privado implica una reducción de las posibilidades de crear lugares especiales de circulación para bicicletas.
Esta pugna en la distribución de la ciudad se magnifica cuando aparecen los discursos de la seguridad3. La necesidad de mantener el orden y reducir los conflictos en la ciudad ha sido, en los últimos años, uno de los criterios principales para tomar decisiones sobre lo posible, lo ordenado y lo prohibido en los espacios públicos4. Un problema que muestra claramente la tensión entre la distribución del derecho a la ciudad y el gobierno de la seguridad es el lugar que ocupan la protesta y movilización social en la construcción y uso de los lugares comunes. La forma más evidente en que se presenta esta tensión se encuentra en la protesta violenta, donde los daños a los espacios físicos de la ciudad y la privatización temporal de una zona de la ciudad presentan debates sobre la legitimidad que tiene esta forma de protesta, y sobre los límites que deberían asignársele.
A pesar de lo anterior, las relaciones entre seguridad y movilización social en el espacio urbano no se limitan a las manifestaciones violentas físicamente, sino a otras intervenciones que, desde ciertos puntos de vista, pueden verse también como acciones arbitrarias. Movilizaciones como la ocupación de Wall Street o los movimientos de los sin techo, entre otras formas de intervención, son ejemplos de la manera en que la movilización social se percibe como una apropiación arbitraria de espacios compartidos que -según se afirma desde algunos sectores- no tendrían por qué ser tolerados por todos los ciudadanos y que, en diversos contextos, ha sido fuertemente reprimida por las fuerzas estatales5.
Esta tensión entre la seguridad en los espacios compartidos y la regulación de la movilización social representa una cuestión que no solamente concierne a la distribución del derecho a la ciudad, sino que se articula con la forma en que la democracia misma es concebida y construida. La permisión, prohibición o regulación de las manifestaciones políticas en el espacio juegan un papel fundamental en la definición de lo que puede decirse y la forma en que puede decirse. Los diferentes asuntos que se promueven desde los movimientos sociales pueden encontrar diferentes resistencias o soportes para su consolidación en el ámbito del debate democrático y en la construcción del significado del espacio público urbano.
En este texto nos enfocaremos en la manera en que los movimientos sociales disputan el espacio y el debate público, y su interacción problemática con el diseño del gobierno de la seguridad urbana, en especial cuando se trata de la construcción de memoria colectiva frente a los crímenes de Estado. La pregunta de investigación que dio origen al presente artículo fue: ¿cómo el acceso al espacio público condiciona las posibilidades de participación política de los movimientos sociales que construyen memoria?
Nuestro argumento central es que los intentos de construir memoria colectiva en los espacios públicos son muchas veces restringidos por las ideas dominantes de orden y seguridad. Esto se manifiesta en dos cuestiones fundamentales. La primera es la exclusión de los movimientos sociales de lugares específicos, acompañados de su asignación o tolerancia en ciertos espacios de la ciudad menos relevantes para la seguridad urbana. La segunda es la limitación indirecta sobre el contenido de los discursos a través de la regulación de sus formas de manifestación o la falta de reconocimiento del lugar que ocupan en el diseño del gobierno del espacio y los problemas públicos.
Para lo anterior, partimos de los resultados de un estudio de caso sobre la movilización de las "Madres de la Candelaria" en Medellín durante los años 2018 a 2023, en el que nos enfocamos en la constitución y acción del movimiento, la articulación de su discurso, y su interacción con las políticas urbanas de seguridad. En el marco del estudio se realizaron diez entrevistas a mujeres vinculadas al movimiento, una observación, así como una revisión documental sobre la trayectoria del movimiento y otros documentos dirigidos a la construcción de memoria colectiva en Medellín. Asimismo, fueron analizadas las políticas de seguridad de la ciudad. A través de esta revisión más amplia, se detectaron ciertos puntos comunes en la construcción de memoria en la ciudad, que hacen parte de los resultados que se presentan.
Las entrevistas fueron realizadas en los años 2019 y 2020 en lugares emblemáticos para las mujeres que buscan a los desaparecidos, como la sede de las Madres de La Candelaria y el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Debido al riesgo ético, la selección de las entrevistadas se basó en participación voluntaria y muestreo bola de nieve6 derivado de los contactos iniciales durante las marchas públicas semanales de las Madres. Así mismo, durante los años 2019 y 2020, se realizó el proceso de observación de las reuniones del movimiento, además del análisis de entrevistas publicadas en diferentes medios de comunicación y conversaciones con las madres que asistían de manera regular a las actividades realizadas por el colectivo.
Nuestro análisis de caso se concentra en el movimiento Madres de la Candelaria, pero el argumento puede extenderse con facilidad a otros colectivos que buscan la construcción de memoria histórica en el espacio urbano. En el caso de Medellín, encontramos relaciones particulares con los movimientos de construcción de memoria de los estudiantes de las universidades públicas7, así como las víctimas del narcotráfico8 y de las intervenciones militares en barrios periféricos9. En últimas, las Madres de la Candelaria muestran, más que un caso específico, una abstracción para comprender la construcción de memoria urbana a través de la protesta y de otras formas de movilizarse en los espacios públicos que, al encontrar las narrativas sobre el orden público urbano, son contenidos y domesticados por los discursos sobre la seguridad.
Para sostener nuestro argumento, el presente texto se encuentra estructurado de la siguiente forma. En la primera sección presentamos la geografía de la memoria urbana en Medellín. En la segunda sección, describimos el movimiento de las Madres de la Candelaria, su ejercicio particular de construcción de memoria colectiva y la forma en que su accionar en el espacio público, y el de otros grupos que trabajan en la misma tarea, ha encontrado diferentes resistencias. En la tercera parte del texto, mostramos cómo el diseño de la seguridad crea formas permitidas y no permitidas de memoria colectiva.
