10.14718/NovumJus.2022.16.2.7

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O INNOVACIÓN "IGUALDAD DE GÉNERO" O "EQUIDAD DE GÉNERO" COMO DERECHO HUMANO: UN ANÁLISIS DEL CAMINO DE COLOMBIA FRENTE A LOS RETOS DE LA AGENDA 2030* "GENDER EQUALITY" OR "GENDER EQUITY" AS A HUMAN RIGHT: AN ANALYSIS OF COLOMBIA'S PATH TOWARDS THE CHALLENGES OF THE 2030 AGENDA "IGUALDADE DE GÊNERO" OU "EQUIDADE DE GÊNERO" COMO DIREITO HUMANO: ANÁLISE DO CAMINHO DA COLÔMBIA ANTE OS DESAFIOS DA AGENDA 2030

Código: 1535917697 • Autor: Shutterstock

Lucia Picarella
Pablo Guadarrama González

Los autores:
Lucia Picarella,
PhD en Teoría e historia de las instituciones políticas comparadas, profesora e investigadora de la Universidad Católica de Colombia.
0000-0001-5275-1111
lpicarella@ucatolica.edu.co

Pablo Guadarrama González
doctor en Filosofía y doctor en Ciencias, profesor e investigador de la Universidad Católica de Colombia.
0000-0002-4776-2219.
pmguadarrama@ucatolica.edu.co

^{* El presente trabajo es producto del proyecto de investigación del grupo Aldo Moro, de la Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia, en el cual participan los dos autores.}

Recibido: 19 de febrero de 2022;
evaluado: 25 de febrero 2022;
aceptado: 02 de marzo de 2022.

Cómo citar este artículo: Lucia, Picarella, y Pablo Guadarrama González. "'Igualdad de género' o 'equidad de género' como derecho humano: un análisis del camino de Colombia frente a los retos de la agenda 2030". Novum Jus 16, núm. 2 (2022): 155-186. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.7

Resumen

La lucha por la equidad o la igualdad de género ha adquirido mayor relevancia en las últimas décadas en América Latina y en particular en Colombia. Sin embargo, cuenta con antecedentes significativos desde la época colonial. Sus mayores expresiones se pusieron de manifiesto durante el proceso independentista, pero luego fueron incrementándose con la mayor consolidación de la vida republicana, en la medida en que otras contradicciones sociales e ideológicas se intensificaban. En tanto ha aumentado el protagonismo de las mujeres en la vida socioeconómica, política y cultural en esta región, se ha tomado mayor conciencia de que la igualdad de género —dadas las naturales diferencias no solo biológicas, sino también de las funciones societales entre hombres y mujeres— constituye una utopía abstracta. Sin embargo, las luchas por la equidad de género expresan un derecho humano algo más realizable, aunque no menos utópico, pero sin duda concreto.

Palabras clave: derechos humanos, equidad, igualdad, género.

Abstract

The struggle for gender equity or equality has acquired greater relevance in recent decades in Latin America, particularly in Colombia. However, it has had significant antecedents since colonial times. Its greatest expressions were initially revealed during the independence process and increased later with the consolidation of republican life, as other social and ideological contradictions intensified. Similarly, as the role of women in socio-economic, political, and cultural life has increased in this region, there has been a greater awareness that gender equality—given the natural differences between men and women that are not only biological but also related to societal functions—constitutes an abstract utopia. However, struggles for gender equality express a human right that is somewhat more achievable—no less utopian but certainly concrete.

Keywords: human rights, equity, equality, gender.

Resumo

A luta pela equidade ou igualdade de gênero vem ganhando mais relevância nas últimas décadas na América Latina e, em particular, na Colômbia. Contudo, conta com antecedentes significativos desde a época colonial. Suas maiores expressões se manifestaram durante o processo de independência, mas logo foram aumentando com a maior consolidação da vida republicana, na medida em que outras contradições sociais e ideológicas foram intensificadas. Ao mesmo tempo, o protagonismo das mulheres na vida socioeconômica, política e cultural nessa região vem aumentando, vem se conscientizando sobre a igualdade de gênero — tendo em vista as naturais diferenças não somente biológicas, mas também das funções societais entre homens e mulheres — constitui uma utopia abstrata. No entanto, as lutas pela equidade de gênero expressam um direito humano mais realizável, embora não menos utópico, mas, sem dúvida, concreto.

Palavras-chave: direitos humanos, equidade, igualdade, gênero.

Introducción

En la última década, las mujeres de América Latina hemos hablado. Después de habernos sentido confinadas por demasiado tiempo a espacios privados e invisibles, las mujeres de todo el continente estamos invadiendo calles, plazas y demás lugares públicos exigiendo ser escuchadas. En diferentes formas, con diferentes voces, gritando o susurrando en lo que corresponde ya a una rebelión histórica significativa.¹

Desde las primeras civilizaciones, la humanidad ha engendrado utopías, unas más abstractas, según Ernst Bloch,² imposibles de realizar en época alguna y otras, más concretas que, aunque parezcan difíciles de lograr en determinadas circunstancias, en otras es posible alcanzarlas. Ese es el caso de la equidad de género, que demuestra cada vez más constituir una posibilidad efectiva de realización, a diferencia de una "metafísica igualdad".³

La pretensión de igualdad constituye una abstracción, una aspiración válida y útil en cualquier ejercicio axiológico, que siempre estará limitada, porque en el universo, lo mismo en la naturaleza que en la sociedad, ningún cuerpo o fenómeno es idéntico a otro, pues siempre posee sus especificidades que lo diferencian de los demás.⁴

El hecho de que ningún individuo sea idéntico a otro dificulta la posibilidad de que se considere posible establecer una presunta identidad entre diferentes grupos sociales, bien sean clases, generaciones, géneros, etc.; de ahí que la pretensión de lograr una igualdad entre ellos constituye una utopía abstracta. Alguna razón, aunque no toda, tuvieron los neokantianos como Wilhelm Windelband para sostener que las ciencias sociales eran "ideográficas", porque estudiaban fenómenos irrepetibles, a diferencia de las naturales o "nomotéticas",⁵ que sí podían identificar regularidades en el desarrollo de los fenómenos. Esto no significa que tuvieran suficientes argumentos válidos para tal diferenciación, pero relativa validez les asistía, porque siempre es posible encontrar algún grano racional en cualquier tipo de reduccionismo epistemológico.⁶

Por tal motivo, José Martí sostenía que "la igualdad social no es más que el reconocimiento de la equidad visible de la naturaleza".⁷ En modo alguno debe considerarse que tal criterio estuviese fundamentado en criterios del darwinismo social en alguien tan crítico del positivismo. Simplemente se trata de reconocer un hecho innegable, la condición biopsicosocial del ser humano que no obstante su complejidad,⁸ no debe ignorar en cualquier análisis el sustrato biológico en que descansa su existencia,⁹ tan amenazada en la actualidad por el cambio climático.

Tales razones de reconocimiento del substrato biológico de la actuación humana asisten a los jueces, al valorar mecanismos instintivos de defensa natural en procesos penales.

El reclamo de respeto de los derechos humanos consiste en tratar, en lo posible, de lograr una mayor equidad, en lugar de una inalcanzable igualdad, a la hora de exigir la debida consideración a las exigencias de ciertos grupos o personas.

Resulta comprensible que el término "igualdad" tenga una mayor aceptación en amplios sectores sociales, por su fácil compresión, al relacionarlo con otros procesos cognitivos más frecuentes en la conciencia cotidiana; por eso, su manejo político de convocatoria es más propicio. En cambio, el término "equidad" presupone un proceso más complicado de intelección por parte de dichos sectores, por su poco uso en el lenguaje común; de ahí que resulte menos movilizador que el anterior, ya que implica una mejor explicación de su contenido conceptual por quienes lo empleen.

Sin embargo, esta dificultad no debe significar que constituya un obstáculo insalvable que imposibilite su promoción para la acción movilizadora en favor de la conquista de mayor concreción de los derechos humanos. Al contrario, debe ser tarea de la intelectualidad orgánica favorecedora de estos, así como labor de los líderes sociales contribuir a la divulgación y comprensión de las limitaciones epistémicas del concepto "igualdad de género" y de la mayor validez del concepto "equidad de género".

Las luchas de las mujeres latinoamericanas por alcanzar tal equidad están articuladas al reconocimiento de los procesos emancipadores de otros grupos sociales (indígenas, esclavos, criollos, artesanos, campesinos, obreros, industriales, comerciantes, profesionales, etc.), desde la época colonial hasta la actualidad. Estas no deben analizarse aisladamente de esas otras reivindicaciones, pues un enfoque metodológico holístico, complejo, dialéctico y sistémico puede permitir una mejor comprensión de sus verdaderas dimensiones.

