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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O INNOVACIÓN
Repensar la corrupción en Colombia:
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Código: 1423921825 |
Andrés Abel Rodríguez Villabona* Pablo Ignacio Reyes Beltrán**
* Doctor en Derecho Público, vicedecano académico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
0000-0001-8884-3202.
androdriguezv@unal.edu.co
** Magíster en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
0000-0003-1149-8265.
pireyesb@unal.edu.co
Recibido: 12 de enero de 2023
Evaluado: 14 de marzo de 2023
Aceptado: 18 de abril de 2023
Cómo citar este artículo [Chicago]: Rodríguez Villabona, Andrés Abel, y Pablo Ignacio Reyes Beltrán. "Repensar la corrupción en Colombia: el fenómeno de la captura y la cooptación reconfigurada del Estado". Novum Jus 17, núm. 2 (2023): 147-170. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2023.17.2.6
Resumen
El artículo busca identificar, desde una perspectiva sociojurídica, cómo la corrupción no se agotó con la terminación del conflicto armado, sino que sigue siendo una cuestión estructural en las relaciones sociopolíticas en Colombia. En tal sentido, se pretende establecer la necesidad de estudiar nuevas dimensiones de análisis y enfoques de salidas definitivas o estructurales a problemas paralelos a la guerra interna, enraizados en los vínculos socioculturales asociados al fenómeno de la corrupción. Esta última se fundamenta en las relaciones sociopolíticas y socioeconómicas de la población, ante la ruptura y la falta de confianza entre los individuos y de estos con las instituciones estatales; este divorcio propicia nuevas formas de violencia ligados a la captura, la cooptación y la cooptación reconfigurada del Estado.
Palabras clave: Colombia, corrupción, confianza, familismo amoral, instituciones, justicia, capital social.
Abstract
This article seeks to identify, from a sociological-legal perspective, how corruption did not end with the end of the armed conflict but continues to be a structural problem in socio-political relations in Colombia. In this sense, it seeks to establish the need to study new dimensions of analysis as well as approaches to definitive or structural solutions to problems parallel to the armed conflict rooted in society's sociocultural relations associated with the phenomenon of corruption. Corruption is structured in the socio-political and socio-economic relations of the population, given the rupture and lack of trust between individuals and between individuals and state institutions, where this divorce fosters new forms of violence associated with the capture, co-optation, and reconfigured co-optation of the state.
Keywords: Colombia, corruption, trust, amoral familism, institutions, justice, social capital.
Introducción
Alfredo Molano1 y Francisco Thoumi2 sostenían que, después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, el escenario sería complejo, pues la paz tenía muchos enemigos y saldrían a la luz nuevos conflictos. Molano indicaba que el fenómeno de la corrupción sería uno de los problemas estructurales a enfrentar, puesto que se había tomado al Estado en todos los escenarios y, además, ya era visible ante la opinión pública. La corrupción en Colombia, según Francisco Thoumi, tenía matices de prácticas mafiosas, los cuales se manifestaban en algunos sectores importantes de la sociedad.3
Aunque es difícil definir la correlación entre los fenómenos delincuenciales (narcotráfico, contrabando y minería ilegal, entre otros) con la corrupción, varios académicos —Francisco Thoumi, Luis Jorge Garay y Gabriel Misas, entre otros— habían afirmado que el sistema político colombiano había sido permeado por organizaciones ilegales y sus dineros. Tal proceso se ha consolidado con el tiempo y ha forjado relaciones de connivencia con el poder político, judicial y de seguridad, las cuales se expresan de diferentes maneras, por ejemplo, financiación de campañas políticas, favorecimiento en procesos judiciales o encubrimiento de sus actividades delincuenciales. Entonces, el nexo corrupción-ilegalidad-política puede ser un fenómeno sistémico, que se enfoca en capturar o cooptar funcionarios del Estado, líderes de opinión, políticos, jueces y legisladores.
Ese vínculo favoreció el acceso de muchos políticos a cargos de elección democrática. Así, Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales, Asambleas Departamentales e inclusive el Congreso terminaron capturados por este entramado delictivo, lo que muestra la vulnerabilidad del sistema político colombiano. A partir de lo anterior, el objetivo es acercarnos a los fenómenos de captura y cooptación del Estado por parte de grupos políticos, particulares y criminales interesados en apropiarse de recursos públicos, además de ofrecer salidas a esta anomalía.
El artículo se inscribe en un estudio de tipo sociojurídico. En él se reconoce el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como un dispositivo complejo que requiere un conocimiento holístico que coadyuve en la formación de habilidades necesarias para enfrentar y resolver problemas, con base en la relación entre el derecho y la realidad social. Se fomenta una metodología multi, inter y transdisciplinar que enriquece la formación jurídica y la comprensión integral del derecho, para enfrentar problemas sociales como la corrupción.
El artículo avanza en la comprensión de fenómenos —en este caso, la corrupción— frente a los cuales el derecho debe ofrecer respuestas concretas a cuestiones contemporáneas de relevancia nacional y global. Así, el estudio sobre la corrupción se ve impelido por el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho administrativo, para que, mediante el análisis de condiciones económicas, políticas y culturales, se ofrezcan opciones significativas.
Para dar cumplimiento al objetivo del artículo lo dividimos en los siguientes acápites: en el primer momento haremos unas precisiones conceptuales que serán indispensables para entender el fenómeno y la crisis de la institucionalidad y la democracia. En segundo término expondremos algunas prácticas de la población que se expresan en sentimientos antisociales, las cuales reflejan la dominación del fuerte sobre el débil y el despotismo ejercido por minorías organizadas sobre las mayorías desorganizadas. Por último, ofrecemos algunos lineamientos desde la política y el derecho, que aportarán al debate sobre las salidas a la relación corrupción-ilegalidad-política.