1. Geografías de la memoria en Medellín
La historia violenta de Colombia ha llevado a numerosos esfuerzos por construir memoria sobre el conflicto en el país. Esta construcción de memoria ha tenido una multiplicidad de actores y contenidos, que han moldeado la actual percepción sobre la historia de la violencia en Colombia, desde informes de investigación independientes hasta comisiones institucionales para reconstruir el pasado. Esta construcción de memoria no ha estado exenta de controversias y de una disputa por la significación del pasado. No sólo actores políticos han manifestado inconformidad con muchos procesos de construcción de memoria10, sino que la pugna misma por la construcción institucional de la verdad ha estado infestada de sospechas sobre los intereses por moldear el pasado de Colombia de acuerdo a sus conveniencias políticas11.
En el caso de Medellín, estas dos cuestiones también se han manifestado. Por un lado, se ha presentado un esfuerzo enorme por la construcción de memoria en la ciudad; por otro lado, han existido controversias sobre la forma, el contenido y los actores autorizados para hacerlo. En esta sección, nos centraremos en la primera cuestión, para mostrar la manera que se ha venido organizando la resignificación del pasado en la ciudad y, en especial, la manera en que este proceso se ha manifestado en el diseño de los espacios de la ciudad.
La forma particular en que la violencia se ha manifestado en Medellín durante los últimos cincuenta años lo ha puesto en un lugar particular para la construcción de memoria. A diferencia de otras grandes ciudades del país, en un rasgo apenas compartido con Cali, Medellín experimentó la brutalidad del narcotráfico con una intensidad exacerbada. Mientras que el conflicto armado contra las guerrillas, aunque con efectos sobre el espacio urbano, podía considerarse una disputa principalmente rural y periférica12, el problema del narcotráfico logró tener una mayor incidencia en la existencia de violencia de las ciudades colombianas, en especial para las dos que albergaron a los grandes carteles de la droga en el país.
La complejidad de la violencia en Medellín ha estado trazada, entonces, por la historia sangrienta de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, que se extiende hasta la fecha de diferentes formas. La convergencia de procesos violentos en torno al negocio del narcotráfico en la ciudad ha visto cómo muchos actores han remplazado el cacicazgo de Escobar y han sido testigos de la compleja interacción entre narcotráfico y conflicto armado debida, en especial, al fortalecimiento del fenómeno paramilitar que vio en el narcotráfico una oportunidad para vigorizar sus finanzas. Desde el grupo de los Perseguidos por Pablo Escobar, pasando por la Oficina de Envigado, hasta llegar a organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los paramilitares han tenido una enorme incidencia en la violencia urbana.
Esta combinación entre la violencia del narcotráfico y la violencia política del país ha dejado una marca brutal alrededor del área metropolitana de la ciudad. Por un lado, el negocio del narcotráfico ha representado una carga violenta en los barrios periféricos de la ciudad, cuyos jóvenes se ven involucrados como actores y víctimas de la violencia13. Estos barrios han experimentado de primera mano las consecuencias de la segregación social derivada de la falta de presencia estatal y exclusión económica14, pero también los resultados de las organizaciones criminales que echan raíces en dichos espacios y que imponen fronteras que impiden transitarlos libremente15, así como normas sociales y esquemas alternativos de sanción de comportamientos desviados16.
Por otro lado, la presencia paramilitar, entrelazada sutilmente con el narcotráfico, se ha encargado de difuminar la violencia en la ciudad. El movimiento estudiantil, los intelectuales de izquierda, y las organizaciones de derechos humanos han sido durante mucho tiempo objetivos militares para el paramilitarismo17; pero también, la criminalidad en general era objetivo de los grupos que pretendían suplantar al Estado en la prestación de los servicios de seguridad18. En la lucha contra sus enemigos, los paramilitares actuaron como Estado en diversos contextos de la ciudad y como verdugos de centenares de personas.
La violencia extendida en la ciudad ha condicionado la construcción de la memoria. Seguramente la más importante representación del proceso de construcción de memoria en la ciudad es el Parque Bicentenario y su articulación con el Museo Casa de la Memoria. Este museo, ubicado en el centro-oriente de la ciudad en el barrio Boston, nació luego de un proyecto de la alcaldía local en el año 2004 y se convirtió en un espacio importante para la articulación de ejercicios de memoria de diferentes grupos. Entre otros, como veremos, los realizados por las Madres de la Candelaria, a las cuales dedicamos el presente ensayo.
Que el Museo Casa de la Memoria ocupe un lugar cerca al centro de la ciudad, con un enorme parque público a su alrededor, es importante para la lectura teórica que proponemos en torno a las geografías de la memoria. Aunque no existe un concepto unívoco de lo que podríamos definir con dicha expresión, es posible entender que las geografías de la memoria son espacios construidos -real o simbólicamente- con la idea misma de recordar19. Las geografías de la memoria representan espacios que, por la forma en que se estructuran, por los significados visuales o comunitarios que se depositan en ellos y por su acumulación de historia con trabajo humano, se convierten en lugares que construyen recuerdos sobre hechos pasados que, democráticamente, se intentan recordar20. Esta democracia en la construcción de las geografías de la memoria es un proceso que puede venir desde arriba o desde abajo, del Estado o de movimientos sociales, que conforman espacios de verdad histórica21.