Antecedentes de las luchas por los derechos de las mujeres en América Latina

Es bien conocido que el estatus de las mujeres en la mayoría de los pueblos originarios de América era digno de consideración, como pudieron apreciar algunos cronistas de Indias. No solo gozaban de prestigio y respeto en la comunidad, sino que disponían de derechos hasta envidiables por la "desarrollada" cultura occidental, como ser escuchadas a la hora de tomar decisiones y votar.

En algunos pueblos era costumbre que las mujeres escogieran a su pareja e, incluso, que tuvieran una vida prematrimonial de "amañamiento" para asegurarse que compartirían su vida conyugal con el elegido. En caso de no agradarles regresaban al hogar de sus padres, sin afectación a su dignidad. Ante la mojigatería de los conquistadores, "lo que los españoles encontraron en América, con frecuencia, era exactamente lo contrario: el sexo lúdico, el sexo hedónico, la intrascendencia de las relaciones carnales, y por tanto de la virginidad y de la 'pureza' de las mujeres".¹⁰ El proclamado en Occidente "amor libre" de los años sesenta del siglo XX parece ancestral en algunas de las "atrasadas" comunidades indígenas de estas tierras.

Ese hecho pone a pensar hasta qué punto resultaría comprensible que hubieran tenido que emprender luchas por la equidad de género, como puede apreciarse incluso hoy en algunos pueblos indígenas que reclaman sus ancestrales derechos tanto de hombres y mujeres, pero no se caracterizan por exigir especial tratamiento diferenciado para lograr esa equidad.

La conquista y la colonización europea impusieron el androcentrismo del cual no se han liberado las comunidades de nuestra América, aun cuando se hayan alcanzado logros significativos en los últimos tiempos.

Cuando Anacaona, Guaitipán, conocida como la Gaitana, y otras lideresas indígenas se enfrentaron a los conquistadores, no lo hacían reivindicando la equidad de género o los derechos exclusivos de las mujeres, sino de todos los miembros de sus expoliados pueblos, del mismo modo que afrodescendientes como la Negra Magdalena, con sus rebeliones, fueron precursoras de las posteriores luchas emancipadoras¹¹.

El proceso independentista propició un escenario favorable para que el llamado "sexo débil" demostrara lo infundado de esa caracterización,¹² pero más importante que su valentía fue su colaboración en la preparación ideológica del proyecto emancipador.¹³ Numerosas fueron las mujeres que se destacaron en esa labor, como Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos y Magdalena Ortega, esposa de Antonio Nariño, y otras que combatieron en las filas del ejército libertador, como Manuela Saénz, camufladas con uniformes masculinos.

Ante ellas Bolívar expresó su profunda admiración al plantear:

Hasta el sexo bello, las delicias del género humano, nuestras amazonas han combatido contra los tiranos de San Carlos, con un valor divino, aunque sin suceso. Los monstruos y tigres de España han colmado la medida de la cobardía de su nación. Han dirigido las infames armas contra los cándidos y femeninos pechos de nuestras beldades: han derramado su sangre: han hecho expirar a muchas de ellas, y las han cargado de cadenas, porque concibieron el sublime designio de libertar a su adorada patria. ¡Las mujeres, sí, soldados, las mujeres del país que estáis pisando combaten contra los opresores y nos disputan la gloria de vencerlos!¹⁴

En varios países colaboraron activamente en la campaña independentista, como lo hizo María Josefa Ortiz de Domínguez, en México, junto al cura Miguel Hidalgo; en Quito, Manuela Cañizares, y en Venezuela, Josefa Palacios y Juana Antonia Padrón.¹⁵ En fin, la lista es interminable, pues como reconoció José Martí:

No puede Patria dejar de advertir que las campañas de los pueblos solo son débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer se estremece y ayuda, tímida y quieta de su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible.¹⁶

Con la mayor decantación de las ideologías políticas desde el inicio de la vida republicana era lógico que las luchas por las reivindicaciones de las mujeres se incrementaran. Frente a algunas posturas conservadoras que relegaban su papel a la función doméstica, las ideas liberales, socialistas y anarquistas propiciaron que su protagonismo social y político se acrecentara.

La participación femenina en las luchas políticas y sociales a mediados del siglo XIX no se orientaba hacia la equidad de género, sino que formaban parte del enfrentamiento contra gobiernos corruptos, dictaduras, represión del movimiento obrero, derechos de los indígenas, etc., como puede observarse en el caso de la chilena Rosario Ortiz, conocida como la Monche, una de las primeras periodistas de América Latina y defensora del pueblo mapuche; Eulalia Ares de Vildoza, jefa de una insurrección armada de mujeres que, vestidas como hombres, depuso al corrupto gobernador de Catamarca en 1862 y entregó el mando al gobernador electo.

Todo indica que la mayor parte de las lideresas de los años iniciales de la vida republicana le otorgaban más atención a subsanar conflictos sociales de envergadura, que tenían que ver con diversos sectores sociales, en lugar de limitarse a luchar por la equidad de género. Sin embargo, a fines del siglo XIX comenzaron a producirse algunos reclamos de este tipo, como cuando en Chile, en 1874, exigieron el derecho al voto.

En 1896 se inició la publicación argentina, que duraría dos años, del periódico anarco-comunista La voz de la mujer, cuyo primer editorial proclamaba: "Si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón nosotras; doblemente esclavas de la sociedad y del hombre, ya se acabó aquello de 'Anarquía y libertad' y las mujeres a fregar. ¡Salud!".¹⁷ La trascendencia de este movimiento feminista anarquista fue significativa, porque no se limitó a declaraciones, sino que convocó a la actividad revolucionaria. Pocos años después, en 1912, dirigidas por Julieta Lanteri, exigieron también el derecho al voto.

No deben pasarse por alto acontecimientos como la Comuna de París, la Revolución mexicana y la Revolución de Octubre, en Rusia, en los que se destacó la participación femenina y que ejercieron influencia en las mujeres latinoamericanas para incrementar su protagonismo en la reivindicación de sus derechos.

En 1924, la primera doctora en Medicina en Ecuador, Matilde Hidalgo, logró que se aprobara el derecho al voto femenino, lo que convirtió a ese país de América Latina en el primero en alcanzar esa conquista. El último fue Paraguay, en 1961.

Luego de tantas luchas —plantea Fernanda Gil Lozano—, en el siglo XX comenzaron a registrarse los primeros logros en el orden de los derechos políticos. Las leyes civiles que equiparaban a las mujeres con los menores también comenzaron a retroceder. Las primeras en obtener el derecho al divorcio fueron las uruguayas en 1907; luego siguieron las cubanas en 1917, que además lograron otra importante conquista en 1918: la patria potestad. Estas conquistas difieren en cada país donde los derechos políticos, civiles y sociales se abrieron camino de maneras particulares. Sin embargo, las luchas y reivindicaciones femeninas no terminaron. Entre 1940 y 1970, las mujeres alcanzaron un importante protagonismo social en toda la región y accedieron a la vida pública como nunca antes se había experimentado. Pero las reivindicaciones femeninas no abarcaron sólo aspectos civiles o políticos, sino también reivindicaciones sociales específicas de cada sector del colectivo de las mujeres.¹⁸

Numerosos acontecimientos de los años sesenta del siglo XX en el plano mundial repercutieron en las reivindicaciones de las mujeres latinoamericanas: la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de América, los movimientos juveniles y estudiantiles promovidos por el Mayo francés —que comenzó por la exigencia de permitir el acceso de los varones a las residencias de sus compañeras, pero alcanzó otras dimensiones, como se reveló con la matanza de Tlatelolco—, la guerra de Vietnam, el auge de la canción social de protesta, la intervención soviética en Checoeslovaquia, el auge de los movimientos guerrilleros en América Latina, muchos de ellos inspirados en la Revolución cubana, los movimientos de liberación nacional frente al colonialismo en África, etc.

Tanto la participación femenina en tales acontecimientos como igual represión, tortura y desaparición de mujeres durante las dictaduras que sacudieron a América Latina, no solo en el Cono Sur, tuvieron un extraordinario efecto en las luchas por la equidad de género. Algo destacable consiste en que la mayor parte de mujeres que han militado en movimientos, lo mismo reformadores que revolucionarios, no ha limitado sus reclamos de libertad y mayor justicia social solo para su género, sino para todos los sectores oprimidos.