Aclaraciones conceptuales y antecedentes epistémicos: relación entre mafias, población y corrupción
La corrupción, como fenómeno organizado con base en unas relaciones sociopolíticas mafiosas, es una anomalía que se sirve de la captura y la cooptación del Estado por parte de políticos, particulares y funcionarios que se apropian de los recursos públicos.
Se hace necesario iniciar con una breve reflexión sobre algunos términos enraizados en una serie de prácticas socioculturales que facilitan la estructuración de la corrupción en el sistema político. Conceptos como mafia, capital social, confianza, familismo amoral, rebusque y clientelismo abrirán el debate y mostrarán un panorama de las prácticas corruptas de la población que se reproducen continuamente en diversos sectores.
Son múltiples los estudios sobre la mafia. Según Alfredo Molano,4 el origen de la palabra mafia es polémico: proviene de la voz árabe mahya, que significa bravuconería, jactancia u ostentación. Por otro lado, Gaen Caselli y Antonio Ingrova atribuyen al concepto un doble significado: en primer lugar, el del espíritu mafioso o de la manera de sentir, considerado una señal de impotencia o temor de recurrir al Estado para dirimir un daño sufrido; en segundo lugar, el del conjunto de muchas asociaciones pequeñas que se proponen distintos objetivos que, en algunas ocasiones, son delictivos y, por lo general, están al filo de la ley.5
Diego Gambetta6 percibe la mafia como una organización que se dedica al negocio de la protección privada en aquellos contextos donde no hay presencia del Estado ni de sus instituciones y ubica sus causas en la desconfianza y en la debilidad de la democracia y de la institucionalidad estatal. Para Ciro Krauthausen,7 la mafia obedece a lógicas de poder desde una condición ilegal, orientada hacia la ganancia económica, mediante la utilización sistemática de la violencia y su estrecho nexo con los poderes político y económico.
Estas organizaciones delincuenciales estructuradas en mafias se establecen y capturan las relaciones sociales y económicas, como son las transacciones comerciales legales e ilegales que, tanto en Colombia como en Estados Unidos y Europa, han contribuido al crecimiento de la corrupción, la criminalidad, la violencia y la violación sistemática de derechos humanos.8
Dichas organizaciones tienen puntos comunes: la explotación parasitaria del Estado y de la población como camino para enriquecerse, y la instrumentalización de la violencia como medio para lograrlo. El mafioso no busca el triunfo de la justicia y los derechos, pues es una clase emergente de prepotentes o burguesía parasitaria. que está resuelta a abrirse camino para compartir el poder con las élites políticas y económicas, mediante el uso de la fuerza y la corrupción. Lo anterior explica su carácter conservador, su exaltación del orden y de la estabilidad social, así como su tendencia a estar del lado del poder político.9
La corrupción está asociada a grupos organizados en estructuras mafiosas que están coligadas al déficit de capital social en la población. Este capital se entiende como un índice derivado de las relaciones entabladas entre los individuos que conviven en una comunidad, explora dimensiones como la capacidad asociativa (confianza interpersonal e institucional) y se vincula al desarrollo económico desde la perspectiva institucionalista.10 La ausencia o el déficit de capital social origina sociedades con altos índices delictivos y modos precarios de organización, entre las cuales el familismo amoral es una práctica socialmente reconocida.
Las aproximaciones sobre la confianza son retomadas por James Coleman y Robert Putnam en los estudios del capital social. La confianza es un compromiso cívico, caracterizado por una forma de asociación en la que cooperan los individuos como iguales. Se le atribuye una naturaleza pública y se espera que el mercado la suministre en cantidades óptimas. Desde el neoinstitucionalismo, Douglass North,11 refrenda las consideraciones de Putnam. North12 acepta que los mercados dependen de instituciones impersonales; estas se han desarrollado con mayor éxito en sociedades cuyas políticas se basan en normas informales de limitación mutua con fuertes lazos de confianza. Lo anterior sugiere que, en una sociedad capitalista y democrática, la propiedad y el intercambio son esenciales para el desempeño de la economía, definir la redistribución de la riqueza y el poder político, e incidir en las estructuras de poder.
Las prácticas mafiosas y corruptas convergen en sectores políticos y sociales ante la falta de confianza. La falta de confianza entre los individuos y de estos con las instituciones estatales impone un tipo de relación particular: el familismo amoral. Esta práctica consistente en "maximizar la ventaja material, a corto plazo, de la familia nuclear (los tuyos, los míos) y se asume que los demás harán lo mismo".13 Las conductas de los familistas amorales suelen estar inscritas a las organizaciones delincuenciales con estructuras mafiosas, pero se hacen extensivas a los sectores de la sociedad, cuando se adoptan comportamientos en los que se acude a la familia o a particulares antes que a las instituciones estatales para resolver conflictos.14
La falta de confianza hacia el otro y hacia las instituciones sociales y políticas ocasiona que estas se reserven para la familia o los amigos íntimos. Así, se crean las condiciones socioculturales para un sistema de relaciones sociales de doble moral, en las que no existen reparos en comportarse de modo oportunista al entablar una acción o emprender una empresa económica. Este contexto propicia que un político elegido para un cargo público sienta la obligación de aumentar su riqueza, poner propiedades a nombre de su familia o facilitar el ascenso de sus parientes en puestos oficiales. El fin es alcanzar objetivos personales, familiares o grupales a corto plazo, así como satisfacer necesidades materiales inmediatas asociadas a la riqueza fácil y rápida.15
La desconfianza en el Estado por parte de algunos sectores de la sociedad con intereses económicos y políticos dio paso a la configuración de organizaciones privadas que les brindaran seguridad y solucionar sus conflictos sin recurrir a la justicia. En este escenario se consolidaron las organizaciones privadas de paramilitares, inclusive delincuenciales, que actuaban como agentes locales capaces de regular el territorio, infundir miedo en la población, impartir justicia y garantizar los intereses de los grupos privilegiados, como los terratenientes.16
Como lo señalaban Darío Betancourt y Martha García,17 las organizaciones mafiosas de finales del siglo XX no eran movimientos sociales puros con sus intereses propios, sino la confluencia de múltiples fuerzas, intereses y tendencias políticas que giraban en torno a las aspiraciones individuales de algunos de sus miembros. Estas mafias no tienen estructuras organizadas jerárquicamente, puesto que muchos de sus integrantes funcionan como apéndices o asociados de negocios relativos al tráfico de drogas, a la delincuencia organizada o al contrabando.