En Medellín, existen diversas geografías de la memoria que se suman al Museo Casa de la Memoria y el Parque Bicentenario. Tal vez son tres los espacios más visibles, por el lugar que ocupan en el imaginario local, a nivel arquitectónico, simbólico y turístico. Primero, las Universidades de Antioquia y Nacional. Estas universidades no solo han sido grandes apoyos para la construcción de otros espacios, sino que son en sí mismas lugares marcados por la memoria, con grafitis, actos de conmemoración -como los realizados al asesinado defensor de derechos humanos, Jesús María Valle-, o la atribución de nombres de muertos ilustres a sus espacios -como la plazoleta nombrada en honor al estudiante asesinado, Fernando Barrientos-. En segundo lugar, aparece el Parque Conmemorativo Inflexión, elevado en el lugar del demolido edificio Mónaco, hogar de Pablo Escobar. Finalmente, se encuentra el complejo geográfico que forman el Cementerio de San Javier, el pasaje de la memoria cubierto de grafitis e historias y la biblioteca de San Javier.
Además de estos espacios, muchos otros lugares han ido adquiriendo una identidad en torno a la memoria -Sectores del barrio La Loma, la Plaza Minorista, La Virgen de la Milagrosa, entre otros-. Justamente, la acción de las Madres de la Candelaria al frente de la iglesia que recibe el mismo nombre, en pleno centro de la ciudad, es uno de estos espacios. Las Madres de la Candelaria son un grupo de mujeres conformado por madres, hermanas, hijas, amigas de personas desaparecidas por los diferentes actores del conflicto armado en Colombia. Aunque a la fecha el espacio frente a la Iglesia de la Candelaria podría considerarse una geografía de la memoria urbana de Medellín, por el fuerte significado que el movimiento le ha conferido -cuya historia relataremos en un momento-, también es resultado de una particular lucha por el espacio público en el proceso de construcción de la memoria.
2. La construcción de memoria en espacios hostiles
Las madres de la candelaria se forman el 19 de marzo de 1999. Catorce madres de jóvenes víctimas de la violencia en el país realizaron el primer plantón frente a la iglesia. Según lo describe una de las madres,
nacimos un 19 de marzo de 1999 a raíz de todas las desapariciones del país. Sobre todo, en Medellín, por acciones de don Berna. A partir de esas desapariciones forzadas en el oriente antioqueño y en Urabá, iniciamos una serie de pasantías y plantones. Empezamos a gritar consignas: "Los queremos vivos, libres y en paz"22.
La madre entrevistada narra los recuerdos del nacimiento del movimiento y evoca con cariño a la iglesia que les permitió reunirse y manifestarse de manera regular en su exterior, y les abrió sus puertas para orar por la aparición de los jóvenes desaparecidos y encontrar espacios de resiliencia23. Sin embargo, su experiencia también refleja la forma en que la construcción del movimiento y su consolidación en la ciudad estuvo marcada por dos problemas fundamentales: la violencia y la lucha por el espacio público24.
Durante los años ochenta y noventa, momento en el cual diversos movimientos de lucha por los derechos humanos y la construcción de memoria en el marco del conflicto armado aparecieron en Medellín, existió una fuerte persecución estatal o paramilitar del pensamiento divergente25. Las muertes célebres de Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle fueron solo los elementos más visibles de una fuerte represión de las ideas disidentes. Los movimientos sindicales y estudiantiles vieron morir decenas de personas en sus filas26, y las organizaciones independientes fueron amenazadas, perseguidas y asesinadas27. Una de las madres entrevistadas nos recuerda que, luego del primer plantón al frente de la iglesia, "vinieron las amenazas: 'cojan destino, qué hacen aquí'"28.
Esta violencia, presente en el nacimiento de las Madres de la Candelaria, se ha mantenido, con diferentes intensidades, hasta la fecha. En lo que va corrido del nuevo milenio, se ha mantenido la persecución del pensamiento de izquierda y de las organizaciones dirigidas a luchar por los derechos humanos o construir memoria29. No solo las Madres de la Candelaria fueron objeto de persecución, sino muchas de las agrupaciones que intentaban construir memoria en el país. Mientras que en otros contextos la construcción de espacios de la memoria ha estado marcada por la finalización de la violencia y los intentos por evocar un pasado tenebroso que no debería repetirse30, en el caso colombiano la construcción de memoria se ha venido dando en medio del conflicto. Los intentos por significar los procesos de violencia y grabarlos en la memoria colectiva han convergido con fuerte oposición de grupos al margen de la ley que censuran discursos que los ponen en evidencia.
Construir espacios de memoria en Colombia implica enfrentarse a la violencia ilegal. Así mismo, también puede implicar oponerse a formas legales de gobierno que excluyen o regularizan las posibilidades de realización de dicho esfuerzo. Las técnicas de gobierno de la convivencia urbana muchas veces se oponen a ciertas formas de manifestación de la democracia que se consideran contextualmente odiosas a la vida social. Entre estas, la construcción de memoria aparece a veces como un discurso estorboso -por diferentes motivos, que analizaremos en detalle en la próxima sección- que debe ser eliminado de ciertos espacios o reconducido a ciertas formas consideradas como democráticamente adecuadas.
La tensión entre los movimientos que aprovechan el espacio público para movilizar sus intereses y las reglas que regulan el espacio y la convivencia ha sido ampliamente estudiada31. En los análisis de Don Mitchell32 se muestra la forma en que convergen, en el espacio público, los intentos de movilización social y el gobierno de la convivencia de una manera particular. En su análisis sobre los movimientos antiabortistas de Estados Unidos, el autor enseña la manera en que la regulación de lo tolerable en términos de convivencia en los espacios públicos es un elemento sin el cual no puede entenderse la legitimidad de ciertos discursos y su manifestación en lugares concretos de la ciudad.