Aun cuando en las últimas décadas han tomado fuerza diversos movimientos feministas en América Latina, independientemente de sus orientaciones ideológicas, tienen en común una postura contestaria ante las instituciones políticas existentes —que, de un modo u otro, no obstante la presunta neutralidad de sus instrumentos formales, representan los intereses de los sectores económicamente dominantes—¹⁹ y ese enfrentamiento repercute no solo en sus reivindicaciones de género, sino en las de los demás sectores sociales reprimidos.

Sin el análisis y la adecuada valoración holística del conjunto de antecedentes sobre el protagonismo de las mujeres en las luchas sociales, sucintamente presentados con anterioridad, no es posible una mejor comprensión de la necesaria conversión de la utopía abstracta de una presunta "igualdad de género" en la posibilidad de ir alcanzando, paso a paso, la realización de un derecho humano tan esencial —pues se refiere a algo más de la mitad de la población mundial—, como es la utopía concreta de la "equidad de género".

El actual del protagonismo de las mujeres en el panorama latinoamericano

En América Latina y el Caribe, los últimos cuarenta años se han caracterizado por un significativo protagonismo de las mujeres, al liderar los más fuertes cambios culturales. Sin embargo, a pesar del papel clave conquistado en el mercado laboral y en la vida política, las mujeres siguen subrepresentadas, marginalizadas, víctimas de violencias y opresión, con negación del propio estatus jurídico y político, y bajo mandatos socioculturales no erradicados.

La significativa presencia de problemas estructurales, ligados a variables sistémicas como pobreza extrema, bajos niveles de alfabetización, herencias culturales y contextos violentos, obstaculiza el camino hacia una real "democracia representativa paritaria",²⁰ un concepto que debería fundamentar la arquitectura político-institucional de los sistemas políticos, ya que la consecución de la igualdad de género y su salvaguarda para la plena realización de los derechos de las mujeres es un postulado imprescindible para sanar la acción de nuestras democracias deficitarias.

Esta visión se ha consolidado a partir de la Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, que sigue siendo el pilar para la promoción de la incorporación de la perspectiva de género y del empoderamiento, para favorecer un equilibrio de las oportunidades.²¹ Beijin abrió el camino a la cimentación de un único sujeto político internacional, ya que fue un espacio de construcción de redes femeninas, de narraciones, de representación (del feminismo islámico con su pasado cultural y religioso, del activismo afro, de la riqueza expresiva suramericana, de la pluralidad europea).

En América Latina, la plataforma empujó hacia acciones jurídicas y políticas más fuertes, tanto a macroescala, como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de julio de 1994, en la que se reconoció la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos,²² así como a microescala, o sea, los numerosos planes de igualdad promovidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y su Observatorio para la igualdad de género, para los fines de alimentar políticas públicas, programas y proyectos encaminados a la disminución de la desigualdad de condiciones para la mujer y que se han transformado en programas nacionales y creación de instituciones,²³ tendientes a fortalecer el dictamen constitucional.

Cabe destacar que "todas las constituciones de la región consagran los principios de igualdad y no discriminación",²⁴ los cuales se convirtieron en pilares de la ola neoconstitucionalista,²⁵ fundamentaron su visión de democracia incluyente y participativa, y alimentaron el activismo sociopolítico de las mujeres para aminorar, en términos de praxis, las brechas de representación entre ellos y ellas. En este sentido, las visiones de la Plataforma de Acción de Beijing y la posibilidad de adoptar acciones afirmativas para equilibrar la participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones brindada en la IV Conferencia sobre la Mujer, empujaron legalmente la instauración de las cuotas en América Latina que, de hecho, fue una de las primeras regiones en el mundo en incorporar ley de cuotas mínimas.²⁶

En la última década, se ha observado en la zona un avance bastante continuo, aunque lento, que ha favorecido, por ejemplo, el fortalecimiento de la presencia femenina en el espacio político (+ 5 puntos porcentuales, en específico, + 5 puntos porcentuales en el Senado y + 7 puntos porcentuales en el Parlamento),²⁷ aunque cabe destacar la presencia de significativas diferencias dentro de la misma región.²⁸ Según datos de ONU Mujeres, las mujeres en los órganos legislativos "representan el 25,7 %" (26,4 % en la Cámara Baja y 25,8 % en la Cámara Alta), según datos de la UIP, o el 24,5 % de acuerdo con los datos de la Cepal".²⁹ Además, en las Américas, en 2019 había un 30,6 % de parlamentarias, mientras que en Europa, incluidos los países nórdicos, esa cifra era del 28,7 %. También en 2019, solo 3 países tenían un 50 % o más de mujeres en el Parlamento: Ruanda, con el 61, 3%; Cuba, con el mayor porcentaje de América Latina, con un 53,2 %, y Bolivia, con un 53,1 %.³⁰ El reciente nombramiento de Maya Fernández, nieta del asesinado presidente socialista Salvador Allende, como ministra de Defensa de Chile constituye un acontecimiento de singular relevancia. En los últimos años, en Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y Honduras han sido elegidas presidentas del país y en otros han ocupado numerosos Ministerios, así como otras instituciones empresariales, corporativas, científicas, culturales, etc. Las cifras anteriores muestran que la lucha por mayores conquistas de "equidad de género" no es una utopía abstracta, sino, por el contrario, muy concreta, que debe contribuir a fomentar el optimismo respecto a sus posibilidades de alcanzar conquistas superiores, hacia formas de "igualdad de género".³¹

Si bien es cierto que la "feminización" que se visibilizó con la elección de presidentas, primeras ministras, y jefas de Fuerzas Armadas ha sido observada como el resultado de un importante avance en términos de derechos para las mujeres, aún se está lejos de aproximarse al elemento necesario en términos de democracia paritaria, es decir, un real balance equitativo de los Congresos, ya que, aunque son innegables estos resultados, la disciplina y los prejuicios partidarios, los mecanismos internos de selección de los candidatos y el hiperpresidencialismo siguen siendo una barrera fuerte, que se añade al obstáculo tradicional: "[...] las mujeres activas políticamente deben demostrar que merecen el poder y que no están ahí solo como figuras".³² La región pone al descubierto la antinomia entre teorías y praxis, ya que se observan severas discriminaciones en términos de autonomía política y económica, falta de recursos y persistentes vínculos ligados a una arraigada cultura sexista y a la imposición sociofamiliar, así como altísimas tasas de abusos y violencias.

El panorama sigue complicado, ya que estamos frente a un tipo de discriminación sistémica, donde los sostenes a las brechas se conectan no solo a los famosos techos de cristal y suelo pegajoso, sino también a las cada vez más utilizadas técnicas de acantilado de cristal.³³ Si enfocamos la atención en la participación laboral de las mujeres, se evidencia un impulso en la década de 1990 (crecimiento anual entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales) que se reduce levemente en la última década (entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales), pero que, de todas formas alcanza, poco más de dos tercios de la participación masculina y, además, todavía se registra un relevante diferencial de compensación, que se expresa como mayor inseguridad y menor protección.

El incremento de la educación y de la formación de las mujeres no se ha visto reflejado en un mejoramiento de las condiciones ocupacionales, ya que la brecha del 17 % por cada hora trabajada es todavía elevada, la tasa de desempleo femenina excede a la masculina y persisten barreras socioculturales, ya que la presencia de ellas se concentra en trabajos que no exigen mucha calificación y en segmentos del mercado del trabajo predominantemente femenino, menos reconocidos, en términos económicos (enfermería, asistencia social, bibliotecas, trabajos con niños, comunicación social, turismo y cultura), a menudo precarios y temporales y, por ende, con menor cobertura de seguros de salud y pensión.

Es evidente que la participación laboral femenina está más expuesta a los efectos de las recesiones económicas y de los cambios en el mercado laboral y que las diferencias se disparan si consideramos sectores aún más vulnerables por ámbito geográfico (zonas rurales, por ejemplo), étnico o por su condición de migrante.³⁴

Por lo tanto, si en los últimos veinte años se han conseguido avances interesantes, todavía son incompletos, porque a pesar de un aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, los índices todavía se ubican en 26 puntos porcentuales por debajo de los índices de participación masculina,³⁵ lo que confirma desigualdades estructurales —cuyas causas se hallan en el modelo de desarrollo capitalista— que la actual situación de crisis generada por la pandemia por la covid-19 podría exacerbar y mantener la peligrosa tendencia de feminización de la pobreza. La directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ha destacado su preocupación por el gran riesgo de un retroceso en materia de derechos de ellas.