La figura del mafioso, capo o delincuente se instituye como el símbolo o modelo de vida para la población que, con su arrojo, picardía y viveza, logra sus objetivos de enriquecerse con rapidez, ostentar su opulencia y ascender en la escala social a corto plazo; para ello requiere ampliar su influencia y así garantizar sus intereses en los ámbitos político y judicial. 18
No existe algún argumento para suponer que estos grupos se limitan al campo de la protección y la extorsión, como se ha observado en otras partes del mundo y anteriormente en el país. Entonces, es de esperar que las estructuras mafiosas o delincuencias actúen en ámbitos legales relacionados con los mercados formales, donde lavan los dineros obtenidos de manera ilegal; por tanto, siempre actúan en esa línea gris que divide lo informal y lo formal. 19
El racionalismo económico de los colombianos —aquí descrito como la maximi-zación de la utilidad individual o familiar a cualquier costo— tiene su variante en la cotidianidad de la población: el rebusque. Este concepto es trabajado por Álvaro Camacho,20 y surge al producirse la insatisfacción de los intereses particulares dentro de la legalidad. Los medios informales serán el medio para garantizar los objetivos de obtener beneficios económicos con rapidez y, de esta manera, mejorar la posición social y material. El rebusque está ligado a la incapacidad del Estado de regular y arbitrar la vida colectiva de los ciudadanos, crear mecanismos de solución a sus conflictos y responder a sus necesidades materiales.21
Uno de los efectos de esta práctica es la aparición de una lógica del oportunismo o de la ventaja individual, la cual se privilegia sobre la responsabilidad y la confianza en el otro y las instituciones, lo que impone límites a la acción individual en las relaciones colectivas. El rebusque se observa en una sociedad donde predominan los derechos y los beneficios personales o familiares, al apelar a la astucia y a la creatividad individual para impulsar y legitimar normas sustantivas o procedimentales para la satisfacción de sus objetivos. Lo anterior origina y privilegia acciones individuales muy cercanas al actuar mafioso o delincuencial en detrimento de los intereses colectivos, lo que fundamenta el mal uso del poder político en beneficio de particulares.22
Según lo anterior, las estructuras mafiosas con intereses privados se incrustan en la Administración del Estado y en muchos ámbitos de la vida cotidiana: transacciones económicas, mantenimiento de orden público en zonas de conflicto rurales y urbanas, fiscalización de las empresas legales o contratación estatal, entre otras. Por tanto, las actividades mafiosas y corruptas no solo están ligadas a organizaciones ilegales con actividades delincuenciales, pues diversas de las denuncias de corrupción asocian estas estructuras criminales con la clase política y funcionarios públicos. En el contexto actual, corresponden a estructuras complejas, constituidas por funcionarios, empresarios, particulares y políticos que, como verdaderas organizaciones mafiosas, acceden a los recursos del Estado para beneficio particular o grupal. Lo anterior se muestra en diferentes medios de comunicación que mencionan términos cotidianos como carruseles, pulpos, carteles, mafias, clanes, venas rotas u ollas podridas, entre otros términos.
Corrupción, captura y cooptación reconfigurada del Estado y clientelismo
La corrupción, como fenómeno sociopolítico, tuvo un aumento exponencial en las últimas décadas de la historia del país, que corresponde con la intensidad de su estudio por parte de académicos e instituciones internacionales a partir de los años setenta del siglo XX. Este flagelo es la causa más recurrente del deterioro de la institucionalidad y de la ilegitimidad de los regímenes democráticos. Gabriel Misas sostiene que, desde el inicio de la historia republicana, en el siglo XIX, la corrupción contó con el "concurso de agentes públicos, privados y políticos en cada uno de los vértices del llamado triángulo de hierro de la corrupción".23
El concepto más aceptado por la academia y las instituciones internacionales interesadas en la corrupción es el propuesto por el Banco Mundial: "[...] el abuso de un cargo público para la ganancia privada y particular en detrimento de los recursos públicos."24 Rose-Ackerman precisa que la corrupción necesita la interacción de dos actores: el que es corrompido y el que lo corrompe. Además, se produce a partir de la interacción perversa entre el sector público y privado, donde los funcionarios que tienen poder discrecional respecto a las acciones distributivas que afectan al sector privado crean las oportunidades para ser sobornados.25
El hecho corrupto se produce al crear las condiciones de captura, cooptación y reconfiguración cooptada del Estado por parte de particulares organizados en estructuras mafiosas que, en alianzas con funcionarios, acceden a los recursos públicos mediante el desvío de estos, tras facilitar conflictos de interés, prebendas, coimas, mordidas, sobornos y cohechos en la contratación pública.26
Las actividades corruptas afectan el disfrute y el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población, al afectar sectores básicos para la vida digna de las personas atinentes a servicios sanitarios, educación, seguridad alimentaria, vivienda digna, ambiente sano, acceso a la justicia y consolidación de la democracia. Estas prácticas no solo configuran delitos, sino que son antiéticas, inmorales e inconstitucionales, lo que debilita y deslegitima la institucionalidad y el Estado de derecho. Lo anterior ocasiona la entrada de la criminalidad al sistema político y constituye la principal amenaza a la estabilidad y al orden de los países.27
La captura, la cooptación y la reconfiguración cooptada del Estado —términos trabajados por Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo— indican que, en el proceso de consolidación del Estado de derecho, surgen diversos tipos de actores, incluso tanto o más poderosos que este, en los escenarios nacionales, regionales o locales. Estos grupos están interesados en reemplazarlo, dominarlo y cooptarlo en instancias de decisión política y económica, para beneficiar los intereses particulares de los agentes captores. Algunos de estos actores pueden ser clanes familiares, carteles de la droga, organizaciones criminales, grupos paramilitares y organizaciones guerrilleras, entre otros.28
La captura y la cooptación del Estado es favorecida por una característica sociopolítica del país: el clientelismo. Los estudios sobre este fenómeno en el régimen colombiano los ha realizado Francisco Leal Buitrago, quien lo entendía como un intercambio de favores interpersonales, que involucraba una larga amistad. En estas relaciones clientelares, los individuos de elevado estatus socioeconómico (patrón) utilizaban su influencia y recursos para suministrar protección y ganar obediencia de personas de menor estatus (cliente). El patrón le ofrece al cliente apoyo y auxilio general, incluidos sus servicios personales.29 El clientelismo es el aprovechamiento del poder por parte de grupos políticos o económicos para lograr ventajas electorales y acceder a puestos estatales o a la contratación pública. Esta práctica debilita la institucionalidad estatal, al sustituirla en las regiones por una red clanes familiares y organizaciones delincuenciales, que favorecen la apropiación de los recursos públicos con el objetivo de financiar campañas electorales.