La regulación detallada de, por ejemplo, la distancia a la cual los manifestantes antiaborto podían estar de las clínicas o de los espacios que podían ocupar con el fin de no bloquear a los transeúntes configura una relación particular entre el ejercicio democrático de la movilización y la limitación en el uso de los espacios públicos para ello. En el contexto estudiado por Mitchell, el discurso de la libertad de expresión fue central para las decisiones que distribuyeron los espacios que trabajadores y clientes de la clínica abortista podían utilizar, y aquellos que podían usar los manifestantes, así como los usos posibles que podían dar a dichos espacios. Sin embargo, no solo la libertad de expresión tiene relevancia en estos casos. Otros estudios han mostrado cómo la seguridad33 o la salubridad34 también se convierten en criterios para impedir ciertas formas de usar el espacio público.
En el caso colombiano, existen algunos estudios que muestran esta interacción compleja entre las formas posibles de usar el espacio público y el gobierno de la convivencia urbana35. La regulación de las ventas públicas, de la prostitución o del consumo de droga son eventos en los que claramente las normas de Convivencia interaccionan con las posibilidades de usar el espacio público36. En el caso de la movilización y manifestación social, la regulación en Colombia es ambivalente. Por un lado, no existe en Colombia ninguna prohibición expresa de las reuniones que utilicen el espacio público37. Por otro lado, existen una serie de mecanismos que permiten la restricción indirecta del derecho a manifestarse en el espacio público, como son las normas penales que impiden la obstrucción de vías públicas38 o las normas de policía que confieren amplios poderes discrecionales para disolver manifestaciones cuando exista molestia de la comunidad, apropiación indebida del espacio o resistencia a acatar ordenes policiales39. Esto trae diversos problemas, que analizaremos en el siguiente acápite.
En el caso de Las Madres de la Candelaria, la limitación en el acceso al espacio público se presentó principalmente al inicio de sus labores. Las madres iniciaron sus protestas alrededor del Banco de la República en el centro de Medellín. Una de las Madres relató las circunstancias que la llevaron a elegir el nombre y la ubicación de los plantones:
le pusimos ese nombre porque, primero: no nos dejaban ubicar en ninguna parte, de todas partes nos echaban porque nos confundían y decían que éramos un objetivo militar y en la única parte que nos recibieron sin humillaciones fue en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, por eso lleva su nombre40.
Aunque esta narración subraya la forma en que los procesos de estigmatización social de la protesta fueron las razones por las que fueron expulsadas de ciertos espacios, en otros lugares ella misma ha narrado que también se les impidió usar los espacios por razón de la ocupación ilegal del espacio al frente de una estación de servicio público de tren ligero de la ciudad41. La disputa entre las directivas de la empresa Metro y las madres fue perdida por estas, quienes siguieron buscando espacios hasta encontrar la Iglesia de La Candelaria. Como veremos en la próxima sección, esta experiencia no es única de las Madres, sino que se extiende a otros movimientos de construcción de memoria que usaron el espacio público para movilizar sus discursos y que aún hoy encuentran disputas para significar el espacio urbano.
3. Las geografías de la memoria en el proyecto de ciudades seguras
La estricta regulación del espacio público es sin duda uno de los elementos claves para comprender las tendencias actuales de gobierno de la seguridad en las ciudades. Desde Estados Unidos y Europa se ha esparcido por todo el mundo una creciente preocupación por construir espacios públicos fuertemente controlados, en especial en cuanto a los usos y comportamientos que se consideran permitidos en los espacios compartidos42. Esta expansión ha llevado, en las ciudades contemporáneas, a una cierta homogeneización de las técnicas de gobierno del orden urbano que privilegian la censura severa de los usos "antisociales" de espacio público43. La regulación de estos comportamientos suele dar una amplia discrecionalidad a los cuerpos de policía para decidir qué puede considerarse antisocial en espacios concretos. El ruido, el consumo de alimentos, alcohol o drogas, la realización de necesidades fisiológicas, o, como veremos, ciertas manifestaciones discursivas, hacen -o mejor, pueden hacer, según el criterio discrecional de la policía- parte de estos comportamientos antisociales.
Una de las particularidades de esta homogeneización de técnicas de gobierno del espacio urbano es la preocupación por la conservación y limpieza de los espacios públicos. En parte por la incidencia de la teoría policial de las ventanas rotas, que afirma que es necesario prevenir cualquier tipo de incivilidad -grafiti, basuras, comer en la calle, realizar necesidades fisiológicas en la calle, ruido excesivo, consumo de sustancias que alteren los sentidos, entre otras conductas- en los espacios públicos como mecanismo para prevenir el delito44, y en parte por los procesos de reforma urbana que han tenido las ciudades mundiales en los últimos cincuenta años45, la preocupación por tener espacios públicos prístinos se ha convertido en uno de los elementos centrales de las estrategias de seguridad a nivel global46 y local47.
A pesar de la existencia de esta homogeneización, las formas específicas que la preocupación por los espacios públicos tiene en contextos concretos dependen ampliamente de la interacción entre estas tendencias transnacionales de gestión del espacio urbano y las condiciones locales en que se implementan48. En el caso colombiano, se ha documentado la forma en que han llegado al país los discursos foráneos que se preocupan por restringir los usos y comportamientos permitidos en los espacios públicos, y la forma en que se han mezclado con problemas y estrategias de gobierno locales. Tamayo Arboleda ha evidenciado la forma en que los discursos conservadores de las alcaldías locales, las estrategias de culturización en obediencia al derecho, la política de seguridad nacional en contra de las drogas y los enemigos políticos, y las dinámicas del conflicto armado han creado una mezcla de estrategias preventivas y represivas en la gestión del espacio urbano49.
Precisamente, las particularidades del caso colombiano han hecho que la movilización social y sus discursos de resistencia sea un tema especialmente problemático. Con ello, han logrado también que su manifestación en los espacios públicos sea un tema sensible desde el punto de vista del gobierno de la seguridad. Desde las movilizaciones sociales de los años veinte del siglo XX, el gobierno ha reaccionado a través de la fuerza y la censura y ha respaldado el uso de medios coercitivos contra los actores que movilizan discursos de defensa de la memoria o los derechos50.