Para enfrentar este peligro, hay que redoblar los esfuerzos por fortalecer políticas, acciones y legislación de intervención, y no minimizar o desestimar los datos. En términos ocupacionales y laborales, el impacto de la pandemia ha sido relevante.³⁶ Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,³⁷ el índice de ocupación de las mujeres en 2020 bajó al 46 %, frente al 69 % de los hombres (en 2019 se registraban, respectivamente, 52 % y 73 %) y el índice de desempleo fue de 22 %, ya que la mayoría de las mujeres en este último año no logró reinsertarse en el mercado laboral, debido a la imposibilidad de armonizar trabajo y familia.

A esto hay que añadir la caída del PIB regional (-7,7 % durante 2020): frente a 2019, + 23 millones de mujeres que se encuentran en una situación de pobreza (en total, 118 millones de mujeres viven en una condición de pobreza). El análisis de estos datos lleva a otras observaciones.

Las mujeres, en general, trabajan en sectores ya fuertemente flexibles y precarios, que han sido golpeados con fuerza por la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en la región, casi el 73 % de las mujeres trabaja en el sector sanitario y ganan - 27,3 % frente a los hombres en el mismo cargo, a paridad de títulos de estudios. Además, cerca del 62 % de las mujeres latinoamericanas trabaja en el sector de cultura y turismo, uno de los más afectados por el cierre de fronteras y aislamiento mundiales; asimismo, es muy crítica la situación para empleadas y colaboradoras domésticas, ya que se registran cifras de -24,7 % en Brasil; -46,3 % en Chile; -44,4 % en Colombia; -45,5 % en Costa Rica; -33,2 % en México, y -15,5 % en Paraguay.

El impacto ha sido impresionante también en términos de violencias y abusos en contra de las mujeres.³⁸ Si mantenemos la mirada en América Latina, en 2019, casi 20 millones de mujeres entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de sus compañeros. La pandemia ha mostrado por todo lado exorbitantes casos de violencia doméstica; el hogar está bien lejos de ser un refugio: en El Salvador hubo un aumento del 70 % de las denuncias entre marzo y mayo de 2020; en México, del 65 % de los feminicidios entre marzo y abril de 2020; en Colombia, del 51 % de violencia doméstica solo durante los primeros días de la cuarentena en marzo de 2020; en Venezuela, solo en abril hubo un aumento de 65 % de los feminicidios; en Argentina, la violencia doméstica creció un 40 % entre enero y mayo de 2020, y en Brasil, del 35 % solo en abril de 2020. Se trata de una cuestión exacerbada por la emergencia sanitaria, pero también demuestra que los Gobiernos regionales han fallado en enfrentar sus causas. Según datos de 2018 de la ONU y del Banco Mundial, América Latina es la segunda zona mortal para las mujeres, después de África:³⁹ entre 25 países con la tasa más alta de feminicidio, 14 son latinoamericanos.

Por último, los datos que se han considerado en este apartado destacan que se han logrado interesantes avances para cerrar las brechas de género y favorecer la inclusión y la participación de las mujeres en la vida política, socioeconómica y cultural. Una herramienta que se ha implementado para intentar superar los obstáculos en materia de equidad de género ha sido la adopción de planes de igualdad de género, que han representado, sin dudas, una importante sistematización en esta materia, así como el compromiso adquirido por la región. La profundización, la correcta gestión y ejecución de una planificación puntual con enfoque de género y su incorporación en la arquitectura institucional permitirán seguir brindando respuestas más contundentes en términos de igualdad sustantiva y, por ende, de democracia.⁴⁰

La situación socioeconómica y política de la mujer en Colombia

En Colombia, los esfuerzos en términos de igualdad de género se reflejan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, "Pacto por Colombia, pacto por la equidad". Por primera vez se dedica un capítulo a la cuestión de género (Pacto de equidad para las mujeres). Intentamos analizar el caso colombiano y comparar la situación actual del país con los objetivos de la Agenda 2030 y, en particular, con el objetivo 5, dedicado a la igualdad de género.

Antes que empezar es oportuno hacer una rápida contextualización sociopolítica interna: a pesar de los acuerdos de paz, no se ha materializado una consolidación del posconflicto. De hecho, el Registro Único de Víctimas (RUV) indica que, a final de junio de 2020, se han registrado 9 041 303 de desplazados⁴¹ y que las mujeres han sido las más expuestas a este tipo de violencia y de abusos.

En cuanto a la Agenda 2030, arrancamos considerando las primeras dos metas: 5.1) poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas, y 5.2) poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación. En sintonía con las convenciones y los acuerdos internacionales, en Colombia, con la Ley 1252 de 2008 se reformó la precedente Ley 294 de 1996, así como los Códigos Penales, con el objetivo de prevenir y sancionar las formas de violencias y de discriminación en contra de las mujeres y categorizar el feminicidio como un delito autónomo, mediante la Ley 1761 de 2015. Si examinamos los datos publicados en el documento Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia,⁴² actualizados a 2020, el 39 % de los feminicidios se comete en la casa y el 31,4 % en las calles; en 7 de 10 casos de violencia intrafamiliar, el agresor es el propio compañero o excompañero y, según los datos de Medicina Legal, el 73 % de los presuntos delitos sexuales se refiere a mujeres menores de 15 años.

Sin lugar a duda, las cuarentenas, el cierre de las escuelas y de las oficinas y los despidos se han mezclado y han alimentado la violencia en contra de las mujeres, quienes están más expuestas a situaciones de dependencia, vulnerabilidad,⁴³ limitaciones e imposibilidad de acceder a los centros de apoyo sociales y legales.

En el transcurso de estos dos años, la violencia en contra de las mujeres en la región casi se ha duplicado. A estos datos hay que añadir el empeoramiento de las preexistentes situaciones de invisibilidad; se trata de eventos de tipo estructural, relativos, por ejemplo, a las mujeres afro e indígenas, sometidas cotidianamente a violencias y abusos físicos y psicológicos, desnutrición y desplazamientos. Asimismo, hay que considerar sucesos coyunturales, como la situación de las mujeres migrantes, a las que se les ha imposibilitado el acceso a los servicios esenciales.

La pandemia por la covid-19 ha influenciado dramáticamente los datos relativos al abandono escolar por motivos de embarazos entre adolescentes, en la mayoría de los casos resultantes de violación sexual (según los datos de ONU Mujeres, la cifra para la región es de un 36 %, con un pico de 49 % en Ecuador).

Para Colombia, la situación no es alentadora, ya que según los informes de ONU Mujeres,⁴⁴ cada 23 minutos una mujer es víctima de violencia sexual, o sea, 51 casos cada día. Los datos estallan con la pandemia, ya que entre marzo y agosto de 2020, en comparación con 2019, se ha registrado + 123 % de llamadas para denunciar violencia intrafamiliar, lo que quiere decir 85 llamadas cada día. Además, desde el comienzo de 2020, se han registrado más de 2000 casos de violencia sexual, aunque, sabemos que se deben considerar los subregistros y las no denuncias por vergüenza, miedo etc.

Estos números subrayan que, a pesar de las acciones que se han llevado a cabo y que han favorecido la reducción de la violencia en contra de las mujeres en el transcurso de estos últimos años (en términos de feminicidios, se pasó de 9,1 por cada 100 000 mujeres en 2003, a 3,2 por cada 100 000 mujeres en 2018) persisten enormes barreras socioculturales, sobre las cuales hay que seguir trabajando para erradicar estereotipos y machismo. De la misma manera, aún se observan significativas barreras institucionales y legales, ya que, por ejemplo, entre 2014 y 2017, un tercio de las víctimas de feminicidios había pedido protección a la justicia y, además, de 76 casos de feminicidios registrados en la Fiscalía, solo en un cuarto de ellos los agresores han sido condenados.

Con el fin de lograr el objetivo de la Agenda 2030 de reducir al 5,0 % la violencia sexual por parte del propio compañero y bajar la tasa de feminicidio a 1,9 % por cada 100 000 mujeres, es necesario seguir fortaleciendo la coordinación, la cooperación y el compromiso entre las instituciones; en este sentido, una interesante acción ha sido la aprobación de la revisión del artículo 34 de la Constitución, relativo a la "cadena perpetua".

Con el objetivo 5.a. de la Agenda 2030 enfocamos la atención en la dimensión económica de la desigualdad. A pesar de un crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral de 6,7 puntos porcentuales en el período 2008-2019, se observa aún un fuerte gap de 20,8 puntos porcentuales entre la participación de hombres y de mujeres, con una diferencia en la tasa de desempleo de 9,1 puntos porcentuales, y, en términos de salarios, en 2018 se registró una diferencia de 12,1 puntos porcentuales, a paridad de condición y de títulos de estudios; esta tasa redobla en las áreas rurales, caracterizadas por más altos índices de violencia y más bajos grados de escolaridad. Estos datos confirman la tendencia general de la región, en donde la segregación, la marginación y la precarización limitan la plena participación de las colombianas en el mercado laboral; es evidente que el aumento de la educación no ha sido una condición suficiente para superar las desigualdades en el mercado laboral. Sobre este aspecto, en cuanto a formación técnico/profesional, las brechas en las tasas de participación en el mercado laboral son de 13 puntos porcentuales; para pregrado, de 6 puntos porcentuales, y para posgrado (maestrías y doctorados) es de 5 puntos porcentuales.