Aunque el clientelismo se nutre de dineros públicos, cuando no son suficientes, entran los privados o los provenientes de actividades delincuenciales, como el narcotráfico, cuya finalidad es alcanzar fines políticos o jurídicos: ello ocasiona la captura y cooptación del Estado. El narcotráfico y sus estructuras organizadas tienen la suficiente liquidez para comprar funcionarios y terminan apuntalando al régimen político con sus actividades ilegales.30
Garay y Salcedo amplían la definición de captura del Estado a escenarios donde los individuos o los grupos ilegales intervienen en procesos legislativos y públicos para obtener beneficios particulares. No es sorprendente que el nexo entre el clientelismo y la corrupción capture a los órganos de poder, impartidores de justicia y garantes del orden constitucional: altas cortes, fuerzas de seguridad, las "ías" (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) y jueces, entre otras. Escándalos como el cartel de la toga, el carrusel de las pensiones, el cartel de los jueces y sus fallos a favor de delincuentes, el clientelismo judicial, el programa Agro Ingreso Seguro, las falsas devoluciones del IVA, el carrusel de la contratación, los recientes escándalos de Odebrecht, Reficar, MinTIC y la empresa Centros Poblados, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la Unidad Nacional de Protección (UNP) son muestras de que la corrupción es cada vez más sofisticada.
Según la Corporación Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 92 entre 180 países calificados sobre la percepción de la sociedad civil de la corrupción. Esta entidad indica que los países de América Latina se caracterizan por tener Gobiernos débiles, condiciones de desigualdad social y económica, restricción de los derechos sociales y civiles, y un anquilosado sistema de controles, sin pesos ni contrapesos.31
Para Transparencia por Colombia (TpC), la mayoría de los hechos de corrupción se produjo en el sector administrativo del Estado, tanto en el escenario central como en el descentralizado (73%), la empresa privada (9%) y el Poder Judicial (7%).
Buena parte de los actos de corrupción del sector administrativo del Estado están relacionados con el educativo (16%), la infraestructura y el transporte (15%), la salud (14%) y la función pública (12%).
En el mismo informe se muestra que los funcionarios (39%) y las autoridades electas (30%) eran los más vinculados. En cuanto a estas últimas, los concejales (41%) y los alcaldes (40%) fueron los más involucrados en este delito. Acerca de los sectores colectivos vinculados a hechos de corrupción, el 69% correspondía al sector privado; allí aparecen las empresas con un 70,4%, por lo que se concluye que este sector ha adquirido un papel relevante en la actividad de captura del Estado. Entre los delitos más cometidos están: peculado (18%), celebración indebida de contratos (13%), falsedad en documento público (11%) y concierto para delinquir (11%).32
Relación entre población, mafias y corrupción
En la cotidianidad se vislumbran prácticas y costumbres rurales y semiurbanas asociadas al clientelismo que terminan reproduciéndose en los grandes centros urbanos. En muchos casos, las aglomeraciones urbanas en Colombia no alcanzan a ser ciudades y sus habitantes no tienen una conciencia de ciudadanos, salvo cuando la ciudadanía está protegida por órdenes respaldadas por amenazas por parte del Estado, donde se privilegia la seguridad sobre los derechos fundamentales, como son los civiles, políticos y sociales. Esta concepción sobre la ciudadanía se fundamenta en una mentalidad cuasitradicional de la población, la cual se conformó como un híbrido entre una mentalidad tradicional y una moderna. El Estado que se estructuró desde la conformación de la historia republicana se ha caracterizado por su poca capacidad para ofrecer bienes públicos y regular los abusos, con unos habitantes sin una concepción de los deberes, que es esencial para edificar una cultura ciudadana. La población, al verse desprovista de regulación y participación del Estado para construir ciudadanía (Europa y el Norte Global la fundamentaron y construyeron con el Estado de bienestar), se dedicó a desempeñar actividades socioeconómicas vinculadas a relaciones rurales de sobrevivencia, con características patológicas asociadas al rebusque en contextos urbanos.