El control de la movilización social y su represión en espacios públicos ha sido posibilitado por la estigmatización de los movimientos sociales como actores intelectuales de los grupos guerrilleros51. Estos discursos fueron ampliamente usados por los paramilitares (y el Estado) para seleccionar los objetivos militares dentro de las organizaciones defensoras de derechos humanos52. No es, por supuesto, una coincidencia, que el anterior testimonio de la fundadora de Las Madres de la Candelaria las defina como un objetivo militar53. Podría afirmarse, con base en la fuerte represión histórica de la protesta, las desapariciones y muertes de personas en dicho contexto, y la persecución, desaparición y asesinato de los líderes sociales, que el Estado ha permitido, por acción o por omisión, una censura permanente de los procesos de resistencia.
A pesar de las particularidades del caso colombiano, las estrategias transnacionales que se han expandido y mezclado con las estrategias de seguridad locales también han afectado los procesos de movilización. Como se vio, las Madres de la Candelaria lucharon por el espacio público durante su formación, y fueron expulsadas de espacios de relevancia institucional y económica en la ciudad de Medellín. Pero no solo ellas pasaron por esta situación. En el año 2005, varios movimientos dirigidos a la construcción de memoria en la ciudad (entre los que también estaban las Madres de la Candelaria) pintaron algunos ladrillos de uno de los pasajes principales de la ciudad de Medellín (Pasaje Carabobo) con los nombres de desaparecidos y otras víctimas del conflicto armado. Estos ladrillos fueron borrados por el gobierno local arguyendo la conservación del espacio público. Así mismo, asociaciones como Agroarte y la Red Territorial de Memoria han denunciado la forma en que la gentrificación las pone en peligro de tener que abandonar los lugares donde vienen realizando procesos de largo aliento de significación del espacio y construcción de la memoria54. Esto muestra que incluso procesos de construcción de memoria tan bien establecidos en la ciudad han tenido serios problemas durante un largo tiempo. Los movimientos que defienden la memoria de los muertos en la Comuna 13 durante las incursiones militares del gobierno nacional (en cooperación con movimientos paramilitares) enfrentaron no solo la violencia típica de la censura de estos discursos, sino que tuvieron que luchar por los significados del espacio55.
La contraposición entre los grafitis de la Comuna 13, como expresión turística permitida y protegida, y los del Pasaje Carabobo como expresión censurada por las políticas de conservación del espacio, muestran que los propios procesos de construcción de memoria tienen una regulación particular que define en qué lugares es posible construir geografías de la memoria. Aunque el proceso de la Comuna 13 es el resultado de una ardua lucha de los movimientos sociales, los gobiernos locales han logrado capitalizar los logros del movimiento mediante su oferta como espacio turístico de la memoria56. Algo similar sucedió con el edificio Mónaco, hogar de Pablo Escobar, y el Parque Conmemorativo Inflexión. Durante un largo tiempo, se produjo en Medellín un narcoturismo embelesado por la figura del capo de la droga más famoso del mundo57. Miles de personas se dirigían a ver las ruinas del edificio, que, paradójicamente para quienes romantizan al capo, estaba tapizado de grafitis que evocaban la memoria de las víctimas del narcotráfico. El gobierno local, con el ánimo de construir memoria, construyó el Parque Inflexión, que ahora se ha convertido en otras de las piezas turísticas obligatorias de la ciudad.
Por su parte, al igual que lo sucedido en el Pasaje Carabobo, otros procesos de construcción de memoria fueron censurados en ciertos espacios y permitidos en otros, o solo permitidos cuando el poder judicial obligaba a hacerlo. Esto, por ejemplo, sucedió con un grafiti realizado en la Universidad de Antioquia para recordar a las víctimas de la Comuna 13, que fue borrado por las autoridades institucionales58. Al parecer, el proceso de memoria de la Comuna 13 debía limitarse a los confines del espacio de la Comuna, pero no era permitido en otros lugares.
Esta censura de ciertos lugares se acompaña de una omisión en las políticas de gobierno del espacio público. Mientras que diversos documentos consideran la construcción de memoria en espacios específicos como un asunto importante59, es también evidente cómo se la omite de manera flagrante en otros. Por ejemplo, mientras que las Madres de la Candelaria han jugado un papel importante en el Museo Casa de la Memoria, que las ha acogido creando espacios para que las Madres puedan exponer su trabajo y realizar ejercicios de memoria colectiva; también se encuentran totalmente ausentes de las políticas de gobierno específico sobre la localidad de La Candelaria60, de la cual son actores sociales centrales. En una expresión, desde el punto de vista de los documentos de política pública en Medellín, las Madres de la Candelaria no existen.
La persecución de los movimientos de construcción de memoria ha presentado también una disputa particular en cuanto a los contenidos de los discursos posibles en el espacio público. El famoso caso del mural "¿Quién dio la orden?" es un buen ejemplo de lo anterior. El 18 de octubre de 2019, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado pintó un mural al frente de la Escuela de Cadetes General José María Córdova de Bogotá. En el mural aparecían los rostros de varios militares y los números de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el ejército nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la consigna "¿Quién dio la orden?". El mural fue borrado por las autoridades y se pintó nuevamente. Así mismo, fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La existencia del mural dio lugar a un fuerte debate sobre los contenidos posibles de la libertad de expresión y sobre su manifestación en espacios públicos. Luego de una tutela incoada por uno de los militares acusados en el mural, los jueces de instancia se pronunciaron censurando el contenido del discurso y obligando a borrar el mural. Esto, a su vez, implicaba que la difusión del mural podía hacer que las personas estuvieran incurriendo en el delito de calumnia, por imputar delitos no probados a una persona específica. Sin embargo, en una importante decisión, la Corte Constitucional colombiana decidió proteger el mural, y afirmar que hacía parte de los contenidos discursivos posibles61. La sentencia T-281 de 2021, aunque soluciona una porción del problema de los discursos, sigue sin atender las dificultades que se derivan de otras formas discrecionales de control de los procesos de construcción de memoria en los espacios públicos. Por ejemplo, aunque la decisión mencionada serviría para legitimar los anteriormente mencionados grafitis del Pasaje Carabobo o el propio mural, no sirve para prohibir las acciones estatales que, con la excusa de conservar el espacio público, censuran estas acciones.