A pesar de un mayor número de mujeres que se gradúan, respecto a los hombres, el gap sigue abierto. Las mujeres con una carrera universitaria ganan el 18,8 % menos frente a los hombres (a paridad de títulos de estudios); además, no se ha logrado conducir de manera contundente hacia un cambio sociocultural, ya que, al comparar los datos de esta última década, no se observa diferencia en la elección de la carrera, es decir, las colombianas siguen escogiendo carreras consideradas como "femeninas" (salud, comunicación social y ciencias humanas), mientras que siguen subrepresentadas en sectores y carreras científicas y tecnológicas; en todo caso, se registran marcadas discriminaciones salariales y barreras para alcanzar los rangos más altos de la propia profesión.⁴⁵

Sin dudas, la educación ha sido y seguirá siendo clave para favorecer la participación de las mujeres en el mercado laboral y en el ámbito político, pero las brechas siguen sólidas y la disyuntiva maternidad-trabajo es aún grave.

La sostenibilidad relativa a una mayor participación de las mujeres en el escenario laboral se conecta a una mayor y mejor redistribución social, económica y cultural: se trata de un costo-oportunidad que debe considerar el acceso a los derechos y a la salud reproductiva (objetivo 5.6 de la Agenda 2030), así como la promoción de la cultura y la educación paritaria y de colaboración (objetivo 5.4 de la Agenda 2030). Las desigualdades aumentan evidentemente si se trata de mujeres casadas y con hijos. En ausencia de hijos, 7 mujeres de cada 10 (74 %) trabajan, pero este porcentaje se reduce en 2,5 puntos para mujeres con un hijo y llega a 65,2 % para mujeres con más de un hijo. Además, entre el 19 % y el 23 % de las mujeres prefieren trabajos de medio tiempo para ocuparse de la casa o la familia y se registran tasas de desempleo más altas para las mujeres entre 29 y 44 años, es decir, en el segmento de edad donde más se presenta la alternativa entre familia, trabajo, maternidad y las mayores dificultades para insertarse de nuevo en el mercado laboral después de un embarazo.

Al observar de manera más técnica estos datos, las mujeres en el mercado laboral sufren mayor desempleo, precarización, concentración en determinados sectores (segregación horizontal) y están confinadas a cargos inferiores de la escala jerárquica (segregación vertical). Entonces, a pesar de los esfuerzos y las medidas en Colombia para favorecer una participación más equitativa de ellas, entre pisos pegajosos, techos de cristal y techos de arcilla,⁴⁶ los avances han sido lentos.

Muy preocupantes resultan los datos relativos a la feminización de la pobreza. En Colombia, las probabilidades de que una mujer no tenga un propio sueldo mensual son tres veces mayores frente a un hombre (27,5 % vs. 10,2 %). Esta diferencia se acrecienta en las zonas rurales, donde es 5 veces mayor frente a un hombre (35,9 % vs. 7,8 %) y las más golpeadas por esta situación son las mujeres más jóvenes, ya que se registra una mayor vulnerabilidad en el segmento de edad entre 20-28 años.⁴⁷

A fin de alcanzar el objetivo 8.5 de la Agenda 2030, que apuesta a garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas diversamente hábiles, así como una igualdad en términos de remuneración a paridad de condición, es fundamental construir políticas públicas económicas orientadas a reducir la pobreza y a aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, y que estas políticas sean diseñadas con una perspectiva de género, que tome en cuenta las desigualdades y las brechas en términos de discriminación horizontal y vertical,⁴⁸ así como los obstáculos que aún persisten.

El último objetivo de la Agenda 2030 que analizamos es el 5.5, es decir, igualdad de oportunidad y participación en posiciones de liderazgo. Las estrategias para lograr el empoderamiento femenino han sido interesantes en toda la región. En el caso colombiano se registran dos interesantes reformas a la Constitución para incorporar medidas en este sentido. Con el Acto Legislativo 01 de 2009, se estableció la equidad de género como principio para partidos y movimientos políticos. En 2015, con el Acto Legislativo 02, se decretaron los principios de paridad, alternancia y universalidad para la creación de listas para cargos de elección popular, para corregir la Ley 581 de 2000, que no incluía los cargos de elección popular, y la más reciente Ley 1475 de 2011, que fijó la cuota en 30 %.

En estos últimos años, en el país, la voz de las mujeres se ha oído fuerte: hay una vicepresidenta y esto haría pensar en un Gobierno paritario; además, la alcaldesa de la capital es una mujer lesbiana, casada con otra mujer, y esto haría pensar en la gran conquista en términos de respeto y de integración de género. Asimismo, dos importantes regiones cuentan con gobernadoras, entonces se pensaría en una primera línea femenina, en términos de empoderamiento político.

Si razonamos en términos de datos, en 2019 hubo 132 mujeres elegidas como alcaldesas (cerca del 12 %) y, en el transcurso de esta última década, la participación femenina aumentó, al pasar de 21,6 % (2010-2014) a 27,6 % (2014-2018). Los mayores porcentajes de participación femenina se registran en el Ministerio del Deporte (60 %), Salud y Protección Social (58 %), Cultura (57 %), Función Pública y Presidencia (54 %). Estas cifras muestran que los avances de utopía concreta de la equidad de género son significativos. Sin embargo, a pesar de estos interesantes logros, se deben examinar estos datos en su totalidad, pues se observa un retroceso en los avances conquistados, en particular para los cargos políticos de elección popular. Se trata de la persistencia de estereotipos culturales, y, aunque hay una interesante presencia femenina en la justicia especial para la paz (JEP), con un 53 %, se registra la mitad de las mujeres en la Corte Suprema. Según los datos de ONU Mujeres, en 2019, en el Congreso colombiano, la tasa de representación de las mujeres era de 19,7 % (- 10 puntos porcentuales frente a la media latinoamericana), lejos de la media mundial (24,5 %).⁴⁹ La anhelada paridad del 50 % parece lejana.

Es fundamental seguir fortaleciendo la participación de las mujeres y garantizar sus derechos políticos, puesto que el empuje hacia una forma de democracia paritaria no solo es un hecho de justicia, sino que, primero, permite abrir nuevos caminos estratégicos para consolidar la democracia en sistemas sociopolíticos e institucionales frágiles⁵⁰ y con problemas complejos; segundo, impulsa un desarrollo incluyente del país.

Conclusiones

El reconocimiento del papel de la mujer en las sociedades latinoamericanas, en particular en Colombia, ha sido un proceso largo y tortuoso, que debe tener presentes sus antecedentes en los pueblos originarios, por sus implicaciones actuales.

El protagonismo de numerosas lideresas indígenas ante los desmanes de los conquistadores puso de manifiesto que sus luchas no eran ni por igualdad ni equidad de género, sino por los derechos de los grupos avasallados.

La participación de destacadas mujeres en las rebeliones, entre ellas, de esclavos y criollos, evidencia que, en la construcción del mestizaje que conformaría la identidad de los pueblos latinoamericanos, el desempeño femenino fue significativo. Este se incrementó durante las guerras de independencia, sin que constituyera una demanda básica la igualad o la equidad de género, pues la tarea común era la emancipación del poder metropolitano.

Durante la etapa republicana, las confrontaciones políticas e ideológicas conllevaron nuevas demandas de derechos vinculados a lograr la utopía concreta de la equidad de género.

Con la aparición de algunas posturas feministas radicales⁵¹ afloraron expresiones de la "utopía abstracta" de la igualdad de género que, en algunos casos, se han atemperado, al admitir la posibilidad real de lograr conquistas de equidad de género, como lo demuestran las cifras de mayor participación de mujeres en funciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc.

El camino hacia la igualdad y la equidad de género, hacia el crecimiento de la emancipación y hacia la reducción de brechas y discriminaciones necesita un enfoque fundado en los derechos humanos, nuclear para seguir avanzando hacia los objetivos establecidos por la Agenda 2030.

Colombia ha obtenidos resultados en términos de equidad de género, pero el cambio ha sido lento, desigual e insuficiente. La razón de la persistencia de enormes brechas entre hombres y mujeres radica en las fuertes discriminaciones, en una sociedad en la cual la violencia por razones de género sigue golpeando de manera espantosa a las mujeres.