El anterior contexto fue el origen de las prácticas mafiosas y corruptas en algunos sectores de la sociedad que, como lo expuso Diego Gambetta, basado en sus estudios de la región siciliana, en el sur Italia, la cultura del rebusque, el familista amoral y el clientelismo se extendieron a los centros urbanos, en primera instancia al norte industrial de Italia y, posteriormente, migraron hacia los Estados Unidos. Para Gambetta, las prácticas socioeconómicas y las relaciones sociopolíticas del sur del Italia también caracterizan a ciertos sectores de la población colombiana, tanto urbana como rural.33
La mafia italiana, como fenómeno delincuencial, se engendró en la región del sur del país, concretamente, en Nápoles y la isla de Sicilia, con predominio rural. En estos lugares se entablaron relaciones de sometimiento entre los latifundistas y sus protegidos, como expresión de estructuras sociales jerárquicas, en las que el más fuerte somete al débil y, al mismo tiempo, le confiere protección como su cliente político.34
Los nexos mafiosos son el dispositivo sociopolítico que inciden en la corrupción y, por ende, la captura del Estado por parte de particulares; son, en esencia, provenientes de un marco de relaciones sociales tradicionales y jerárquicas. Además, se ambientan en la eticidad hispana que se cristaliza en el personalismo hispano, que es distintivo de un individualismo exacerbado, caracterizado por un ejercicio personal de poder y una voluntad de dominio sujeta a su propio arbitrio; es correlativo a la debilidad institucional del Estado o al escaso arraigo a la norma por parte de la población y se expresa en "la norma se cumple, pero no se obedece". 35
Estos vínculos crean las condiciones para otras prácticas y rasgos análogos en la población, estrechamente conexos con la condición político-jurídica de un Estado débil que no arbitra sus conflictos y demandas. Ante la cuasi inexistencia de un orden normativo consolidado con reglas claras, la acción social con tintes tradicionales de origen rural se traslada a los grandes centros urbanos y estructuran relaciones cuya única fuente de confianza y seguridad es la familia. Lo anterior configura el familismo amoral en la medida en que se prioriza a la familia como el imperativo de supervivencia ante un Estado anómico. Ello confluye en la idea de la sobrevivencia de la familia a cualquier costo: el todo por la familia justifica el delito o acto ilegal en contra de un interés general, amorfo y difuso, usufructuado por los particulares.36
Las relaciones delincuenciales con características mafiosas y familistas amorales ambientan un escenario para las actividades corruptas que, además, encuentran un contexto socioeconómico propicio para su realización en el ámbito laboral: la informalidad. Según el DANE,37 el 49,8 % de la población colombiana en edad laboral se dedica a actividades informales. La informalidad es una particularidad de las relaciones laborales en el país, en la cual no existen contratos laborales, se presenta una alta movilidad ocupacional, no hay permanencia laboral y se sostiene en las habilidades y destrezas individuales para superar las dificultades económicas que, en el transcurso del tiempo, se institucionalizan. 38
Según Camacho Guizado, la informalidad crea las condiciones socioeconómicas para el rebusque, una práctica para lograr movilidad social y mejorar las condiciones de vida, que se alimenta del narcotráfico, al cual accedieron diversos sectores de la población para mejorar sus circunstancias. La relación rebusque-narcotráfico fue construyendo una cultura mafiosa en la que la ley del silencio y el no ser sapo sustentan el "hagámonos pasito".39
Esta relación se robustece en una sociedad anómica que se describe como incumpli-dora de las normas. En tal sentido, Mauricio García ubica cuatro tipos de personas incumplidoras de la norma: i) los que desobedecen cuando les conviene, porque su cálculo los conduce, por falta de sanciones efectivas, a no acatar lo dispuesto; ii) los que desobedecen por razones de justicia, al no estar de acuerdo con la autoridad; iii) los que incumplen al estimar que están por encima de la autoridad, y iv) los que desobedecen al no tener otra opción. A estos personajes, García los denomina: el vivo, el rebelde, el arrogante y el desamparado.40
En el artículo profundizaremos en los personajes del vivo y el arrogante. Según García, el vivo es una peculiaridad de los latinoamericanos, cuyas consignas son conocidas y practicadas en todos los rincones de la región. García menciona que en todas partes se recomienda "madrugar antes de que nos madruguen" o "joder antes de que nos jodan". En Colombia, "no hay que dar papaya" es el undécimo mandamiento, con el que se proscribe a aquel que tenga déficit de viveza. Se inculca la viveza desde la infancia: el pícaro es el que sale airoso en medio de las dificultades que los tiene condenados, tiene la capacidad de burlarse de las autoridades, engañar a los otros y, sobre todo, ganarles a las figuras estatales. Entonces, los triunfos de personajes como el vivo o el pícaro, en las relaciones socioeconómicas o sociopolíticas del país, no son producto de la maldad, sino de la fatalidad, fruto del devenir histórico del país.41
El vivo, forjado y estructurado en las relaciones socioculturales latinoamericanas y colombianas, se entrelaza con el tipo social del arrogante. Este personaje es heredero del hidalgo o cuasi noble, imitador de la nobleza española que arribó durante la Conquista. Este personaje vivía de sus viejas glorias, no deseaba trabajar la tierra y ambicionaba tener títulos de propiedad que la nobleza le había negado en la península. Las élites que se forjaron en el período colonial asociaban la ostentación y el enseñoramiento con la pureza de sangre y la posición social ligada a la tenencia de la tierra.42
Estas poblaciones hidalgas tomaron la defensa de la fe y la familia como su impronta, que cumplen un papel importante en la formación del arrogante. El hidalgo español ve la religión como una verdad universal que tenía que difundir. En esta visión, la obediencia a la ley era vista como una recomendación, no como una regla. La norma humana no tenía mayor fuerza frente a los valores religiosos, definidos y salvaguardados por la familia. Esta división se traduce en una sumisión de la población a los valores teológicos y una apatía ante el poder humano.43 Por eso, el autoritarismo de la monarquía y la Santa Inquisición convivían con la anarquía, la desobediencia a la ley y el desorden.44 El arrogante tiene el hábito de expresar la frase "¿usted no sabe quién soy yo?", la cual se va extendiendo a los demás sectores de la sociedad y forja al incumplidor de la norma.45
La defensa de la familia estaba por encima de la ley, el orden y la autoridad. "Con mi familia nadie se mete" suele ser una frase común en nuestro contexto. La supremacía de la familia anula la diferencia política entre clases políticas, los gobernantes y, aún más, los funcionarios.46 Esta defensa y la fidelidad a la familia van consolidando el familismo amoral en las relaciones sociopolíticas y socioeconómicas de las regiones y los municipios del país, en donde los clanes políticos y sus clientes son su mejor expresión.47
En este contexto, la corrupción se alimenta de unos funcionarios provenientes de clases altas y medias, las cuales solo tienen confianza en su entorno personal, familiar o de clase. Estos grupos consideran la ley como una herramienta para someter a sectores bajos de la población con medios violentos y coercitivos. Las clases altas y medias no necesitan la ley para proteger sus intereses; para ello tienen conexiones, palancas y contactos personales.