Esta combinación de elementos ha hecho que la movilización social haya estado impactada por una doble política de seguridad que la excluye del espacio público e impide la construcción de geografías de la memoria. Por un lado, se ha presentado una violencia directa por parte del Estado o de organizaciones ilegales que persiguen a los movimientos sociales. Por otro lado, de manera más sutil, aparecen estrategias de gobierno del espacio público que prohíben, de manera indirecta, realizar actos de memoria. Esta prohibición se da por la censura total de ciertas significaciones del espacio urbano, que se manifiestan en la fuerte represión de ciertas protestas o en la eliminación de mensajes de resistencia; o por la censura leve, la cual tiene lugar, bien a través de la reconducción de los procesos de construcción de memoria a ciertos espacios de la ciudad, o bien a través de la presión económica que desplaza los movimientos de ciertas zonas.
Conclusiones
Los procesos de construcción de memoria en sociedades que permanecen en conflicto enfrentan retos evidentes. Por un lado, la memoria es un elemento hostil en medio del conflicto para aquellos que no quieren que sus actos sean recordados. Esto ha condicionado que en Colombia, y en Medellín, se haya presentado una fuerte persecución de actores armados en contra de los movimientos que intentan construir memoria. Por otro lado, y de manera menos evidente, los procesos de construcción de memoria enfrentan retos particulares en torno a la significación de los espacios urbanos. En esta materia, los intentos de construir geografías de la memoria se contraponen a discursos que, de manera intencional o involuntaria, censuran la memoria a través de políticas de conservación del orden y el espacio público.
Así, responder la cuestión sobre cómo el acceso al espacio público condiciona las posibilidades de participación política de los movimientos sociales que construyen memoria implica considerar la interacción compleja de dicha participación con el gobierno de la seguridad, en tanto esta posibilita o impide la movilización y la memoria. Las narrativas sobre cómo gobernar la seguridad, y las estrategias que se derivan de ellas, condicionan los lugares donde la movilización es permitida y aquellos en los que está prohibida; así mismo, define las formas posibles de construir memoria.
Los intentos por mantener los espacios públicos limpios en términos físicos, pero también en términos simbólicos a través de la eliminación de comportamientos antisociales, se enfrentan a los ejercicios de construcción de la memoria que se enmarcan en la apropiación de los espacios públicos a través de la movilización, la representación simbólica a través del grafiti o el ruido a través de la manifestación. Los amplios poderes discrecionales de policía permiten hacer un control arbitrario de los lugares y discursos que pueden aparecer en los espacios públicos para construir memoria.
Así mismo, la preocupación por el gobierno del espacio público tiende a crear lugares permitidos y lugares no permitidos para la construcción de memoria. Cada vez, la aparición de espacios turísticos en torno a la memoria -que cumplen sin duda una función política importante- es una excusa para restar posibilidades de significar otros espacios, en la manera en que encauzan todos los esfuerzos de construcción de memoria exclusivamente hacia unos espacios restringidos y económicamente explotables.
En este orden, es importante repensar la interacción entre seguridad, orden y movilización social en el país. No se trata, en este caso, solamente de la protesta violenta, como se anunció en la introducción, sino de procesos sociales complejos que construyen democracia en los espacios urbanos a través de la atribución de significados particulares en contextos concretos. Las estrategias de gobierno de la seguridad conllevan, en muchas ocasiones, la marca del autoritarismo y la exclusión62. Esto es un problema no solo en la articulación de formas de control social contra individuos y poblaciones concretas, que sin duda cuestiona la forma en que se organizan nuestras sociedades, sino que se extiende a la construcción de nuestro pasado y futuro a través del gobierno indirecto de la memoria colectiva.
En este sentido, es fundamental revisar si la protección de la construcción de memoria, entonces, debería reducirse a los espacios permitidos por las administraciones gubernamentales o si es necesario seguir alimentando la resistencia. Según creemos, el segundo camino es sin duda el que se debe transitar en un Estado de derecho incluyente, pero esto es una invitación a reorganizar las discursos y estrategias que apuntan a la conservación del espacio público como elemento principal de las políticas públicas de seguridad. El desmonte de discursos y estrategias de seguridad que excluyan la construcción de memoria histórica por parte de los movimientos sociales es una necesidad para una verdadera apropiación de las ciudades y para la construcción de una verdadera democracia.
Notas
1 David Delaney, Richard T. Fox & Nicholas Blomley. "Where is the Law?", en The legal geographies reader: law power and space, editado por Nicholas Blomley, David Delaney & Richard T. Ford (Oxford: Blackwell Publishers. 2001).
2 Don Mitchell, The right to the city: social justice and the fight for public space (New York-London: The Guilford Press, 2014).
3 Fernando León Tamayo Arboleda & Libardo José Ariza, "Building the secure city: urban governance, crime control, and segregation in Bogotá", City. Analysis of Urban Change and Theory 26, 2-3 (2022): 243-260.
4 Adam Crawford. "Governing through anti-social behaviour: regulatory challenges to criminal justice". British Journal of Criminology 49 (2009): 810-831.