Una transformación requiere esfuerzos y redistribuciones, inversiones en infraestructura, servicios sociales universales, salud y atención sanitaria, psicológica y jurídica para las mujeres víctimas de abusos y de violencia y para evitar victimización segundaria, así como el fortalecimiento del derecho laboral con perspectiva de género, pero, sobre todo, se debe poner en marcha una contundente acción educativa y sociocultural.⁵²

En este sentido, se necesita seguir construyendo mecanismos jurídicos y políticos con enfoque de género, pero también hay que consolidar la praxis sociocultural y robustecer redes de interés común. Es urgente, entonces, exigir intervenciones de mediano plazo que apuestan a cerrar el gap. En términos sociales hay que fortalecer planes y estructuras sociosanitarias de protección para las mujeres y, en términos económicos y laborales, hay que empujar hacia programas de recuperación, capaces de reducir los problemas relativos a la marginación y precarización, y ojalá convertir en praxis común la herramienta de los presupuestos de género, según las guías de la economía feminista emancipadora que, entre otras cosas, dedica particular atención al desarrollo sostenible y al ambiente.

En términos políticos, hay que seguir motivando el empoderamiento y la participación de las mujeres; sí es cierto que las cuotas han sido un mecanismo importante y que, en teoría, han llevado a las reformas constitucionales en cuanto a paridad (en particular, las reformas electorales de 2020, con las listas paritarias). Sin embargo, sabemos que si las cuotas paritarias y las listas cremalleras representan un triunfo por la equidad, por otro, la acción no se puede parar, ya que, en la praxis, a menudo estas cuotas han sido simbólicas; para los fines de una más firme eliminación de las desigualdades y para no volver inútil esta acción positiva, es fundamental reformar los partidos. En esta perspectiva, las listas cremallera y las cuotas podrán ser eficaces de verdad solo si se fortalece y se aumenta la participación en los movimientos y partidos. El único antídoto, en ese sentido, es la creación de mecanismos de selección del liderazgo diferentes, así como la visión y voluntad política de concretar de manera democrática los procesos legales y estatutarios internos. Eso porque la necesidad de implementar una norma y cubrir una cuota, aunque paritaria, en términos de praxis política no corresponde a una verdadera igualdad y eliminación de los obstáculos.

Hay que insistir en la variable "educación y cultura", puesto que es fundamental que el empuje hacia la participación política surja desde abajo, con una conciencia y un espíritu crítico.⁵³ De hecho, si no logramos cerrar las brechas en términos educativos, culturales y profesionales, será muy complicado avanzar como democracias, pues sin el apoyo de las mujeres no habrá verdadera participación ni crecimiento real, o sea, no habrá progreso.

El desafío, entonces, debe ser crear espacios y abrir caminos para las mujeres como agentes activos y protagonistas de la redefinición política, social y económica, así como alimentar la estructuración sistemática de una forma de educación de género, que es la base para rellenar vacíos mediante una acción transversal. Solo con esta combinación será posible incidir es la reducción de las desigualdades, la violencia y la exclusión, y contribuir a la construcción de formas de desarrollo sustentable, de protección social y de participación. Una nueva forma de entender el Estado social implica un nuevo pacto social, que debe tener como bases la inclusión y la equidad.

Notas

¹ Virginia Vargas, Cómo cambiar el mundo sin perdernos: el movimiento de mujeres en el Perú y América Latina (Lima: Flora Tristán, 1992), 17.

² Ernst Bloch, El principio esperanza, Tomo 1 (Madrid: Aguilar, 1980), 143-144.

³ Con base en los derechos fundamentales, sostiene que se trata simplemente de garantizar el libre desarrollo de la personalidad. josé Alpiniano García-Muñoz, El tomismo desdeñado: una alternativa a las crisis económica y política (Bogotá: Planeta, 2012), 239-286.

⁴ Sobre la radical diferenciación de los seres humanos, desde la perspectiva de la antropología filosófica actual puede verse josé Alpiniano García-Muñoz, "Gobierno y órdenes sociales en Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo", Studia Poliana, núm. 23 (2021): 17.

⁵ Wilhelm Windelband, Preludios filosóficos (Buenos Aires: Santiago Rueda, 1949), 315.

⁶ "Los referentes más inmediatos de las formas actuales de reduccionismo epistemológico se fueron conformando desde la constitución de la modernidad, y en particular con el protagonismo e impulso de las ciencias naturales, en especial la física, la biología y las matemáticas, a partir del criterio de su presunta objetividad, a diferencia de las ciencias sociales. Luego, con el avance constitutivo de algunas de las ciencias sociales llamadas a conformar el aparato de fundamentación del capitalismo y la sociedad burguesa, como la economía política, la sociología, etc., se logra una mejor comprensión integral del individuo humano y sus congéneres a través de la psicología, la antropología, la lingüística, etc., sin que desaparezcan las manifestaciones de reduccionismo e incluso se generen nuevas". Pablo Guadarrama González, Para qué sirve la epistemología a un investigador y un profesor (Bogotá: Magisterio, 2018), 110-111.

⁷ José Martí, "Nuestras ideas", Patria, Nueva York, 14 de marzo de 1892; Obras completas, Tomo V (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975), 321.

⁸ "El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus, significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad". Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (París: Unesco, 1999), 23-24.

⁹ José Alpiniano explica cómo la corporalidad, común a todo ser humano, sirve de hilo conductor hacia la singularidad, que termina soportando la interacción entre iguales que, al mismo tiempo, son distintos. José Alpiniano García-Muñoz, "Colombia: ¿un peligroso lenguaje de paz?" en Democracia y procesos políticos en América Latina y Europa, ed. Lucia Picarella y Carmen Scocozza (Bogotá: Penguin Random House, 2017), 242-247.

¹⁰ Ricardo Herren, La conquista erótica de las Indias (Bogotá: Planeta, 1991), 52-53.

¹¹  Enrique Santos Molano, Mujeres libertadoras: las policarpas de la independencia (Bogotá: Planeta, 2010), 25-26.

¹²  "[...] jamás se humillaron, jamás se arrepintieron, desafiaron a la muerte y a sus verdugos con valor sublime, marcharon erguidas y firmes, las unas hacia el cadalso, las otras hacia las prisiones y el destierro, mientras que en algunos de los próceres hubo cierto desfallecimiento, propio de la triste condición humana, ante el fin que les aguardaba, en las mujeres colombianas, sin excepción, nada de esto hubo, su desafiadora actitud, su altanera presencia, su desprecio ante los ultrajes, su serena resignación, su valor personal y civil ante la adversidad, la firmeza de su carácter, que jamás vaciló, que nunca se abatió, las hacen incomparables, se igualan, en su patriótico heroísmo, con las más bellas y las más altivas mujeres de los pasados tiempos". Carlos Díaz, Las mujeres de la independencia (Bogotá: Kelly, 1998), 5.

¹³  "Ellas complementaban su sensibilidad social con la preparación intelectual, lo que les permitía organizar tertulias, intercambiar ideas, discutir y planear las acciones para liberarse del yugo español. Este selecto grupo lo caracterizó su composición heterogénea, mujeres imprescindibles para completar la obra de la independencia, que hicieron posible ese sueño por la libertad". Ligia Machado Pardo, "El papel de la mujer en la independencia colombiana", Cultura Latinoamericana 27, núm. 1 (2018): 77, DOI: https://doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2018.27.1.4 (acceso enero 15, 2022).

¹⁴ República de Venezuela, Presidencia de la República, Las fuerzas armadas de Venezuela en el siglo XIX: la independencia, 1810-1830, Volumen I (Caracas: Autor, 1963), 242.

¹⁵ José Dolores Monsalve, Mujeres de la independencia (Bogotá: Imprenta Nacional, 1926), 52.

¹⁶ Martí, Obras completas, 16.

¹⁷ Virginia Bolten, "Prefacio", La voz de la mujer. Editorial, 31 de enero de 1896.

¹⁸ Fernanda Gil Lozano, "Mujeres en América Latina", http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002326.pdf (acceso enero 15, 2022), 12.