Elementos para pensar una sociedad anticorrupción
Ante las complejas estructuras mafiosa y corruptas que amenazan la contratación y los dineros públicos, en este apartado nos proponemos dar luces sobre alternativas que no se reducen a salidas coercitivas. En tal sentido, introduciremos algunas perspectivas sociojurídicas y políticas que han propuesto herramientas para superar la corrupción. Esta se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda pública y se ha abordado desde tres enfoques: legalista, de ingeniería institucional y cultural.
En primera instancia, el enfoque legalista o punitivo reduce la solución a la represión, lo que origina el populismo punitivo. Este término es utilizado por académicos y juristas para definir las soluciones por parte de Gobiernos y sectores políticos en tiempos electorales que, ante el aumento de la criminalidad, la corrupción y la alta impunidad, provocan desespero en la población. La respuesta es el endurecimiento de las penas, con un manejo politizado de la materia penal que se aleja de los expertos. Rodrigo Uprimny llama la atención sobre el asunto, al explicar que es políticamente popular promover iniciativas de endurecer las penas, con lo que se hace creer que su incremento es el medio apropiado para enfrentar complejos problemas sociales como la violencia en todas sus manifestaciones.48
El aumento de las penas y la construcción de nuevos centros reclusorios para combatir la criminalidad suelen ser populares, pero su eficacia es baja y tienden a agravar el problema: hacinamiento carcelario, poca resocialización y violación sistemática de derechos fundamentales de los reos. La solución, según Rodrigo Uprimny, quien retoma a Daniel Nagin, sería reducir la criminalidad mediante una buena política enfocada en la prevención, aumentar la eficacia de la investigación, disminuir la impunidad e identificar sus causas y dinámicas.
Gaetano Mosca, respecto a una situación similar en la región del sur de Italia, capturada por mafias organizadas cercanas a las autoridades estatales, sostenía que, para que una política criminal fuera eficaz, era necesario estructurar una justicia y unas fuerzas de seguridad que efectivamente recopilen pruebas, procesen, obstaculicen y prevengan las actividades criminales, con penas efectivas y que correspondan con el delito cometido. Para ello, se necesita una justicia autónoma, libre de intereses políticos, trasparente y eficaz a la hora de combatir la criminalidad.49 En tal sentido, la justicia debe actualizarse respecto a un fenómeno tan cambiante como el de la criminalidad asociada a la corrupción, cada vez más complejo por los múltiples actores que participan. La complejidad se debe a la organización de los actores involucrados, los medios tecnológicos para cometerla, las modalidades de acción y las relaciones con sectores políticos y económicos.50
En esta perspectiva, Alejandro Gaviria propone dejar de impulsar normas basadas en la desconfianza, las cuales afectan la eficiencia del Estado y contribuyen a su pérdida de legitimidad. Al promocionar reglas con características prejuiciosas e inquisitorias que suponen que los funcionarios elegidos popularmente son corruptos y se les trata como delincuentes en potencia, se crea un clima de desconfianza en el cual todo funcionario es sospechoso. Lo anterior causa una desconexión moral e induce el comportamiento corrupto de los funcionarios. Las normas basadas en la desconfianza o punitivas provocan un círculo vicioso: la corrupción produce desconfianza y la desconfianza produce corrupción.51
Desde el enfoque de ingeniería institucional se propone que se deben realizar reformas, modernizar el Estado y actualizar los procesos sancionatorios para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción. Entonces, después de crear la Constitución de 1991, la cual incluyó la pluralidad de formas de vida del país, se debe avanzar en políticas que disminuyan la brecha social entre ricos y pobres, creen las condiciones económicas y sociales de una mayor movilidad social y se garanticen los derechos de todos los colombianos, sin distinción de clase, a tener una vida digna, incluyente y sin estigmatización.
Entonces, la ingeniería institucional anticorrupción está relacionada con una política pública eficaz por parte del Estado, que garantice derechos relativos a fuentes de trabajo, oportunidades de formación profesional y acceso a la salud, y que reconozca los derechos de los ciudadanos, para salir del subdesarrollo económico, institucional y administrativo en donde nacen y crecen las personas que se convertirán en los peces gordos de la corrupción en el país.52 Para ello, el Estado colombiano debe llevar su institucionalidad a las regiones donde nunca o parcialmente existió, lo que originó la falta de derechos de sus poblaciones, las colocó en situación de vulnerabilidad y, por tanto, carecen del derecho a vivir en una comunidad política.