5 David Baker, "Paradoxes of Policing and Protest", Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism 3, núm. 2 (2008): 8-22; Manuel Iturralde, Ser Duros o ser justos. Uso de la fuerza y su impacto sobre la eficacia y legitimidad de la policía en el control de la protesta social (Bogotá: Fundación Ideas Para la Paz, 2021).
6 Carolina Martínez-Salgado, "El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias", Ciéncia & Saúde Coletiva 17, núm. 3 (2012): 613-619.
7 Óscar Moreno Montoya. "La izquierda democrática en Medellín, 1970-1990" SudHistoria: Revista Digital de Estudios Desde el Sur 3 (2011): 72-101; Juan David Villa Gómez, Vanessa Marín Cano & Luisa Fernanda Zapata Álvarez, "Construyendo perdón y reconciliación: significados de familiares de víctimas de desaparición forzada pertenecientes a organizaciones sociales de la ciudad de Medellín", Ratio Juris 14, núm. 28 (2019): 185-218.
8 Patrick Naef, "'Narco-heritage' and the Touristification of the Drug Lord Pablo Escobar in Medellin, Colombia", Journal of Anthopological Research 74, núm. 4 (2018).
9 Yenny Carolina Ramírez Suárez, "Divergent citizenships: Social urbanism and hip hop collectives in Comuna 13 (Medellin-Colombia)", Environment and Planning C: Politics and Space, First Published May 25 (2003).
10 Camila Osorio, "El uribismo abre nuevo frente en su pelea por la memoria del conflicto", El País, 08 de octubre de 2022.
11 "El activismo político de Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, a favor de Uribe", El Espectador, 05 de agosto de 2020.
12 Manuel Iturralde, Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción (Bogotá: Siglo del Hombre-Universidad de los Andes, 2010); Fernando León Tamayo Arboleda & Libardo José Ariza, "Urban surveillance and crime governance in Bogotá", City, Culture and Society, núm. 31 (2022).
13 Geovanna Andrea Vallejo & Salim Chalela Naffah, "Persecución penal y población privada de la libertad entre los 18 y 29 años: reflexiones en torno al juvenicidio simbólico en Colombia", en Perspectivas sociojurídicas sobre el control del crimen, editado por Ariza, José Libardo, Manuel Iturralde & Fernando León Tamayo Arboleda (Bogotá: Universidad de los Andes, 2022).
14 Gloria Patricia Zuluaga Sánchez, "Dinámicas urbano-rurales en los bordes en la ciudad de Medellín", Gestión y Ambiente 11, núm. 3(2008): 161-172.
15 Vilma Liliana Franco, "Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: el caso de la ciudad de Medellín en la década del noventa", en Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas, editado por Balbín Álvarez, Jesús William (Medellín: Instituto Popular de Capacitación, 2003).
16 Leyder Humberto Perdomo Ramírez, "El gobierno ilegal del crimen y la inmoralidad: castigo en las milicias populares de Medellín", en Perspectivas sociojurídicas sobre el control del crimen, editado por Ariza, José Libardo, Manuel Iturralde & Fernando León Tamayo Arboleda (Bogotá: Universidad de los Andes, 2022).
17 Daniel Castaño Zapata & Gabriel Ruiz Romero, "La construcción del discurso contrainsurgente como legitimador del poder paramilitar en Colombia", Estudios Políticos 51 (2017): 153-174.
18 Perdomo Ramírez, "El gobierno ilegal".
19 Owain Jones, "Geography, Memory and Non-Representational Geographies", Geography Compass 5, núm. 12 (2011): 875-885.
20 Steven Hoelscher & Derek H. Alderman, "Memory and place: geographies of a critical relationship", Social & Cultural Geography 5, núm. 3 (2004): 347-355.
21 Lirio Gutiérrez Rivera, "Territorios seguros para mujeres en el contexto del posacuerdo: el movimiento social de mujeres en Medellín", en El posacuerdo en Colombia. Procesos Institucionales, temporalidad, territorio y materialidad, editado por Jairo Baquero-Melo, Fran Müller, Markus Rauschecker & Ramiro Segura (Bogotá: Universidad del Rosario-Fritz Thyssen Stiftung).
22 Entrevista personal, 6 de septiembre 6 de 2019.
23 Marie E. Berry, "Radicalising resilience: mothering, solidarity, and interdependence among women survivors of war", Journal of International Relations and Development, núm. 25 (2022): 946-66.
24 Esto se repite en otras formas de movilización feminista en la ciudad. Véase Mary-Luz Alzate-Zuluaga, Luz-Margarita Cardona-Zuleta & Yulieth Carvajal-Londoño, "Del movimiento social de mujeres de Medellín (Colombia) a la incidencia política. El caso del movimiento político Estamos Listas", HISTORelo. Revista de Historia Regional y Local 14, núm. 31 (2022): 23-54.
25 Moreno Montoya, "La izquierda democrática".
26 Camilo Echandía Castilla, "Violencia contra sindicalistas en medio del conflicto armado colombiano", Revista de Economía Institucional 15, núm. 29 (2013): 103-124.
27 Villa Gómez, Marín Cano & Zapata Álvarez, "Construyendo perdón y reconciliación".
28 Entrevista personal, 6 de septiembre de 2019.
29 Pablo Elías González Monguí, Germán Silva-García, Bernando Pérez-Salazar & Luz Angélica Vizcaíno-Solano, "Estigmatización y criminalidad contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia", Revista Científica General José María Córdova 20, núm. 37 (2022): 143-161.
30 Danielle Dorozdzewski, Sarah De Nardi & Emma Waterton, "Geographies of memory, place and identity: Intersections in remembering war and conflict", Geography Compass 10, núm. 11(2016): 447-456; Karen E. Till & Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, "Towards Responsible Geographies of Memory: Complexities of Place and The Ethics of Remembering", Erdkunde 69, núm. 4 (2015): 291-306.