¹⁹ "Aunque las instituciones políticas, al igual que el resto de las instituciones sociales, posean instrumentos formales para su despliegue, su impacto no queda limitado a las formalidades —además, porque la formalidad en la política presagia el desinterés en la población—, pues en verdad estas cuentan con extraordinarias vías muy efectivas para la realización de sus objetivos. El día que supuestamente estas desaparezcan y queden reducidas a lo superficial y lo formal, las funciones de las instituciones políticas perderían su contenido, por lo que dejarían de ser, al perder lo esencial que las distingue. Esto es algo que nunca sucederá, sino todo lo contrario. En los últimos tiempos se ha apreciado el debilitamiento de sus aparatos formales y se han fortalecido sus instrumentos de poder reales. Todo indica que esta tendencia no se invertirá, sino que se incrementará, sin que esto constituya una paradoja, pues en realidad, las instituciones políticas han surgido y se han desarrollado para cumplir determinadas funciones de control y fiscalización real en favor de determinados grupos o clases sociales". Pablo Guadarrama González, Pensamiento político latinoamericano: cultura, paz y poder (Bogotá: Taurus, 2019): 242-243.

²⁰ Este concepto se acuño en Atenas, en 1992, durante la primera cumbre europea "Mujeres al poder". Para profundizar sobre este concepto puede verse: Paloma Saavedra Ruiz, La democracia paritaria en la construcción europea (Madrid: Celem, 2000), 134; Eva Martínez Sampere, "La legitimidad de la democracia paritaria", Revista de Estudios Políticos, núm. 107 (2000): 136-141.

²¹ En un sintético recorrido diacrónico, recordamos: Carta de las Naciones Unidas, que contiene medidas enfocadas a la igualdad y a la no discriminación por sexo y género, y fue el punto de partida para la internacionalización de los derechos humanos. Luego se planteó la Declaración universal de los derechos humanos, que ha sido considerada un referente relacionado con el reconocimiento y la aplicación del principio de igualdad (1948). En el año 1952 se llevó a cabo la Convención sobre los derechos políticos de la mujer. A partir de los años sesenta, el asociacionismo femenino impulsó el camino: la primera conferencia mundial de Ciudad de México, celebrada en el año 1975, estaba inspirada en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Otro logro significativo fue la creación del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). En la segunda conferencia mundial sobre mujeres, que se llevó a cabo en Copenhague, en el año 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La tercera conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz, fue celebrada en Nairobi, Kenia. La cuarta conferencia mundial sobre mujeres, realizada en Beijing, en 1995, ha sido hasta la fecha el instrumento más importante; sus resultados fueron el incremento del compromiso de la comunidad internacional en la potenciación del papel de la mujer (empoderamiento) y la integración de la perspectiva de género en las políticas (transversalidad) por parte de los gobiernos. Asimismo, se recuerdan la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que se elaboró en el año 1993; en esta se adoptó el término violencia contra la mujer y el derecho que ella tiene en las condiciones de igualdad y protección de los derechos humanos en los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y civiles. La Convención para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, de septiembre de 1981, por parte de la Comisión de la Condición jurídica y Social de la Mujer fue ratificada en veinte países, con el fin de verificar el cumplimiento de los derechos de la mujer por medio del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Una acción internacional importante ha sido el Plan de acción para la prioridad de igualdad de género (2014-2021) de la Unesco, en el cual se imparte una orientación sobre cómo la organización velará por que en todos sus programas, políticas y procesos se refleje una perspectiva de igualdad de género. Sobre la importancia de la plataforma puede verse Elisabeth Reichert, "Women's Rights are Human Rights: Platform for Action", International Social Work 41, 'núm. 3 (1998).

²² "La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, ha establecido una relación directa entre las violaciones a los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para conjurarlas y propone a los Estados desarrollar acciones preventivas que protejan a la mujer contra la violencia, así como sanciones penales, recursos civiles e indemnizaciones". Jorge Naranjo Álvarez, "La violencia sexual a la luz de la ley de justicia y paz: conceptualización y elementos para su estudio", Novum Jus 15, núm. 2 (2021): 98, https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/NovumJus.2021.15.2.4/3865 (acceso enero 15, 2022).

²³ Los objetivos de cada uno de estos planes están enfocados hacia una misma finalidad, que es cumplir con los parámetros establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing, pero asocian las autonomías y los objetivos de acuerdo con las problemáticas emergentes en cada país. En particular, los planes fijan cuatro objetivos nucleares: autonomía en la toma de decisiones (empoderamiento político-institucional), autonomía física (salud sexual y reproductiva, violencia en contra de las mujeres), autonomía económica (superación de la pobreza y de las desigualdades de acceso, empoderamiento económico), interrelación de las autonomías (educación y capacitación, inclusión). En cuanto a los más recientes, se registran los siguientes planes de igualdad en la región: Plan nacional para la igualdad de oportunidades "Mujeres construyendo la Nueva Bolivia, para Vivir Bien" (Bolivia, 2008); III Plan Nacional de Políticas para las Mujeres 2013-2015 (Brasil); Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2011-2020 (Chile); Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023 (Guatemala); II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 (Honduras); Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres (Proigualdad; México 2013-2020); Plan para la Igualdad y Equidad de Género "Mamá Rosa" (Venezuela, 2013-2020); Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2020 (Perú); Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing (1997-2018, Cuba); Plan de Acción de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres (Colombia 2013-2020). Puede verse Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigesimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en los países de América Latina y el Caribe (Santiago: Organización de las Naciones Unidas, 2015).

²⁴ Dieter Nohlen et al., Tratado de derecho electoral comparado de América Latina (Ciudad de México: FCE, 2007), 681.

²⁵ Algunas Constituciones de comienzo de los años noventa tutelaban la participación equitativa y la igualdad (por ejemplo, Argentina art. 37 y 75; Ecuador art. 102; Nicaragua art. 48; Paraguay art. 48 y 117; Brasil art. 5), conceptos que se fortalecieron con la integración de los tratados internacionales y con las reformas del neoconstitucionalismo, mediante los cuales se expresa explícitamente en las Cartas Políticas la no discriminación por género (Colombia art. 43; Cuba art. 44; Ecuador art. 23; El Salvador art. 3; Guatemala art. 4; Honduras art. 60; México art. 4; Nicaragua art. 23; Panamá art. 19; Perú art. 2 y Venezuela art. 21).

²⁶ Argentina se destaca entre los primeros países en introducir leyes de cuotas en 1991, con un límite mínimo del 30 %. El mismo porcentaje fue introducido en Venezuela, en 1991; en Brasil, en 1997; en México, en 1996; en Honduras, en 2000; en Colombia, en 2001; en Perú, en 2006; en Uruguay y en El Salvador, respectivamente, en 2009 y 2011, pero en el 25 %; República Dominicana, en 1997, en el 40 %; Costa Rica, en 1996 y en Chile, con la reforma electoral de 2015, en el 50%, así como con la reforma constitucional de 2008 en Ecuador y de 2009 en Bolivia; del Código Electoral en Costa Rica de 2009; de 2012 en Panamá y Nicaragua; de 2013 en Honduras y de 2014 en México. Puede verse Encuentro de Mujeres Parlamentarias, "Algunos datos sobre el estado de la región en materia de género" (ponencia presentada en el Encuentro de Mujeres Parlamentarias, Madrid, 15 y 16 junio, 2009); Organización de los Estados Americanos [OEA], "Reformas políticas en América Latina", https://reformaspoliticas.org/ (acceso enero 15, 2022).

²⁷ Mayra Buvinic y Vivian Roza, "La mujer, la política y el futuro democrático de América Latina", https://publications.iadb.org/es/publicacion/15086/la-mujer-la-politica-y-el-futuro-democratico-de-america-latina (acceso enero 15, 2022).

²⁸ Se registran porcentaje interesantes en términos de representación en Cuba (48,9 %), Nicaragua (42,4 %), Ecuador (41,6 %), México (37,4 %), Argentina (36.6 % en la Cámara Baja y 38,9 % en el Senado), pero a la inversa todavía muy bajos en Belice (3,1 %), Haití (4,2 %), San Kitts y Nevis (6,7 %), Panamá (8,5 %) y Brasil (8,6 %). Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Guía estratégica: empoderamiento político de las mujeres: marco para una acción estratégica en América Latina y el Caribe (2014-2017) (Ciudad de Panamá: ONU Mujeres, 2014), 38.

²⁹ Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Guía estratégica, 37.

³⁰ ONU Mujeres, "El mundo para las mujeres y las niñas: informe anual 2019-2020", https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/UN-Women-annual-report-2019-2020-es.pdf (acceso enero 15, 2022).

³¹ Aunque a menudo equidad e igualdad de género se utilizan como sinónimos, hay una diferencia sutil entre los dos conceptos, que nos parece oportuno aclarar. Ambos principios tienden al mismo objetivo, pero si por un lado la igualdad de género tiene una base de objetividad, la equidad de género tiene una base de subjetividad. El objetivo de la igualdad de género es llegar a una paridad de oportunidades, derechos, acceso a recursos y servicios etc. y, para garantizarla, los gobiernos deben implementar estrategias tendientes a reducir las desventajas y discriminaciones sociales de las mujeres, es decir, políticas que garanticen una equidad de género. Tales estrategias y políticas de equidad de género, a su vez, empujarán hacia índices cada vez mayores de igualdad.