La falta de derechos por parte de la población posibilita la captura de la institucionalidad por actores ilegales —paramilitares, delincuencia común, guerrilla o la misma élite de la región, que se alía con estas organizaciones—, y lo que, en palabras de García y Espinosa, trajo un apartheid institucional.53 El termino apartheid tiene un fuerte significado discriminatorio y de segregación, que surge del abandono institucional de grandes extensiones del territorio nacional. La segregación de unos territorios sobre otros incidió en poblaciones sin acceso a derechos mínimos, que se vieron expuestas a la influencia, represión y violencia ejercida por actores ilegales que asumían funciones de Estado, lo que disminuyó las oportunidades de una vida digna de sus habitantes y reforzó las relaciones clientelares.54
Alejandro Gaviria insiste en la necesidad de abandonar la práctica clientelar que ha caracterizado el régimen político colombiano desde el Frente Nacional. Afirma que, para combatir la corrupción, se debe temiinar con el argumento de la representación política y quebrar los pactos políticos entre el Legislativo y el Ejecutivo. En el corto plazo, quebrar este pacto traerá consecuencias de gobernabilidad, menos reformas y la imposibilidad de impulsar una agenda económica; a largo plazo atacará la corruptela y más cuando las poblaciones elijan personas idóneas en el Congreso.55
Gaviria plantea la posibilidad de centralizar los proyectos de infraestructura. Esta propuesta va encaminada a diseñar proyectos bien estructurados, para evitar la ineficiencia en las obras, los elefantes blancos y la improvisación en la contratación, pues con ello se facilita la captura de los dineros públicos por parte de empresas organizadas y contratistas oportunistas en los departamentos y los municipios.
La elaboración de esos proyectos debe estar a cargo de expertos que, con el conocimiento del contexto y el apoyo de las comunidades, pueden aprovechar mejor los recursos provenientes del presupuesto nacional o las regalías.56
Para avanzar en el diseño y la reforma institucional del Estado, cuya finalidad el acabar con la corrupción, Transparencia Internacional propone cuatro escenarios: i) reforzar y despolitizar los organismos de control; ii) realizar procesos de contratación abiertos y transparentes; iii) fomentar la democracia y el espacio público, y iv) publicar datos pertinentes y accesibles. En el primero, los organismos de control deben contar con fondos, recursos e independencia política para cumplir sus funciones. El segundo hace énfasis en evitar el desvío de recursos públicos, mediante el combate a las irregularidades en la contratación e identificar los conflictos de interés. El tercero es la defensa de lo público, mediante el refuerzo de la democracia, la participación de la población y de unos medios de comunicación dispuestos a pedir rendición de cuentas a los Gobiernos. El cuarto dispone de la publicación de datos sobre gastos y distribución de los recursos, a la cual la población acceda de forma sencilla, oportuna y acertada.57
Por otro lado, el enfoque cultural debe ser impulsado por los Gobiernos nacionales, regionales y locales. Es necesario discutir, examinar y teorizar la verdadera naturaleza de las organizaciones corruptas y mafiosas que, ante diferentes sectores de la sociedad, tienen la pretensión de presentarse como grupos garantes de la seguridad, ofrecen fuentes de oportunidades de trabajo y son oportunidades de movilidad social. 58
En este contexto es preciso difundir una cultura de la legalidad, fundamental para una verdadera transformación psicológica de la población. Del respeto por la legalidad surgirá el disgusto por actos corruptos, delincuenciales o relacionados con la violencia. Para consolidar esta cultura es importante avanzar en el desarrollo económico y social de las poblaciones de los territorios —urbanos, semiurbanos y rurales— donde la presencia del Estado ha sido nula y, por tanto, se han visto expuestos a pobreza, marginalidad social, violencia y presencia de grupos armados ilegales.59
Conclusiones
La historia del país ha mostrado que tenemos varias tareas incumplidas históricamente, como son las de llevar el Estado y sus instituciones a todo el territorio nacional, proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar la participación política y mejorar las condiciones de vida de la población. Lo anterior se resolvería con instituciones sociales y políticas legítimas y responsables ante el fenómeno de la corrupción, que proscriban la laxitud de los Gobiernos locales, regionales y nacionales frente a estos actos.
Se debe insistir en que, para combatir la corrupción —que en buena medida se desprende de la actividad del narcotráfico y de la violencia en todas sus manifestaciones—, se deben edificar instituciones capaces de gobernar con eficiencia, administrar justicia y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Se plantea la urgencia de construir un Estado que no solo sea eficaz, sino también legítimo y legal —Estado constitucional— de cara a las poblaciones de los municipios y territorios abandonados históricamente. La apuesta normativa de los Gobiernos de turno es llevar el Estado social de derecho a las regiones más apartadas y abandonadas de las ciudades y los sectores rurales. Este sería un ente capaz de respetar los derechos de la persona (legítimo), imponer su voluntad y hacer realidad los derechos reconocidos (eficaz) y estar limitado por el derecho (legal).
Notas
1 Radio Nacional de Colombia, "La corrupción, otra enemiga de la paz: Alfredo Molano", Radio Nacional de Colombia, Sec. Cultura, 29 de junio de 2016, https://www.radionacional.co/cultura/la-corrupcion-otra-enemiga-de-la-paz-alfredo-molano (acceso junio 23, 2022).
2 Francisco Thoumi, "La relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia", Revista de economía del Rosario 2, núm. 1 (1999): 11-33, https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=7558575 (acceso junio 23, 2022).
3 Thoumi, "La relación entre corrupción y narcotráfico", 11-12.
4 Alfredo Molano, "Cultura mafiosa", El Espectador, Sec. Opinión, 28 de marzo de 2008.
5 Gaetano Mosca, ¿Qué es la mafia? (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 21-22.
6 Citado en Jean-François Gayraud, El G-9 de las mafias en el mundo: geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias, 2007), 15.
7 Ciro Krauthausen, Padrinos y mercaderes: crimen organizado en Italia y Colombia (Bogotá: Espasa, 1998), 119.
8 Andrés Eduardo Fernández Osorio y Yerlyn Ximena Lizarazo Ospina, "Crimen organizado y derechos humanos en Colombia: enfoques en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP", Novum Jus 16, núm. 2 (2022): 221, https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.9 (acceso junio 15, 2022).