31 Mitchell, The right to the city; Anne-Marie Singh, "Private security and crime control", Theoretical Criminology 9, núm. 2 (2005): 153-17; Stacey Hunt, "Citizenship's place: the state's creation of public space and Street vendors' culture of informality in Bogotá", Society and Space 27, núm. 2 (2009): 331-351; Katherine Beckett & Steve Herbert "Dealing with disorder: social control in the post-industrial city", Theoretical Criminology 12, núm. 1 (2008): 5-30; Crawford, "Governing through anti-social behaviour"; Fernando León Tamayo Arboleda, Del Estado al parque: el gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas (Bogotá: Universidad de los Andes: Siglo del Hombre Editores, 2021).
32 Mitchell, The right to the city.
33 Singh, "Private security and crime"; Crawford, "Governing through anti-social behaviour".
34 Hunt, "Citizenship's place"; Beckett & Herbert, "Dealing with disorder".
35 Tamayo Arboleda & Ariza, "Building the secure city"
36 Tamayo Arboleda, Del Estado al Parque.
37 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-223 del 20 de abril de 2017. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
38 Colombia, Congreso de la República, Código Penal, Ley 599 del 24 de julio de 2000, art. 353A
39 Colombia, Congreso de la República, Ley 1801 de julio 29 de 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", Título IV.
40 Alba Shirley Tamayo Arango, "Movimientos sociales de mujeres en el conflicto armado colombiano: política participativa y periodismo. Reflexiones en torno al caso de las Madres de la Candelaria", Comunicación y Medios, núm. 28 (2013): 80-95.
41 Claudia María Sánchez Álvarez, "Reconstrucción de la memoria histórica de tres mujeres sobrevivientes del conflicto armado colombiano integrantes de la Asociación Caminos de Esperanza- Madres de la Candelaria" (Trabajo de pregrado, Universidad de Antioquia, para optar por el título de Trabajadora Social, 2018).
42 Tamayo Arboleda, Del Estado al Parque.
43 Crawford, "Governing through anti-social behaviour"; Beckett & Herbert, "Dealing with disorder".
44 Steve Herbert, "Policing the Contemporary City: Fixing Broken Windows or Shoring Up Neo-Liberalism?", Theoretical Criminology 5, núm. 4 (2001): 445-466.
45 Tamayo Arboleda, Del Estado al Parque; Beckett y Herbert, "Dealing with disorder".
46 Crawford, "Governing through anti-social behaviour".
47 Tamayo Arboleda & Ariza, "Building the secure city".
48 Eduardo Andrés Perafán del Campo, "The Aesthetics of the Social Rule of Law: The Case of Parque Biblioteca España in the City of Medellín", Novum Jus 17, núm. 2 (2023): 377-402.
49 Tamayo Arboleda, Del Estado al Parque.
50 Mario Alberto Cajas Sarría, "La justicia constitucional contra los bolcheviques: la Corte Suprema de Justicia conservadora y la represión al movimiento obrero, 1926-1930", Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi 19 (2018): 505-532; Fernando León Tamayo Arboleda & David Orrego Fernández, "La creación del delito y el delincuente en Colombia. Análisis socio-jurídico del Decreto 707 de 1927", en Temas Criminológicos Latinoamericanos. Teoría, evidencia empírica y ejecución penal, editado por Norberto Hernández Jiménez (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Tirant lo Blanch, 2021).
51 Iturralde, Ser Duros o ser justos.
52 Moreno Montoya, "La izquierda democrática".
53 La definición de grupos de mujeres como objetivos militares es, además, una constante en Latinoamérica. Véase Julia Margaret Zulver, "Complex gendered agency in Mexico: how women negotiate hierarchies of fear to search for the disappeared", European Journal of Politics and Gender 7, núm. 2 (2024): 239-255, y Julia Margaret Zulver, High-Risk Feminism in Colombia: Women's Mobilization in Violent Contexts (New Brunswick-New Jersey: Rutgers University Press, 2022).
54 "Comisión de la Verdad recibió informe sobre protección de lugares de memoria en Medellín", BLU Radio, 17 de diciembre de 2019.
55 Ramírez Suárez, "Divergent citizenships: Social urbanism".
56 Patrick Naef, "Resilience as a City Brand: The Cases of the Comuna 13 and Moravia in Medellin, Colombia", Sustainability 12, núm. 20 (2020).
57 Naef, "'Narco-heritage' and the Touristification".
58 Esneyder Gutiérrez, "Un directivo de la Universidad de Antioquia reconoció que ordenó borrar mural de la memoria", El Colombiano, 28 de Julio de 2022.
59 El mejor ejemplo es el acuerdo 66 de 2022 del Consejo de Medellín, en el que se definen estrategias para la recuperación de memorias del conflicto armado y la construcción de paz en Medellín, donde la memoria, geográficamente limitada a ciertos espacios, juega un papel fundamental.
60 Cuando se revisan los planes de desarrollo a nivel municipal -y, en nuestro caso, aquellos planes específicos que conciernen a la Comuna 10 (La Candelaria)-, los procesos de construcción de memoria apenas si aparecen mencionados. Las Madres de la Candelaria, que llevan veinte años de acción en la Comuna, no aparecen en ninguno de los documentos municipales que refieren a la Comuna en que operan.
61 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-281 del 23 de agosto de 2021. Magistrado Ponente Antonio José Lizarazo Ocampo.
62 Tamayo Arboleda, Del Estado al parque.
Referencias
Alzate-Zuluaga, Mary-Luz, Luz-Margarita Cardona-Zuleta & Yulieth Carvajal-Londoño. "Del movimiento social de mujeres de Medellín (Colombia) a la incidencia política. El caso del movimiento político Estamos Listas". HISTORelo. Revista de Historia Regional y Local 14, núm. 31 (2022): 23-54.
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