³² Jennifer Piscopo, "Engineering Quotas in Latin America", Cilas, núm. 23 (2006): 16.

³³ Para profundizar sobre este tema puede verse Michelle Ryan y Alexander Haslam, "The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions", British journal of Management 16, núm. 2 (2005): 81-90; Sally Davies-Netzley, "Women above the Glass Ceiling: Perceptions on Corporate Mobility and Strategies for Success", Gender and Society 12, núm. 3 (1998): 340; jennifer Brown et al., "From the Sticky Floor to the Glass Ceiling and Everything in Between: Protocol for a Systematic Review of Barriers and Facilitators to Clinical Academic Careers and Interventions to Address these, with a Focus on Gender Inequality", Systematic Reviews 9, núm. 26 (2020): 9-26, https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13643-020-1286-z.pdf (acceso enero 15, 2022).

³⁴ Puede verse Organización Internacional del Trabajo [OIT], Mujeres en el mundo del trabajo: retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe (Panorama Laboral Temático, 5) (Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2019), 184.

³⁵ ONU Mujeres, El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá: Autor, 2017), 39-42.

³⁶ Stellamarina Donato, "La violencia de género contra las mujeres: un fenómeno global en tiempos de pandemia. Los casos de Italia y España", Cultura Latinoamericana 33, núm. 1 (2021): 226-249, https://editorial.ucatolica.edu.co/index.php/RevClat/article/view/4235 (acceso enero 15, 2022).

³⁷ Cepal, "Informe especial covid-19 núm. 9: la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad", https://repositorio.cepal.org/bitstream^andle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf (acceso enero 15, 2022).

³⁸ "La obra de Bourdieu, en especial su contribución a la sociología reflexiva con su teoría de la violencia simbólica, ha resultado de gran interés en algunos países latinoamericanos en los que, de acuerdo con los hallazgos, han primado los acercamientos a esta categoría en los estudios de género y feminismo. Allí, sus planteamientos sobre la dominación masculina y sus múltiples textos e investigaciones sobre esta han tenido gran influencia". Luis Felipe Dávila et al., "Violencia simbólica: revisión de los estudios que acuñan el concepto en América Latina (2009-2019)", NovumJus 14, núm. 2 (2020): 74, DOI: https://doi.org/10.14718/Novumjus.2020.14.2.3. (acceso enero 15, 2022).

³⁹ Otra región donde los efectos colaterales de la pandemia han demostrado cada día más la vulnerabilidad que representa el confinamiento para mujeres y niñas, encerradas con sus mismos agresores, obligadas aún más a las mutilaciones genitales, un ritual que se disparó debido al cierre de las escuelas. Para profundizar sobre de esta práctica puede verse Jacqueline Blanco y Omar Antonio Herrán Pinzón, "Mutilación genital femenina, entre la cultura y los derechos humanos", Via lnveniendi et ludicandi 16, núm. 1 (2021), DOI: https://doi.org/10.15332/19090528.6478 (acceso enero 15, 2022).

⁴⁰ Para una profundización sobre los planes de igualdad de género en América Latina puede verse: Cepal, Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el desarrollo (Santiago: Organización de las Naciones Unidas, 2019).

⁴¹ Para una definición del término "desplazado": República de Colombia, Congreso de la República, Ley 387 de 1997, "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia" (Bogotá: Diario Oficial núm. 43 091, 24 de julio de 1997), Preámbulo.

⁴² Departamento Administratrivo Nacional de Estadística [DANE], Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer [CPEM] y ONU Mujeres, Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia (Bogotá: DANE, 2020), 127.

⁴³ Para profundizar sobre estos temas, entre otros, Giovanna Truda y Picarella Lucia, Fundamental Rights, Gender, Inequalities. Vulnerability e Protecion Systems (Fisciano: Gutenberg, 2019).

⁴⁴ Task Force de PEAS Colombia, "Prevención de explotación y abuso sexual en el contexto del covid-19 en Colombia", https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Colombia/Documentos/Publicaciones/2020/04/Prevencion%20abuso%20y%20explotacion%20sexual%20covid19%20colombia.pdf (acceso noviembre 25, 2021); Usaid y ONU Mujeres, "Respuesta conjunta a la violencia contra las mujeres y niñas en el contexto de la emergencia de covid-19", https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Colombia/Documentos/Publicaciones/2020/04/Respuesta%20conjunta%20a%20la%20violencia%20contra%20las%20mujeres%20ninas%20covid19.pdf (acceso noviembre 25, 2021).

⁴⁵ World Economic Forum, Annual Report 2020-2021 (Ginebra: Autor, 2021).

⁴⁶ Para profundizar sobre de este concepto, entre otros, puede verse Almudena Santaella Vallejo, "Techos de arcilla: reflexiones sobre educación en el modelo de corresponsabilidad", Novum Jus 13, núm. 1 (2019): 71-88, DOI: https://doi.org/10.14718/NovumJus.2019.13.L4 (acceso enero 15, 2022).

⁴⁷ Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social [Latindadd], "Atlas de vulnerabilidades: mujeres en América latina y el Caribe frente a la pandemia", https://www.latindadd.org/2022/01/21/atlas-de-vulnerabilidades-mujeres-en-america-latina-y-el-caribe-frente-a-la-pandemia/ (acceso enero 15, 2022).

⁴⁸ "[...] está prohibido discriminar a un grupo de individuos de forma injustificada. Por el contrario, está permitido —y aún es una obligación legal para el Estado de Colombia— discriminar de forma positiva o, en otras palabras, brindar un trato benéfico a ciertos individuos que han sido históricamente discriminados, como son las mujeres, lo que, en tal sentido, se encuentra justificado". Ginna Lizeth González Cortés, "¿Perpetúan las normas la discriminación hacia las mujeres? De la necesidad del análisis de la producción legal en Colombia", Via Inveniendi et ludicandi 15, núm. 1 (2020): 154, https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/5744/5617 (acceso enero 15, 2022).

⁴⁹ Puede verse la Clasificación internacional de la Unión Interparlamentaria, 2020.

⁵⁰ "Un factor que los sectores populares deben tener siempre presente que las conquistas democráticas y de sus derechos no están aseguradas de una vez y por todas cuando se alcancen. Las oligarquías nacionales y sus apoyos transnacionales cuentan con infinitos recursos para revertir tales logros y lo peor de todo es presentándolos como propuestas más democráticas. De manera que el discurso democrático en ocasiones puede resultar tan ambiguo que, hasta las dictaduras fascistas —que incluso han llegado a utilizar también el término socialismo como el régimen nazi lo ha hecho—, lo emplean, aunque provoquen serias violaciones de los derechos humanos y de todo principio democrático". Pablo Guadarrama González, Democracia y derechos humanos: visión humanista desde América Latina, Tomo II (Bogotá: Penguin Random House, 2016), 336.

⁵¹ Para profundizar sobre las perspectivas feministas y posfeministas puede verse, entre otros, Marjo Kolehmainen, "Postfeminist Versions of Equality? An Analysis of Relationship and Sex Counseling Practices in Finland", Gender and Society 36, núm. 1 (2022).

⁵² Muy interesante el análisis de Julieta Cano, Daniela Zaikoski Biscay y Karina Andriola. En particular, según las autoras: "La institucionalización de la PdG-DSA en las carreras de abogacía se está llevando a cabo de muy disímiles formas, más o menos consolidadas y mediante distintos dispositivos (redes, observatorios, protocolos, programas, centros, materias optativas). De las respuestas, surge que los apoyos auténticos son pocos y, en más de un caso, quedan a cargo de la predisposición, los tiempos y el esfuerzo de quienes los instan. La igualdad y no discriminación que persigue la institucionalización de la PdG-DSA en las carreras de derecho es un objetivo que requiere la intervención política de la comunidad universitaria ya que los cambios que se necesitan no se van a lograr por mera decantación". Julieta Cano, Daniela Zaikoski Biscay y Karina Andriola, "La perspectiva de género y diversidad en las facultades de Derecho. Presencias y ausencias de una primera exploración", Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica 2, núm. 2 (2021): 231-232.

⁵³ Emiliana Mangone y Lucia Picarella, "The Role of Education in Promoting Citizenship: A Comparison between Europe and Latin America", Italian Journal of Sociology of Education 13, núm. 3 (2021): 45-65.

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