9 Carlo Marino Giuseppe, Historia de la mafia: un poder en las sombras (Barcelona: Vergara, 2002), 78.
10 John Sudarsky, El capital social en Colombia (Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2001), 216.
11 Luigino Bruni y Robert Sugden, "Los canales morales: la confianza y el capital social en la obra de Hume, Smith y Genovesi", Valores en la Sociedad Industrial 23, núm. 62 (2005): 18, https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13565 (acceso julio 23, 2023).
12 Douglass North, Estructura y cambio en la historia económica (Madrid: Alianza, 1984), 23.
13 Edward Banfield, The Moral Basis of a Backward Society (Chicago: Free Press, 1958), 16.
14 Gayraud, El G-9 de las mafias, 308; Diego Gambetta, La mafia siciliana: el negocio de la protección privada (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2007), 47.
15 Gambetta, La mafia siciliana, 301; León Valencia y Ariel Ávila, Herederos del mal: clanes y mermelada: Congreso 2014-2018 (Bogotá: Ediciones B., 2014); Sudarsky, El capital social.
16 Darío Betancourt y Martha García, Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia de la mafia colombiana (1965-1992) (Bogotá: Tercer Mundo, 1994), 129.
17 Betancourt y García, Contrabandistas, marimberos y mafiosos, 131.
18 Manuel Bermúdez-Tapia y Paola Alexandra Sierra-Zamora, "La incidencia del narcotráfico en las altas esferas del gobierno peruano", Novum Jus 15, núm. 2 (2021): 261, https://doi.org/10.14718/NovumJus.2021.15.2.10 (acceso marzo 30, 2023).
19 Krauthausen, Padrinos y mercaderes, 119.
20 Álvaro Camacho Guizado et al., "Mesa redonda: perspectivas sobre el desarrollo económico" en Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo XX, ed. Gabriel Misas Arango (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001), 515-539.
21 Camacho Guizado et al., "Mesa redonda", 520-522.
22 Álvaro Camacho Guizado, Estructura y coyuntura social y política en Colombia, Volumen II (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014), 147.
23 Gabriel Misas Arango, La lucha anticorrupción en Colombia: teorías, prácticas y estrategias (Bogotá: Contraloría General de la República, 2005), 24.
24 Daniel Kaufmann, "Gobernabilidad y corrupción: avances empíricos a nivel internacional para el diseño de políticas", www.oas.org/juridico/spanish/foro/Daniel%20Kaufmann.doc (acceso marzo 30, 2022), 22.
25 Susan Rose-Ackerman, La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma (Madrid: Siglo XXI, 2001), 210.
26 Filiberto Eduardo Manrique Molina, Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum desde un enfoque basado en derechos humanos (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2021), 30.
27 Manrique Molina, Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum, 87.
28 Luis Jorge Garay et al., La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado (Bogotá: Fundación Avina, 2008), 34.
29 Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, Clientelismo: el sistema político y su expresión regional (Bogotá: Ediciones Uniandes, 1994), 22.
30 Alfredo Molano, "Prólogo" en Clientelismo: el sistema político y su expresión regional, ed. Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara (Bogotá: Ediciones Uniandes, 1994), 8-9.
31 Transparencia Internacional, "Índice de percepción de la corrupción 2020", https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_ES_0802-WEB.pdf (acceso abril 4, 2022), 12.
32 Transparencia por Colombia, "Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia, 2016-2018", https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf (acceso abril 4, 2022), 11-12.
33 Gambetta, La mafia siciliana.
34 John Dickie, "La mafia se estableció en Estados Unidos (1900-1914)" en Cosa nostra: historia de la mafia siciliana, ed. Autor (Barcelona: Debate, 2006), 221-240.
35 Mauricio García, El orden de la libertad (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2017), 90-97.
36 Camacho Guizado et al., "Mesa redonda", 520-522.
37 Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], "Medición de empleo informal y seguridad social: trimestre móvil diciembre 2020-febrero 2021", https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad^ol_geih_informalidad_dic20_feb21.pdf (acceso abril 4, 2022).
38 Álvaro Camacho Guizado, "Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia", Nueva Sociedad, núm. 171 (2001): 24, https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2936_1.pdf (acceso abril 4, 2022).
39 Antanas Mockus, "Un parto de los montes: apuntes sobre la paz en Colombia" en ¿Cómo mejorar a Colombia?, ed. Mauricio García Villegas (Bogotá: Ariel, 2018), 248.
40 Mauricio García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia? (Bogotá: Ariel, 2018), 92-93.
41 García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia?, 93-122.
42 García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia?, 120.
43 García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia?, 121-122.
44 Sergio Buarque de Holanda, Raizes do Brasil (San Pablo: Das Letras, 1995), 19.
45 García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia?, 131.
46 García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia?, 122.
47 García Villegas, ¿Cómo mejorar a Colombia?, 125.
48 Rodrigo Uprimny, "La impunidad, el desespero y el populismo punitivo", El Espectador, Sec. Opinión, 12 de septiembre de 2011.
49 Mosca, ¿Qué es la mafia?, 65.
50 Mosca, ¿Qué es la mafia?, 63-69.
51 Alejandro Gaviria, "Cinco ideas para reducir la corrupción" en ¿Cómo mejorar a Colombia?, ed. Mauricio García Villegas (Bogotá: Ariel, 2018), 351-353.
52 Gian Carlo Caselli y Antonio Ingroja, "Estudio preliminar: mafia de ayer, mafia de hoy, o de cómo cambia, pero se repite" en ¿Qué es la mafia?, ed. Gaetano Mosca (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 24.
53 Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa, El derecho al Estado: los efectos legales del apartheid institucional en Colombia (Bogotá: DeJusticia, 2013), 108-109.
54 García Villegas y Espinosa, El derecho al Estado.
55 Gaviria, "Cinco ideas", 348.
56 Gaviria, "Cinco ideas", 349-350.
57 Transparencia Internacional, "Índice de percepción", 5.
58 Caselli e Ingroja, "Estudio preliminar", 24.
59 García Villegas y Espinosa, El derecho al Estado, 108-110.
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